Por: Arturo Angel
La oportunidad que tenía el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de lograr un criterio de oportunidad (perdón legal) en el proceso penal abierto en su contra por el caso Odebrecht y con ello evitar el juicio, se le escapó el día de ayer -al menos por el momento – luego de que el juez que llevó las primeras partes del caso dio la orden de que este avance ya a un tribunal de enjuiciamiento.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República anunció que apelará y buscará que se reponga la audiencia, luego de que el juez de control, Gerardo Alarcón, anulara o acotara la mayoría de las pruebas con las que pretende demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exdirector de Pemex se quedó con los sobornos de Odebrecht.
En la audiencia que se extendió ayer por más de siete horas el juez decidió, antes de darla por cerrada y pese a la oposición de las partes, que lo procedente era dictar el auto de apertura a juicio oral para que el caso pase a un tribunal de enjuiciamiento que se encargue de programar y llevar a cabo el juicio oral contra Lozoya.
Con ello culminaba una espera de casi tres años desde que el alto exfuncionario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fuera detenido y extraditado a México, y vinculado a proceso bajo la acusación de haber recibido millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
En la audiencia de ayer los fiscales manifestaron de forma oral la acusación que ya habían hecho por escrito, y en la que piden que Lozoya sea enjuiciado y sentenciado a 46 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
De acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la decisión del juez de ordenar que el caso pase a un tribunal para el juicio (auto de apertura de juicio oral) cierra la posibilidad para cualquier imputado de obtener un criterio de oportunidad como el que ha buscado insistentemente el exdirector de Pemex. Es decir, para la FGR y para el juez que llevaba el proceso esa posibilidad está descartada.
No obstante, como Notitia Criminis publicó ayer la defensa de Lozoya buscará a través de un amparo que no se programe una fecha para el juicio y, eventualmente, que no surta efectos lo determinado por el juez Alarcón.
Su defensor, Miguel Ontiveros, insistió ayer en una entrevista al salir del Reclusorio Norte que desde su perspectiva la posibilidad del criterio de oportunidad en favor de Lozoya, que incluya el pago de reparación del daño por los dos procesos abiertos en su contra (Agronitrogenados y Odebrecht) sigue siendo la única alternativa viable para ambos casos.
Explicó que el efecto del amparo que promovieron ayer será que se suspenda la determinación del juez y, eventualmente, que se habiliten los canales para la salida alterna a los procesos penales. Reiteró que ellos están dispuestos a pagar de inmediato más de 200 millones de pesos, monto que cubre los perjuicios causados en ambos casos.
“Desde hace un año esa cantidad está establecida en la mesa y ya había un acuerdo con Pemex que faltando una hora para la firma echaron para atrás. Aún no sabemos cuál fue la razón de ello, pero nosotros estamos listos para cerrar porque creemos que la cooperación que ha dado el señor Lozoya al denunciar a los beneficiarios finales del dinero de Odebrecht es clara y útil para esclarecer este caso” dijo Ontiveros.
El grave revés para la FGR
Aunque el juez dio la orden de que el caso avance a la fase de juicio como la FGR pretendía, los fiscales anunciaron que presentarán una apelación para que la audiencia intermedia se tenga que realizar de nuevo, bajo el argumento de que les fueron desestimadas de forma incorrecta sus evidencias.
Esto luego de que de un paquete de 48 pruebas que presentaron ayer, el juez solo les dio luz verde para presentar integralmente en el juicio 12 de ellas, mientras que otras 12 se las aceptó apenas parcialmente y de forma reducida, y 24 de ellas fueron desechadas en su totalidad.
Entre las pruebas anuladas hay elementos muy importantes como los depósitos bancarios que según los fiscales Lozoya recibió en cuentas de empresas fachada en bancos suizos y que provenían directamente de transferencias realizadas por Odebrecht. Es decir, se trata de eslabones clave para sostener la cadena de transferencias que prueban el pago de los sobornos y los esfuerzos de Lozoya y sus familiares por ocultarlos. Sin ellos sería difícil que los fiscales logren probar su teoría del caso en el juicio.
El juez le dio la razón a la defensa de Lozoya respecto a que esos datos bancarios no fueron recabados siguiendo las formalidades judiciales que se requieren por lo que deben ser desestimados. Los fiscales opinan distinto y, por ello, anunciaron que aprovecharán el plazo de tres días que les da la ley para presentar una apelación y que el tema sea revisado por un magistrado superior.
Tanto la apelación de la FGR, así como la suspensión que la defensa de Lozoya obtenga a través del amparo que promovieron, frenará la posible apertura del juicio en su contra al menos durante varios meses.
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