En una sociedad democrática, la protesta social es un mecanismo esencial para que la ciudadanía exprese su descontento, exija justicia y participe activamente en la vida política del país. Sin embargo, en México, como en muchas otras naciones, el uso del derecho penal para controlar, limitar y, en algunos casos, suprimir la protesta social ha ido en aumento, planteando serias preocupaciones sobre el estado de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 6º, que garantiza la libertad de expresión, y en el artículo 9º, que protege el derecho de reunión y asociación. A pesar de estas garantías constitucionales, las autoridades mexicanas han recurrido cada vez más al derecho penal para controlar las manifestaciones, justificando estas acciones bajo el pretexto de mantener el orden público y garantizar la seguridad. Esta práctica ha llevado a la criminalización de la protesta social, un fenómeno que no solo socava los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también debilita los pilares de la democracia.
La criminalización de la protesta social en México se manifiesta de diversas maneras, desde la detención arbitraria de manifestantes hasta la imposición de sanciones penales desproporcionadas. En muchos casos, las autoridades utilizan figuras delictivas ambiguas, como “alteración del orden público”, “resistencia de particulares” o “daños a la propiedad”, para justificar la represión de las protestas. Estas figuras, que carecen de una definición clara y precisa, permiten a las autoridades interpretarlas de manera amplia y subjetiva, facilitando la persecución penal de aquellos que se atreven a levantar la voz.
Un ejemplo emblemático de esta práctica ocurrió en 2014, durante las manifestaciones en la Ciudad de México en respuesta a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En medio de la indignación y el dolor, miles de personas salieron a las calles para exigir justicia. Sin embargo, las protestas fueron recibidas con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad, resultando en la detención de decenas de manifestantes. Muchos de ellos fueron acusados de delitos como “ataques a la paz pública” y “daños a la propiedad”, a pesar de que las pruebas en su contra eran mínimas o inexistentes. Estos casos evidenciaron cómo el derecho penal puede ser instrumentalizado para desalentar la participación ciudadana y silenciar las voces críticas.
La represión penal de la protesta social no solo afecta a los manifestantes directamente involucrados, sino que también envía un mensaje claro al resto de la sociedad: protestar puede tener graves consecuencias legales. Este mensaje genera un clima de miedo e intimidación que desincentiva la participación en futuras manifestaciones, lo que a su vez reduce el espacio para el debate público y la crítica social. En una democracia saludable, la protesta no debería ser vista como una amenaza, sino como una expresión legítima de la diversidad de opiniones y un canal para la resolución pacífica de conflictos.
Además de las detenciones arbitrarias y los procesos penales injustificados, la criminalización de la protesta social en México también se ha manifestado a través de la estigmatización de los manifestantes en los medios de comunicación y el discurso oficial. Los manifestantes son frecuentemente presentados como “vándalos”, “delincuentes” o “infiltrados”, lo que contribuye a deslegitimar sus demandas y justificar la represión. Esta narrativa no solo distorsiona la percepción pública de las protestas, sino que también refuerza la idea de que el derecho penal es una herramienta legítima para mantener el orden, incluso a costa de los derechos humanos.
La utilización del derecho penal para controlar la protesta social es particularmente preocupante en un contexto como el mexicano, donde la impunidad es un problema crónico y las instituciones de justicia son percibidas como ineficaces y corruptas. En lugar de fortalecer la confianza en el sistema de justicia, el uso del derecho penal para reprimir la protesta social socava aún más la legitimidad de las instituciones y perpetúa un ciclo de desconfianza y conflicto social.
Ante este panorama, es crucial que tanto las autoridades como la sociedad civil tomen medidas para revertir la tendencia hacia la criminalización de la protesta social. En primer lugar, es necesario revisar y reformar las leyes penales que permiten la interpretación arbitraria y amplia de delitos relacionados con la protesta, asegurando que estas figuras delictivas sean precisas, claras y respetuosas de los derechos humanos. Además, las autoridades deben comprometerse a proteger y garantizar el derecho a la protesta, actuando de manera proporcional y respetuosa en el manejo de manifestaciones y absteniéndose de utilizar la fuerza de manera indiscriminada o innecesaria.
Asimismo, es fundamental que la sociedad civil y los medios de comunicación jueguen un papel activo en la defensa del derecho a la protesta. Esto implica no solo denunciar y visibilizar los casos de represión penal, sino también promover una cultura de respeto y valoración de la protesta como una forma legítima de participación ciudadana. Los medios de comunicación, en particular, tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva y equilibrada sobre las protestas, evitando caer en la estigmatización de los manifestantes y contribuyendo al debate público sobre las causas y demandas que motivan las movilizaciones.
En última instancia, la criminalización de la protesta social en México no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también de la salud de la democracia. Una democracia verdadera no teme a la protesta; al contrario, la fomenta y la protege como un medio para el diálogo, la participación y la transformación social. Si México quiere avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática, debe poner fin al uso del derecho penal como herramienta de control social y garantizar que el derecho a la protesta sea plenamente respetado y protegido.
El reto es grande, pero no imposible. Revertir la tendencia hacia la criminalización de la protesta social requiere de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad, desde los legisladores y jueces hasta los ciudadanos y activistas. Solo a través de un compromiso firme con los principios democráticos y los derechos humanos se podrá construir un México donde la protesta social no sea vista como una amenaza, sino como una manifestación de la vitalidad y el dinamismo de su sociedad civil.
