La justicia penal, en teoría, es el pilar que sostiene el orden y garantiza la seguridad en cualquier sociedad. Sin embargo, en México, este ideal se encuentra constantemente en tensión con las estructuras de poder y la hegemonía social, que influyen en la creación y aplicación de las leyes de manera desigual. Más que un mecanismo neutral para impartir justicia, el sistema penal se convierte en un reflejo de las relaciones de poder, donde ciertos grupos son privilegiados mientras que otros son criminalizados de manera desproporcionada.
Las élites políticas y económicas tienen un peso determinante en la formulación de las leyes penales. Las reformas y políticas en materia de seguridad suelen responder más a intereses de estabilidad y control que a la equidad. Un claro ejemplo fue la guerra contra el narcotráfico, que ha justificado una militarización creciente y una ampliación de las facultades del Estado en materia de seguridad, sin que ello se traduzca en una disminución real de la violencia. Mientras tanto, los delitos de cuello blanco, como la corrupción o el fraude financiero, rara vez reciben castigos proporcionales a su impacto en la sociedad.
En la aplicación de la justicia, la hegemonía social se hace evidente en la criminalización selectiva. Los sectores más vulnerables, es decir, jóvenes de bajos recursos, comunidades indígenas y trabajadores informales, entre otros que enfrentan una mayor probabilidad de ser detenidos, procesados y condenados, muchas veces sin acceso a una defensa adecuada. El sistema penal no solo castiga delitos, sino que también refuerza estigmas y reproduce desigualdades. La prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, ha sido utilizada de manera desproporcionada contra personas que no han sido sentenciadas, perpetuando la idea de que ciertos sectores de la población son inherentemente peligrosos.
El poder judicial, aunque formalmente autónomo, no está exento de estas dinámicas. La corrupción y la influencia política afectan la imparcialidad de jueces y ministerios públicos. Casos emblemáticos de impunidad, donde políticos, empresarios o figuras públicas evitan la cárcel pese a pruebas contundentes, refuerzan la percepción de que la ley no es igual para todos. Por el contrario, delitos menores pueden recibir penas excesivas cuando los acusados no cuentan con los recursos para defenderse.
El desafío de transformar el sistema de justicia penal en México requiere no solo reformas legislativas, sino un cambio profundo en la manera en que se concibe el castigo y el poder. Mientras las leyes sigan respondiendo a intereses particulares y la aplicación de la justicia dependa del origen social del acusado, la idea de una justicia equitativa seguirá siendo una aspiración lejana. La pregunta no es solo cómo aplicar la ley, sino a quién realmente sirve el sistema penal.
