En México hay cerca de 233 mil personas privadas de la libertad, más de 100 mil por delitos como robo y otros similares contra el patrimonio. Según las cifras de diferentes años, casi la mitad o más de la mitad están en prisión sin sentencia, es decir, siendo inocentes. Además, el 70% de esas personas son pobres, y el resto tienen alguna otra condición de precariedad. Esas cifras por si solas bastarían para concluir que México es un país que criminaliza la pobreza, aunque el problema es mucho más complejo.
Desde 2018 los grupos de poder han sostenido que se abandonó el modelo neoliberal, este hecho es falso en lo económico, pero más falso aún en lo social, pues el modelo neoliberal está centrado sobre la base de la explotación de ciertos grupos usando al Estado como un garante de los derechos de propiedad de los explotadores.
Las diferentes metodologías de medición de la pobreza siempre usan criterios ajenos a la realidad y por ende sostienen que en los últimos años esta se ha reducido, a pesar de que por ejemplo, casi la mitad de la población no tiene acceso a ningún servicio de salud, y quienes lo tienen, acceden en condiciones de precarización del servicio médico, falta de personal, insumos y medicamentos.
En este sentido, una gran parte de la población vive en condiciones de precarización laboral, de transporte, vivienda, salud y alimentación, mientras que la mayor parte de la riqueza sigue concentrada en el 1% de la población mexicana. Mientras las metodologías consideran que esto no es pobreza, los 5 hombres más ricos de México aumentaron su riqueza 226.6 % más en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
No tengo la capacidad técnica para controvertir las mediciones al respecto, ni es la finalidad, pero si puedo recordar el uso del derecho como una herramienta del poder económico contra una población sistemáticamente oprimida. Pero incluso esas personas que no están catalogadas como pobres, tendrán un escenario absolutamente impagable si tuvieran que enfrentarse a un proceso penal, sabiendo que si su caso es llevado por la defensoría de oficio, debe considerarse como perdido.
Como quiera que sea, en ningún caso se puede hablar del abandono del sistema neoliberal cuando los ricos son más ricos, y los pobres igual de pobres. Sin embargo, el problema de este sistema se extiende al ámbito del uso faccioso del derecho para la violencia ejercida por el Estado.
Toda doctrina penal basada en los derechos humanos, además de casi cualquier estudio serio sobre la figura de la prisión, identifican su inutilidad para el combate a la criminalidad. Más complejo aún, autoras como Rita Segato identifican un mandato social en la comisión de ciertos delitos, y autores como Nils Christie y Tamar Pitch, a la prisión como un espectáculo que sirve como medio estatal de control social.
Tamar Pitch desde las epistemologías feministas identifica como occidente, sobre todo desde el renacimiento de los neoconservadurismos (derecha, extrema derecha, fascismo etc.) ha creado sobre la noción de seguridad un nuevo espectáculo para el control social.
En este sentido, y a diferencia de lo descrito por Foucault en la Europa de los 60’s, los Estados se han vuelto más violentos, restableciendo su papel como detentadores del monopolio de la violencia. Un ejemplo paradigmático es El Salvador, aunque puede verse con mayor o menor claridad en el resto del mundo.
En México la situación no es diferente, con un discurso de izquierda, MORENA se ha consolidado como un gobierno autoritario que encaja a la perfección con los modelos de Estados terroristas en todo el mundo. Entre 2018 y 2024 figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se volvieron la regla, además de una militarización paulatina que comenzó con una Guardia Nacional presuntamente transitoria y civil que terminó siendo permanente y absolutamente militar. Además, se remató con los límites a aplicar el principio pro persona y el control de convencionalidad a raíz de la reforma judicial.
Con ello, llegó el golpe más fuerte en 2025 con un paquete de reformas propuesto por Claudia Sheinbaum y cuyo marco referencial se encuentra fácilmente identificable en el tecnofascismo de Elon Musk.
A pesar de ello, las voces que defienden el fortalecimiento de un Estado policía vociferaron “el que nada debe, nada teme”. Específicamente el senador Felix Salgado Macedonio, acusado en múltiples ocasiones de delitos sexuales, pero librado de las investigaciones gracias a su fuero, hecho que poco tiempo después repitió el también morenistas Cuauhtémoc Blanco.
Ni Salgado, ni Blanco forman parte de las miles de personas que siendo inocentes están en prisión; tampoco de la larga lista de personas que fueron detenidas arbitrariamente para fabricarles un delito o ser chivos expiatorios; además, no serán acusados de los delitos que hacen los ricos para los pobres, como el robo o el narcomenudeo.
Es decir, en México no necesitas ser culpable para estar en la cárcel. Esto lo demuestran casos como el fabricado a Israel Vallarta del cual se pudo librar Florence Cassez solo por ser blanca y europea. Tambien el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar. Aunque claro, si eres blanco, académico y acomodado no debes temer. Es decir, en México no debe temer el que nada debe, sino el que puede pagar para no temer.
Con todo y el 95% de impunidad, la mitad de personas detenidas sin sentencia, el 70% de las personas detenidas en situación de pobreza y más de 100 mil detenidas por un delito para pobres como el robo, la presidenta creó un sistema de espionaje basado en la prevención del delito, pues como dice Tamar Pitch “A la cárcel van los desgraciados, los pobres, no los ricos”.
Dicho lo anterior, conviene recordar que el concepto de seguridad es también capitalista, y en los últimos años se ha usado para justificar los campos de concentración italianos en Albania, las mega cárceles de El Salvador, las redadas en Estados Unidos y una larga lista de etcéteras. Tamar Pitch identifica el uso del concepto de seguridad para el autoritarismo de la siguiente manera:
Legalidad y honestidad han sido y siguen siendo consignas de muchas fuerzas políticas en los últimos años. Juntas contribuyeron a construir un sentido común, digamos justiciero, o más bien verdugo, según el cual cualquier persona sospechosa de violar cualquier ley -tal vez para un buen propósito- debe pudrirse en la cárcel […]La justicia penal es invocada como la solución a todos los problemas sociales y políticos.
En otro sentido, en un país donde los militares ejecutan personas “por accidente”, (recuérdese que el pasado 1 de junio la guardia nacional ejecutó a una mujer embarazada y a su esposo en Sinaloa como muchas otras veces) donde las fiscalías fabrican delitos, y donde el crimen organizado tiene infiltrados en todos los niveles y órdenes de gobierno, se aprobó permitir que se consulte sin ningún control, toda clase de datos sensibles como localización en tiempo real, llamadas, mensajes, fotos, videos y cuentas bancarias.
Se reforman y expiden diversas normas, entre las que destaca la creación de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, que permite al Centro Nacional de Inteligencia crear una red única de información de la ciudadanía (art. 36); además, podrá solicitar sin que medie orden judicial, cualquier información a particulares (art. 30) entre los que destacan registros vehiculares, placas, biométricos, registros telefónicos, de propiedad, comercio y empresa, registros fiscales, de armas, cuentas bancarias, de transporte, de salud, telecomunicaciones, empresas, Y TODOS AQUELLOS DE DONDE SE PUEDAN OBTENER INDICIOS PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS (art. 24). Es decir, ni siquiera se tiene que haber cometido una conducta, si no sospechar que se puede cometer, todo ello potenciado con inteligencia artificial, es decir algoritmos manipulables y con capacidad para funcionar con base en los prejuicios que le son enseñados. Establece, por supuesto, que los métodos, herramientas, fuentes, protocolos y demás que utilice el Centro tendrán el carácter de reservado (Art. 1), además de una prohibición para que periodistas, o defensores de derechos hagan pública información sobre sus “métodos” (art. 51), estando toda esta información no solo a la mano de cualquier autoridad, sino sobre todo de la Guardia Nacional. Este acceso no se hará mediante solicitud a un juez de control, sino de forma “irrestricta.” (Arts. 27 y 28).
Todo lo anterior se suma a disposiciones similares y complementarias en la Ley de Telecomunicaciones, en la de Población que obliga a darle a cualquier operador de cualquier servicio la CURP biométrica sin ninguna garantía de que la protegerá, y los artículos 303 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales que limita la necesidad de solicitar a un juez la intervención de comunicaciones o la localización en tiempo real.
Esta reforma que permite al gobierno vigilar a cualquier persona en cualquier momento en cualquier cosa que haga, no se hará solo por personal militar, sino por supuesto, sobre el grueso de una población precarizada. Tal vez crean que los capos del narcotráfico o los empresarios que lavan dinero van a ir corriendo a darle su información al gobierno, pero no es así, por lo que cuando la estrategia tenga que dar resultados, seguirán siendo los pobres los que rellenen las prisiones.
Todas estas reformas han pasado en México sin mayor escándalo y seguramente con un amplio apoyo de una población que históricamente se ha sentido moralmente superior a la otredad, y que se consuela con la frase mediocre “el que nada debe, nada teme,” pues como le es típico a la población del país, “si no me pasa a mí, no me importa.” Así transcurrieron los 6 años de la guerra contra el narco, donde cada muerto era culpable pues “seguro en algo andaba.” Lo raro es que para ser un período en el que todos callaron, le tienen mucho resentimiento, uno selectivo que les obliga a callar ante la repetición de la misma historia de la que nada aprendieron.
Esto de hecho no es raro, Tamar Pitch en “El malentendido de la víctima”, critica el discurso maniqueo de buenos (víctimas) contra malos, (delincuentes), un discurso muy en contra del “otro” y muy típico de los pensamientos fascistas, que no parecería ser acorde con un país que “votó la transformación.” No me extrañaría que las voces que hoy se dan golpes de pecho contra el priismo de los 70, fueran entonces una voz defensora de su autoritarismo como lo son del autoritarismo actual. Finalmente Luis Echeverría también era un presidente de izquierda, hasta de comunista lo acusaron, y también encabezó un discurso de la lucha de los buenos contra los malos, aunque parece que algunos ya no lo recuerdan.
Como quiera que sea, México no deja de ser un país de moralistas puritanos que son consecuencia del discurso neoliberal, por eso, concluyo citando a Pitch:
En nombre de las víctimas, actuales o potenciales (todos nosotros), no solo se despliegan y justifican políticas represivas y preventivas por paete de los gobiernos […] dicho en otras palabras, se asiste a una privatización y moralización del discurso público, en el que la acción gubernamental se justifica como dirigida a la defensa de las “víctimas.” Por lo tanto, el cambio de atención de los y las delincuentes a las víctimas señala la renuncia a proyectos de reforma social o de rehabilitación personal, por considerarlos inútiles y costosos -de hecho, contraproducentes, porque quitan responsabilidad y son “laxos” – y la adopción de una perspectiva que combina el utilitarismo “neoliberal” con el discurso moralizante neo-conservador.
Carlos Alberto Vergara Hernández. Licenciatura y maestría, Facultad de Derecho, UNAM. Profesor en la misma Facultad de las materias Control de Convencionalidad y Jurisprudencia y Filosofía del Derecho. Activista, conferencista y capacitador político en derechos humanos y derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Contacto: cvergarah@derecho.unam.mx
