Por. Arturo Ángel
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a llegar a un acuerdo con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, que permita cancelar los procesos abiertos en su contra por los sobornos que según la Fiscalía General de la República (FGR) recibió de las empresas Altos Hornos de México y Odebrecht.
La razón, de acuerdo con los funcionarios consultados cercanos al caso, es doble: económica pero también procesal.
En el plano de los recursos Lozoya ha ofrecido a través de sus abogados garantizar el pago de 10.7 millones de dólares que equivalen a los recursos que habría recibido ilícitamente de parte de las referidas empresas, de acuerdo con los dictámenes periciales del caso.
Sin embargo, el punto de vista de la UIF y de Pemex, que fungen como víctimas en el caso, es que los contratos que la administración de Lozoya concedió a dichas empresas a partir de los sobornos dejaron perdidas y perjuicios económicos mucho más elevados.
Notitia Criminis publicó el pasado 17 de mayo que, tan solo en el caso de la planta Agronitrogenados comprada por Pemex a Altos Hornos, se tuvieron que gastar más de 550 millones de dólares en rehabilitarla.
Además del plano económico está el tema de las pruebas. Aunque la defensa de Lozoya ha insistido en que su cliente denunció supuestos hechos de corrupción en los que estarían involucrados incluso el expresidente, Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, la realidad es que la FGR no ha logrado llevar a tribunales a ninguno de ellos.
De acuerdo con funcionarios ministeriales esto obedece a que los datos de prueba aportados por Lozoya no han permitido confirmar, al menos de forma inicial, el involucramiento de esos personajes en los hechos irregulares. De hecho, hasta la fecha, lo aportado por el exdirector de Pemex solo ha permitido mantener vinculado a proceso a un exsenador del PAN.
Ayer, en un comunicado, los abogados de Lozoya Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas hicieron un nuevo llamado al gobierno del presidente López Obrador para que se pueda avanzar en la firma de algún acuerdo reparatorio que permita que su cliente recupere su libertad. Esto a cambio de que continúe con su colaboración.
La organización no gubernamental TOJIL, especializada en temas de corrupción, realizó un análisis técnico jurídico que concluye que es improcedente e ilegal el tipo de acuerdo que Lozoya está buscando.
El tiempo para el exfuncionario se acaba pues un juez federal fijó para julio la fecha límite en que debe anunciarse si hay algún acuerdo o, de lo contrario, los procesos tendrían que avanzar ya a la fase de juicio.
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