Por: Arturo Ángel
Dos exfuncionarios implicados en las presuntas operaciones de desvíos millonarios de recursos federales al PRI en el sexenio pasado han perdido la vida en condiciones que no han sido totalmente esclarecidas. Su muerte, además de dejar investigaciones y procesos penales inconclusos, representa la pérdida de potenciales testigos clave para el caso.
Los fallecidos, Isaac Gamboa y Antonio Tarín, estuvieron al frente – en distintos niveles – de áreas gubernamentales directamente responsables de la asignación y repartición de los fondos federales que habrían sido desviados a través de prestanombres y empresas fachada, en el mecanismo fraudulento conocido como “Operación Safiro”.
“Se trataba de operadores financieros clave que debieron enfrentar juicios por su responsabilidad en los hechos y, en su caso, testificar sobre los beneficiarios finales de los recursos públicos malversados” dijo un fiscal federal con conocimiento del caso, que pidió reserva con su identidad.
No se trata de un caso más de corrupción. De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revelada en el libro “El Caso Viuda Negra” publicado por la editorial Penguin Random House, detrás de estos hechos se esconden la red de lavado de dinero más grande documentada hasta la fecha.
¿Qué rol tuvieron estas personas de acuerdo con las investigaciones de las autoridades y en qué condiciones se dieron sus muertes? A continuación, se detallan los dos casos.
Gamboa: operador de Videgaray
Isaac Gamboa Lozano fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Llegó al cargo designado por Luis Videgaray, con quien sostenía una relación de amistad desde años atrás. Gamboa se mantuvo en su puesto durante todo el sexenio, aun después de la salida de Videgaray de esa cartera.
Gamboa, de bajo perfil público, era uno de los hombres más poderosos de Hacienda. Su oficina era la responsable de autorizar los recursos federales que año con año se destinaban en múltiples fondos a las entidades federativas. No era extraño que gobernadores y secretarios de finanzas acudieran directamente a verlo para solicitar o negociar recursos.
Una investigación ministerial iniciada en Chihuahua que luego fue complementada con un reportaje periodístico demostró que fue desde uno de los fondos a cargo de Gamboa donde se extrajeron y desviaron, por lo menos, 250 millones de pesos tan solo en la referida entidad.
De acuerdo con declaraciones de testigos, fue Gamboa quien siguiendo las instrucciones de Videgaray autorizó la asignación de recursos a la entonces administración estatal de Cesar Duarte, pero con la instrucción de que ese dinero fuera triangulado de forma inmediata a una red de empresas fantasma ligadas al PRI nacional.
Reportajes periodísticos posteriores documentaron que este mismo modus operandi de asignación de recursos y simulación de servicios se había repetido en al menos otras cinco entidades federativas.
El 21 de mayo de 2020, ya en el actual sexenio y con las investigaciones de estos desvíos en curso, Gamboa fue asesinado junto con tres hermanos y su madre de 60 años mientras estaban en una casa de descanso en Morelos. Por lo menos tres personas armadas, exintegrantes de la Marina, ingresaron a la vivienda y los asesinaron en plena reunión familiar.
La investigación de la fiscalía local concluyó que se trataba de un presunto crimen pasional y la esposa de Gamboa, Betzhabee Brito, fue detenido y procesada. Sin embargo, hasta ahora su caso no ha llegado a juicio ni hay una sentencia dictada.
Tras el crimen la UIF encabezada por Santiago Nieto (quien desde el sexenio pasado ya había comenzado a indagar a Gamboa a través de la Fepade por el presunto uso de recursos públicos con fines electorales) profundizó en el entorno financiero del exfuncionario federal y su esposa y se encontró con una inmensa red de potenciales empresas fachada.
Nieto relató para el referido libro que se documentaron operaciones por más de 5 mil 500 millones de pesos entre las personas morales y físicas implicada en este entramado fraudulento, lo que convierte a esta en una de las redes de lavado más grande en cuanto a montos operados.
En su opinión y en la de otras autoridades consultadas en esa investigación periodística, dicha red pudo ser usada para triangular recursos desviados desde el erario hacia beneficiarios finales. Por ello en el asesinato de Gamboa tendría que haberse valorado como una línea de investigación el nexo con los entramados políticos y de corrupción, lo que finalmente no ocurrió.
Tarín, operador de Cesar Duarte
Antonio Tarín García fue durante el sexenio de Cesar Duarte (2010 a 2016) pieza clave en el manejo de recursos en el estado. Primero lo hizo desde la Dirección de administración y finanzas del Instituto para la Salud de Chihuahua y, posteriormente, desde la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de la entidad. No salía un peso de las arcas locales sin que Tarín lo ordenara y le diera el visto bueno.
En 2016 los escándalos de desvíos de recursos y corrupción en estados priistas comenzaron a salir a la luz pública. Animal Político documentó por primera vez el modus operandi en otro estado priista, Veracruz, con Javier Duarte al frente. La clave era simular que se compraban bienes o se ejecutaban servicios y con ello asignar contratos a empresas fantasma.
Un año más tarde investigaciones oficiales documentaron que esto mismo ocurrió en Chihuahua donde se desviaron por lo menos 250 millones de pesos provenientes de recursos federales. A través de declaraciones se documentó que era desde Hacienda federal donde se ordenaba la transferencia de recursos al estado que serían después canalizados al PRI Nacional con el consentimiento de Cesar Duarte.
En ese esquema Tarín era clave pues, desde su puesto como jefe de finanzas del estado, daba forma y ejecutaba la salida del dinero bajo operaciones supuestamente legales.
El caso de Tarín en específico se volvió un escándalo cuando en 2017 se atrincheró en la Cámara de Diputados, con apoyo de legisladores priístas, para intentar tomar protesta como diputado y obtener el fuero federal que hubiera permitido no ser sometido a ningún proceso penal. Pero tras horas de negociaciones finalmente terminó entregándose.
El exfuncionario estatal terminó siendo procesado por cargos de corrupción. En total acumulaba una decena de investigaciones en contra. Pasó cuatro años en prisión preventiva y luego, gracias a un amparo, logró salir con un brazalete electrónico No obstante perdió diversos recursos con los que intentaba no llegar a juicio.
En ese contexto la Fiscalía de Chihuahua reveló el pasado 7 de abril que Tarín había perdido la vida a causa de un aparente suicidio. Detalló que el exfuncionario duartista se había arrojado de un puente vehicular en la capital de la entidad, muriendo instantáneamente.
Un día más tarde las autoridades filtraron un video de una cámara de seguridad en el que se aprecia a una persona subiendo al puente. La cámara luego hace un movimiento apuntando a otra dirección y cuando regresa al mismo punto el cuerpo de Tarín yace ya sobre el piso.
Tarín tenía 47 años de edad al momento de su muerte. El momento en el que tendría que llegar a juicio o, en su caso, buscar algún acuerdo y convertirse en testigo estaba a unos meses de distancia.
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