El Estado de México ha sido escenario de una serie de operativos denominados “Atarraya”, implementados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en colaboración con diversas instituciones de seguridad federales y estatales. Estos operativos, iniciados en diciembre de 2024, tienen como objetivo principal combatir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas en diversos municipios de la entidad. Sin embargo, recientes denuncias de abusos por parte de las autoridades han generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la legitimidad de estas acciones.
El 7 de febrero de 2025, la FGJEM, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Estado de México, desplegó acciones simultáneas en 20 municipios, asegurando 312 establecimientos, principalmente barberías y estéticas, señalados como puntos de venta y consumo de drogas. Esta operación se sustentó en labores de investigación de campo y gabinete, así como en denuncias ciudadanas e información de inteligencia.
No obstante, tras estos operativos, propietarios de barberías y estéticas denunciaron que agentes de la FGJEM ingresaron a sus negocios sin órdenes judiciales y, presuntamente, sembraron drogas para justificar los aseguramientos. Uno de los casos más notorios es el de Armando Esquivel, propietario de la barbería “El Catrín” en Santiago Miltepec, Toluca. Esquivel relató que durante el operativo, los agentes ingresaron sin una orden judicial, violando sus derechos. Las cámaras de seguridad de su negocio captaron el momento en que un oficial supuestamente sembraba droga en el local.
Ante la difusión de videos que evidencian estas prácticas, la FGJEM informó que inició una investigación de oficio y que, hasta el momento, se han detectado al menos seis casos en los que se presume la siembra de droga en barberías durante el operativo Atarraya. Como resultado, dos mandos de la institución fueron separados de sus cargos mientras se realizan las indagatorias correspondientes.
Estas denuncias han generado una ola de indignación entre la comunidad de barberos y esteticistas del Estado de México. Muchos de ellos han salido a las calles para manifestarse en contra de los operativos y exigir justicia. Argumentan que sus negocios son legítimos y que las acciones de las autoridades no solo afectan su reputación, sino también su sustento económico. Además, señalan que estos operativos generan desconfianza entre la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
Es fundamental que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y transparente sobre estas denuncias. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es esencial para garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero no debe llevarse a cabo a costa de los derechos humanos y las garantías individuales de personas inocentes. El uso de prácticas ilegales, como la siembra de evidencia, no solo es éticamente reprobable, sino que también socava la confianza de la población en las instituciones de seguridad y justicia.
Además, es necesario que se establezcan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para evitar que este tipo de abusos se repitan en el futuro. La capacitación y formación de los elementos de seguridad en materia de derechos humanos es crucial para garantizar que los operativos se realicen dentro del marco de la ley y con pleno respeto a la dignidad de las personas.
Por otro lado, es importante reconocer que el problema del narcotráfico y el consumo de drogas es complejo y multifacético. Si bien los operativos policiales son una herramienta necesaria para combatir estas actividades ilícitas, también es esencial abordar las causas subyacentes que propician su existencia. Esto incluye la implementación de políticas públicas orientadas a la prevención, educación y rehabilitación, así como la generación de oportunidades económicas y sociales que alejen a la población, especialmente a los jóvenes, de las redes del crimen organizado.
La situación actual en el Estado de México pone de manifiesto la delgada línea que existe entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Es imperativo que las autoridades actúen con responsabilidad y transparencia, garantizando que sus acciones estén siempre alineadas con los principios de legalidad y justicia. Solo así se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía y avanzar hacia una sociedad más segura y equitativa.
El operativo Atarraya, aunque concebido con el objetivo de combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en el Estado de México, ha sido empañado por denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos. Es responsabilidad de las autoridades esclarecer estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que futuras intervenciones se realicen con pleno respeto a la legalidad y la dignidad de las personas.
