Por: Arturo Ángel
Continúan las irregularidades en el caso del opositor ruso detenido en México, Kirill Olegovich Safrán, a quien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende extraditar a Rusia pese a las advertencias de un juez federal de y organizaciones como Amnistía internacional respecto a que su vida, en manos del gobierno de Vladimir Putin, estaría en riesgo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no encuentra los documentos relacionados con las múltiples detenciones arbitrarias de las que fue víctima Safran en Rusia, y que son claves para la resolución del juicio de amparo que la defensa promovió en contra de la decisión de dicha instancia de extraditarlo.
En el noticiero Así las Cosas PM de la cadena W Radio se reveló que el pasado 14 de diciembre la titular de la SRE, Alicia Bárcena, autorizó la extradición de Safrán pese a la opinión jurídica del juez federal que analizó el caso. En contra de esa determinación la defensa de Kirill promovió un juicio de amparo con lo que logró suspender temporalmente su entrega al gobierno de Vladimir Putin. El caso quedó radicado en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo de CDMX
Sin embargo, en el mismo noticiero se dio a conocer que la resolución de ese juicio de amparo se ha retrasado debido a que no aparecen parte de los documentos del expediente y que la defensa considera son pruebas vitales para acreditar la persecución política del gobierno ruso.
El juez de amparo le había solicitado a la Cancillería el expediente completo para su análisis. A principios de marzo dicho expediente fue entregado, sin embargo, al revisarlo los abogados defensores se percataron que faltaban los documentos denominados protocolos de detención correspondientes al 10, 11 y 12 de marzo. Por ello el juez federal le requirió a dicha dependencia que entregara las pruebas faltantes.
Sin embargo, el 14 de marzo el abogado de la Cancillería respondió con el oficio ASJ-17143 en la que señaló que no contaba con esa información porque ya había sido encontrada en los anexos enviados. Una situación que la defensa volvió a confirmar que no era cierta.
Acto seguido el juez de amparo solicitó a su homólogo que el año pasado analizó la solicitud de extradición que verificara en su archivos y en su caso proporcionara copia de estos protocolos. Pero, como era previsible, dicho juzgado informó el pasado 3 de abril que no cuenta ya con ningún documento físico de ese tema pues luego de emitirse la opinión jurídica el expediente fue devuelto completo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esta situación despertó la molestia de la defensa quien el pasado 15 de abril envió al juez de amparo un escrito en el que considera lamentable que el gobierno federal ahora no localice documentos claves en un proceso de extradición que debería manejarse con total pulcritud.
“Resulta inadmisible que la totalidad de las pruebas ofertadas, admitidas y desahogadas por la defensa del reclamado en fase judicial no se encuentren a disposición de ese Juzgado, toda vez que los numerales 29 y 30 de la Ley de Extradición Internacional establecen que estas deben estar integradas -no suprimidas- al expediente de extradición al haber sido tomadas en consideración por la responsable al emitir el acto reclamado y por ende, ser necesarias para resolver sobre su constitucionalidad”, señala el escrito de reclamo enviado al juez de amapro.
Como consecuencia de todo esto la audiencia que estaba programada para el pasado 26 de abril y en la que iba a analizarse el fondo del asunto ha tenido que ser pospuesta ahora para el próximo 15 de mayo, mientras que juez a cargo del amparo ha solicitado una nueva búsqueda de estos elementos.
Lo que ya fue incorporado al expediente del proceso de amparo fueron los oficios que las oficinas en México del Alto Comisionado para Refugiados y para Derechos Humanos de Naciones unidas enviaron al juez de amparo, y en el que piden que se consideren los riesgos a la vida e integridad de Kirill a la luz de los convenios y tratados internacionales firmados por México en estas materias.
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