Las fiscalías mexicanas, encargadas de impulsar la investigación y la acción penal, deberían erigirse en garantes del Estado de Derecho. No obstante, la adopción de prácticas corruptas de carácter estructural transforma a estas instituciones en uno de los principales vectores de violencia institucional: un fenómeno que, lejos de ser anecdótico, erosiona derechos humanos, debilita la legalidad y ahonda la brecha de confianza entre ciudadanía y sistema de justicia.
Manifestaciones de violencia institucional
Corrupción arraigada
La corrupción opera mediante redes internas que conectan mandos superiores con operadores de campo. Esta red ilícita no solo facilita la manipulación de expedientes, sino que reconstituye la lógica institucional en torno a la protección de intereses políticos o económicos, relegando la búsqueda de verdad y justicia.
Construcción de responsables
Para exhibir “eficiencia” estadística, se recurre con frecuencia a la incriminación de personas ajenas al delito investigado. El expediente se fortalece con pruebas sembradas, testimonios coaccionados e, incluso, actos de tortura que buscan legitimar narrativas fabricadas. Este patrón constituye una forma de violencia institucional que convierte a víctimas en chivos expiatorios.
Penalidad selectiva
La discrecionalidad en la priorización de causas genera un sesgo sistemático: las denuncias contra figuras influyentes suelen dilatarse o desaparecer, mientras que los asuntos que incomodan al poder se procesan con inusual celeridad. Esta selectividad, guiada por favores o presiones, desvirtúa el principio de igualdad ante la ley.
Colusión con grupos criminales
Numerosos reportes evidencian a agentes ministeriales que, a cambio de sobornos o protección política, facilitan operaciones ilícitas o encubren a organizaciones delictivas. La colaboración con el crimen organizado agrava la violencia institucional, pues la fiscalía deja de ser contrapeso de la delincuencia para convertirse en su aliada.
Impunidad y debilidad de los controles internos
Los mecanismos disciplinarios dependen jerárquicamente del fiscal en turno, lo que reduce su eficacia. Pocas denuncias prosperan y, cuando lo hacen, rara vez culminan en sanciones ejemplares, consolidando una cultura de impunidad que multiplica las malas prácticas.
Factores propiciatorios
1. Estructura institucional dependiente: Pese a la autonomía formal, subsiste la captura política del órgano.
2. Incentivos numéricos: La valoración del desempeño mediante conteos de carpetas fomenta la calidad deficiente.
3. Opacidad sistémica: La información estratégica se mantiene fuera del escrutinio público, impidiendo el control social.
Efectos sobre los derechos humanos y el acceso a la justicia
Las prácticas descritas violentan garantías básicas tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la integridad personal. Además, al desalentar la denuncia y perpetuar la impunidad, refuerzan el sentimiento de indefensión de las víctimas.
Autonomía fiscal: entre el ideal y la práctica
La reforma de 2014 proclamó fiscalías autónomas; sin embargo, la falta de contrapesos efectivos ha permitido que viejas dinámicas de dependencia política se reciclen bajo nuevas estructuras. La autonomía, sin supervisión ciudadana, deriva en discrecionalidad sin rendición de cuentas.
Hacia la erradicación de la violencia institucional
1. Controles externos robustos: Establecer órganos ciudadanos con potestades sancionadoras.
2. Profesionalización meritocrática: Implementar concursos abiertos y métricas cualitativas.
3. Transparencia integral: Difundir datos abiertos sobre desempeño, criterios de priorización y procedimientos disciplinarios.
4. Protección efectiva a denunciantes internos: Garantizar anonimato y seguridad jurídica.
5. Modificación de incentivos: Sustituir metas cuantitativas por indicadores de calidad investigativa y satisfacción de las víctimas.
Consideraciones finales
Mientras la corrupción continúe arraigada en las fiscalías, la violencia institucional seguirá configurándose como la principal barrera para un sistema penal justo y efectivo. Las reformas legales deben acompañarse de transformaciones culturales, mecanismos de supervisión real y una participación social que, lejos de ser decorativa, incida en la toma de decisiones.
Marco Antonio Madrigal Ortega. Maestro en Derecho.
