En México, la protección de los derechos de los menores de edad es un tema que, aunque ha cobrado relevancia en el discurso público, sigue enfrentándose a graves deficiencias estructurales. Los delitos cometidos contra niños y adolescentes abarcan un espectro amplio que incluye desde el abuso sexual y la violencia física hasta la trata de personas, el trabajo infantil y la explotación. Sin embargo, a pesar de la magnitud de este problema, el sistema de justicia mexicano presenta fallas sistemáticas en la investigación de estos crímenes, lo que deriva en una elevada impunidad y una falta de reparación del daño a las víctimas. Las deficiencias en los procesos de investigación no solo obstaculizan la justicia, sino que también perpetúan un ciclo de vulnerabilidad y desprotección para los menores.
Uno de los principales problemas en la investigación de delitos contra menores en México es la falta de protocolos especializados para el tratamiento de las víctimas. A pesar de que en 2019 se implementó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, muchas de las autoridades responsables de investigar estos casos no cuentan con la capacitación adecuada para tratar con menores de edad. El trato insensible y, en ocasiones, revictimizante hacia los niños y adolescentes es una constante. Las entrevistas a las víctimas a menudo se realizan sin técnicas especializadas, lo que no solo compromete la obtención de testimonios, sino que también expone a los menores a un estrés emocional innecesario. Este tipo de fallas en la etapa inicial de la investigación es crucial, ya que puede afectar el curso entero del proceso judicial.
Un caso que expone este problema es el de “Lucía”, una niña de once años que fue víctima de violencia física y emocional por parte de su padrastro. Cuando la madre de Lucía finalmente decidió denunciar el abuso, la fiscalía asignada para investigar el caso la citó a múltiples entrevistas que fueron realizadas por diferentes personas, ninguna de ellas con experiencia en el trato con menores. Estas entrevistas revictimizaron a la niña, quien, agotada emocionalmente, se retractó en una de sus declaraciones, lo que debilitó el caso ante las autoridades. A pesar de los informes médicos que mostraban signos claros de violencia, el caso fue desestimado por inconsistencias en el testimonio. Este tipo de situaciones demuestran cómo la falta de personal capacitado y la aplicación incorrecta de protocolos puede resultar en la revictimización y, en última instancia, en la impunidad.
En muchas fiscalías del país, especialmente en áreas rurales o marginadas, no hay suficiente personal ni infraestructura adecuada para responder a la demanda de casos. En muchos lugares, hay una sola persona encargada de investigar delitos cometidos contra menores, lo que genera retrasos importantes y una acumulación de expedientes. Además, las fiscalías no siempre cuentan con el equipo necesario para realizar exámenes médicos y psicológicos a las víctimas, lo que es crucial para reunir evidencia sólida. Esta carencia de recursos impacta gravemente en la calidad de las investigaciones y en la posibilidad de obtener pruebas concluyentes.
El caso de “Diego”, un niño de ocho años que vivía en una comunidad rural en Guerrero, ilustra las consecuencias de esta falta de recursos. Diego fue víctima de explotación laboral en los campos de cultivo, pero cuando su madre denunció el caso, la fiscalía local tardó más de seis meses en enviar a un investigador a la zona para recabar pruebas. Durante ese tiempo, las condiciones laborales de Diego empeoraron y las pruebas físicas del abuso desaparecieron. A pesar de las declaraciones del niño y su madre, la fiscalía no pudo presentar un caso sólido debido a la falta de evidencia física y documental. Este tipo de retrasos son comunes en áreas rurales, donde los recursos son limitados y las distancias dificultan la intervención oportuna.
A esta problemática se suma la falta de coordinación entre las distintas instituciones responsables de la protección de los derechos de los menores. La investigación de delitos contra niños y adolescentes a menudo requiere la intervención de múltiples actores, como el sistema de justicia, las autoridades de salud y los servicios de protección infantil. Sin embargo, en muchos casos, estas instituciones no están bien comunicadas o no trabajan de manera conjunta, lo que genera duplicidades o la pérdida de información crucial para las investigaciones. La falta de un sistema interconectado de protección y justicia complica la recolección de pruebas y el seguimiento adecuado de los casos.
Un ejemplo de esta falta de coordinación ocurrió en el caso de “Ana”, una adolescente de catorce años que fue víctima de trata de personas en el estado de Jalisco. Ana fue rescatada por una organización no gubernamental y puesta bajo la tutela del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia). Sin embargo, la fiscalía nunca coordinó con el DIF para obtener el informe psicológico que la joven había recibido durante su rehabilitación, y como resultado, ese testimonio no fue incluido en el proceso judicial. La falta de coordinación entre las instituciones involucradas hizo que el caso careciera de una de las piezas clave para sostener la acusación en contra de los tratantes, lo que eventualmente resultó en la liberación de uno de los implicados. Este tipo de fallas muestran cómo la desorganización institucional no solo afecta la protección de los menores, sino también la calidad de las investigaciones.
Además de la falta de recursos y la descoordinación, la corrupción es otro obstáculo importante en la investigación de delitos contra menores. En muchos casos, los agresores son personas con poder o influencia dentro de sus comunidades, lo que complica la labor de las autoridades encargadas de investigar. Las amenazas, las presiones políticas y el soborno son prácticas comunes que afectan la imparcialidad de las investigaciones y perpetúan la impunidad. Las familias de las víctimas muchas veces optan por no denunciar o retirar las denuncias debido al miedo a represalias o a la desconfianza en el sistema de justicia.
Un caso emblemático de corrupción es el de “Carlos”, un niño de trece años que fue víctima de abuso sexual por parte de un funcionario municipal en un pequeño pueblo del estado de Veracruz. Cuando la madre de Carlos intentó denunciar el caso, recibió múltiples amenazas por parte de la familia del agresor, que contaba con influencias dentro de la administración local. A pesar de que la denuncia se presentó, la investigación avanzó con extrema lentitud, y las pruebas recolectadas fueron insuficientes para proceder con el caso. Finalmente, la madre de Carlos decidió retirarse del proceso por temor a las represalias, y el agresor quedó en libertad. Este caso pone en evidencia cómo la corrupción y el tráfico de influencias pueden detener por completo el curso de una investigación, dejando a las víctimas en una situación de desprotección total.
La falta de personal capacitado, la escasez de recursos, la descoordinación entre instituciones y la corrupción son algunos de los factores que contribuyen a que los casos queden impunes y las víctimas no reciban la justicia que merecen.
