La migración en tránsito por México ha sido históricamente una constante marcada por la necesidad, la urgencia y, con frecuencia, la violencia. Sin embargo, en las últimas dos décadas, el Estado mexicano ha transformado progresivamente su política migratoria, pasando de un enfoque administrativo y de derechos humanos a uno profundamente securitario y punitivo. Este viraje no es casual: obedece a presiones internacionales, en especial del gobierno de los Estados Unidos, así como a una percepción creciente —aunque errónea— de que el control migratorio debe ejercerse a través de la contención y el castigo. En este contexto, las estaciones migratorias mexicanas han dejado de ser meros espacios de tránsito administrativo para convertirse, de facto, en centros de detención con características penitenciarias, donde los derechos fundamentales se ven sistemáticamente vulnerados.
La Ley de Migración mexicana establece que la estancia de personas extranjeras sin documentos migratorios válidos debe ser atendida por la vía administrativa, no penal. Esto significa que, en teoría, una persona migrante no comete un delito por entrar sin papeles al país. No obstante, la práctica institucional ha dibujado otra realidad: la detención migratoria se ha normalizado, ampliado y, en muchos casos, endurecido, con medidas que replican las dinámicas del sistema penitenciario. Cámaras de vigilancia, celdas cerradas con llave, horarios rígidos, acceso restringido a abogados o intérpretes, ausencia de contacto con el exterior y condiciones de hacinamiento son solo algunos elementos que configuran este paralelismo preocupante.
Uno de los ejemplos más trágicos y emblemáticos fue el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023, donde murieron 40 personas migrantes debido a la negligencia y omisión de autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM). Las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraban a los funcionarios abandonando el lugar mientras los migrantes quedaban encerrados, evidenciaron con crudeza la equiparación de estas estaciones con prisiones, sin los mínimos protocolos de emergencia ni mecanismos de supervisión externos. Más allá de la indignación social y los comunicados oficiales, el caso expuso un problema estructural: el uso de la detención como política migratoria, sin garantías procesales y bajo una lógica de castigo.
A esto se suma la opacidad institucional con la que opera el INM. A diferencia de los centros penitenciarios, donde existen mecanismos de inspección y regulación por parte de organismos de derechos humanos, las estaciones migratorias están sujetas a un control administrativo más débil y menos transparente. Las personas migrantes pueden pasar días o semanas encerradas sin información clara sobre su situación legal, sin acceso a intérpretes si no hablan español y sin contacto con organizaciones de apoyo o familiares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido múltiples recomendaciones sobre las condiciones inhumanas de estos espacios, pero sus efectos han sido limitados y en muchos casos ignorados por las autoridades.
Este fenómeno no es exclusivo de México. En muchas partes del mundo, la detención migratoria ha sido utilizada como una estrategia disuasoria para frenar flujos migratorios. Sin embargo, en el caso mexicano, esta medida adquiere un matiz aún más problemático, ya que se aplica a personas que, en su mayoría, no buscan quedarse en el país, sino continuar su camino hacia el norte. Es decir, se les castiga por transitar por territorio nacional sin documentos, sin que exista un delito de por medio ni intención de establecerse en México.
Además, la detención migratoria suele afectar de manera desproporcionada a grupos especialmente vulnerables: mujeres, niñas, niños, personas indígenas, personas LGBTI+, personas con enfermedades crónicas o discapacidades. En lugar de proporcionar un enfoque diferenciado y protector, el sistema los revictimiza, los invisibiliza y, en muchos casos, los empuja hacia una deportación exprés sin evaluar adecuadamente riesgos, necesidades de asilo o situaciones particulares.
Cabe señalar que el marco jurídico mexicano establece alternativas a la detención, como el alojamiento en espacios abiertos, la entrega de visas humanitarias o la supervisión fuera de estaciones migratorias. Sin embargo, en la práctica, estas alternativas son subutilizadas o inexistentes, y prevalece la lógica del encierro. Esto no solo contradice los principios del derecho internacional de los derechos humanos, sino que representa una oportunidad perdida para construir una política migratoria más humana, efectiva y digna.
La cuestión de fondo es que la detención migratoria en México ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una práctica sistemática. Y cuando el encierro se vuelve la norma, el derecho penal —aunque no esté formalmente presente— se infiltra en la gestión migratoria, convirtiendo a los migrantes en sujetos controlados, vigilados y castigados. Esta tendencia es doblemente grave, porque no solo vulnera los derechos de las personas migrantes, sino que erosiona el propio Estado de derecho, al utilizar el aparato del Estado para encubrir formas de criminalización sin juicio, sin defensa y sin debido proceso.
Frente a este escenario, urge repensar el papel del Estado mexicano en el manejo migratorio. Es imperativo que las estaciones migratorias dejen de funcionar como cárceles encubiertas y que se reconozca a las personas migrantes como sujetos de derechos, no como amenazas. Esto implica modificar prácticas institucionales, garantizar supervisión efectiva, ampliar las alternativas a la detención y, sobre todo, asumir que migrar no es un delito, sino un derecho humano.
La dignidad humana no debe detenerse en la frontera sur ni perderse entre barrotes disfrazados de procedimientos administrativos.
