En los últimos años, varios grupos criminales latinoamericanos – desde cárteles mexicanos hasta guerrillas colombianas y pandillas brasileñas y venezolanas – han comenzado a adoptar tácticas violentas y de reclutamiento propias de organizaciones terroristas como ISIS. Estas tácticas incluyen el uso de explosivos de alto impacto, la incorporación de drones armados, la producción de propaganda violenta y métodos sofisticados de captación de miembros. A continuación, se analiza en profundidad cómo seis grupos emblemáticos (el Cártel Jalisco Nueva Generación de México, las disueltas pero reactivas FARC y la guerrilla ELN de Colombia, las facciones brasileñas Comando Vermelho y Primer Comando da Capital (PCC), y la banda transnacional Tren de Aragua, originada en Venezuela) están convergiendo en tácticas típicamente asociadas al terrorismo islamista; qué similitudes y diferencias presentan con ISIS; cómo estas tácticas se adaptan a la realidad sociopolítica latinoamericana; y qué respuestas estatales han surgido ante esta peligrosa convergencia.
I. «Narcoterrorismo» y guerra urbana: explosivos y drones de combate
Una de las convergencias más visibles es el empleo de tácticas militares de alta letalidad por parte de organizaciones criminales, imitando las técnicas de guerra irregular que emplean grupos terroristas. En Oriente Medio, ISIS se hizo tristemente célebre por sus coche-bomba (VBIEDs), sus ataques coordinados con explosivos y, más recientemente, por el uso de drones comerciales armados con bombas en los campos de batalla de Siria e Irak. Hoy, esas mismas imágenes de drones lanzando explosivos se repiten en escenarios de México o Brasil.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México ha sido pionero en el uso de drones armados en el crimen organizado. Desde 2017, el CJNG comenzó a adaptar drones comerciales con artefactos explosivos improvisados (IEDs), empleándolos tanto para reconocimiento y vigilancia como para ataques a distancia. Para 2020-2021, este cártel ya tenía un grupo especializado, los “Operadores Droneros”, con su propio parche e identidad dentro de la organización. Sus drones (como cuadricópteros DJI modificados) se cargan con explosivos caseros mezclados con metralla (clavos, perdigones) y se lanzan contra objetivos enemigos. Inicialmente los usaron contra cárteles rivales en zonas rurales de Michoacán y Jalisco, pero pronto también contra las fuerzas de seguridad mexicanas. Un hito fue un ataque en noviembre de 2022, cuando un convoy militar fue emboscado con drones bomba del CJNG en Tepalcatepec, resultando en 4 soldados muertos y 6 heridos. En abril de 2021, el CJNG también hirió a policías estatales con drones explosivos en Aguililla. Estas tácticas recuerdan las de ISIS en Mosul (que lanzaba granadas desde drones comerciales) o incluso las empleadas por Hamás en Oriente Próximo. No es de extrañar que México esté reformando su legislación para equiparar estos actos con terrorismo: recientemente se propuso agravar con 15 a 40 años de prisión el uso de drones con fines criminales (modificando el Art.139 del Código Penal Federal). El CJNG, por su parte, asume abiertamente que “están en guerra” contra el Estado mexicano, justificando internamente el empleo de armamento de guerra.
Tradicionalmente, las facciones brasileñas como el Comando Vermelho (CV) o el PCC libraban su violencia con armas de fuego, granadas de mano y matanzas selectivas. Sin embargo, la escalada reciente muestra tácticas inéditas de corte militar. En octubre de 2025, durante un mega-operativo policial en Rio de Janeiro, miembros del CV utilizaron drones para lanzar explosivos contra los agentes que ingresaban a los complejos de favelas del Alemão y Penha. Un vídeo muestra claramente un drone del CV arrojando una bomba encendida sobre un grupo de policías especiales de élite (CORE) en plena incursión. La escena fue comparada con las tácticas vistas en la guerra de Ucrania o con los ataques con drones del grupo terrorista Hamás en 2023. Este tipo de “bombardeo aéreo” improvisado nunca se había visto en conflictos urbanos de Brasil, marcando un salto cualitativo en la capacidad de fuego del crimen organizado brasileño. En esa operación (denominada “Contenção”), murieron más de 120 personas – incluyendo 4 policías – en lo que parecía un escenario de guerra urbana. Además de drones, se reportó que los criminales del CV habían sembrado minas terrestres caseras en el terreno, y disponían de un arsenal de ~100 fusiles de asalto y granadas. Estas facciones llegan a tales extremos para resistir la presión policial y controlar territorios (favelas estratégicas para el narco). La respuesta estatal no se hizo esperar: Paraguay, vecino afectado por el trasnacionalismo de estas bandas, declaró en octubre de 2025 al CV y al PCC como “organizaciones terroristas” para su país, argumentando que “atentan contra la soberanía e instituciones, más allá de la delincuencia común”. Esto permitirá castigos penales más severos contra sus miembros en territorio paraguayo. Incluso autoridades de EE.UU. han sugerido clasificar al PCC como terrorista. Brasil internamente lanzó operaciones de gran envergadura; también detectó que un militar de la Marina brasileña entrenaba al CV en adaptar drones para lanzar granadas (fue arrestado en 2024). Es decir, el crimen organizado brasileño está importando tácticas “de insurgencia” (drones bomba, IEDs, guerra de desgaste), lo que dispara las alarmas de seguridad nacional en la región.
Otro sello del terrorismo adoptado por criminales es el uso de coches bomba o ataques explosivos indiscriminados para sembrar terror. En Colombia, las guerrillas históricas ya recurrían a estas tácticas desde hace décadas (por ejemplo, las FARC ejecutaron atentados con coche-bomba como el del Club El Nogal en Bogotá en 2003, con 36 muertos). Más recientemente, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) perpetró en 2019 un ataque suicida con coche bomba contra la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, asesinando a 22 cadetes. Fue el peor atentado terrorista en Colombia en muchos años, equiparable en método a ataques de Al Qaeda o ISIS. Tras la desmovilización de las FARC en 2016, disidencias de esa ex guerrilla han retomado tácticas violentas para ganar notoriedad. El 10 de junio de 2025, grupos disidentes del Estado Mayor Central lanzaron una oleada de 24 ataques terroristas coordinados en un solo día en el suroeste de Colombia. Explosiones, emboscadas y sabotajes simultáneos causaron caos en varias localidades, demostrando una planificación tipo “ofensiva terrorista” sin precedente reciente en el país. Ese mismo año, en la convulsa región del Catatumbo, la disidencia del Frente 33 de las FARC y el ELN entraron en guerra abierta, desplazando a miles de civiles. Cada bando acusa al otro de tácticas atroces; el ELN incluso denuncia que los disidentes usan drones contra civiles, mientras se vanagloria de ser más “político”. En síntesis, Colombia sigue experimentando “narcoterrorismo”, un fenómeno híbrido en que grupos armados con financiación del narcotráfico emplean métodos terroristas (bombas, secuestros colectivos, masacres) para controlar territorios o presionar al Estado. La diferencia es que ahora la motivación ideológica se entrelaza con intereses criminales económicos, difuminando la frontera entre insurgencia y crimen organizado – tal como pronostica la idea de la “convergencia crimen-terror”.
Países que antes no sufrían terrorismo, hoy padecen estragos similares a los de zonas de conflicto. Ecuador es un caso dramático reciente: tradicionalmente en paz, se ha visto sacudido por carros bomba en ciudades y ondas de terror carcelario. En agosto de 2023, hasta cuatro coche-bomba explotaron en Quito (sin víctimas mortales pero con gran impacto psicológico) como represalia de bandas del narcotráfico por traslados de presos. En Guayaquil y Esmeraldas también estallaron bombas contra instalaciones oficiales ese año, algunas atribuidas a bandas locales conectadas con cárteles mexicanos o incluso disidencias colombianas. Al mismo tiempo, en las prisiones ecuatorianas – dominadas por facciones criminales como Los Choneros (aliados del Cartel de Sinaloa) o el Tren de Aragua – ocurrieron masacres masivas con decapitaciones y mutilaciones de internos, filmadas y difundidas. En 2021-2023 más de 400 reos fueron asesinados en cárceles ecuatorianas en sangrientos motines; imágenes dantescas de cuerpos desmembrados se subieron a redes sociales, recordando la brutalidad explícita de los videos de ISIS pero trasladada a pandillas carcelarias latinas. Estas muestras extremas de violencia buscan aterrorizar tanto a rivales como a la sociedad, para forzar concesiones (como el traslado de líderes o evitar extradiciones). La incursión del Tren de Aragua – banda nacida en Venezuela – en el crimen ecuatoriano ha traído prácticas de “terror mafioso”: este grupo, por ejemplo, acostumbra a grabar sus asesinatos y torturas para sembrar miedo, tal como lo hacía ISIS con sus víctimas. Vale mencionar que el narcoterrorismo no es nuevo en Latinoamérica (Pablo Escobar ya ponía bombas en los 80 para presionar al gobierno colombiano), pero actualmente la escala y sofisticación es mayor: ahora gran parte del continente enfrenta violencia criminal de tipo insurgente, sea en las selvas colombianas, el “narcoestado” venezolano o las calles de México, Centroamérica, Brasil y, emergentemente, Ecuador.
II. Propaganda, terror mediático y reclutamiento: el “marketing del miedo”
Otra convergencia notable es la del terreno propagandístico y de captación de nuevos miembros. ISIS revolucionó la propaganda terrorista mediante videos estremecedores (ejecuciones, decapitaciones, destrucción de patrimonio) y un dominio astuto de las redes sociales para reclutar adeptos globalmente con su mensaje. ¿Están copiando esto los grupos latinoamericanos? En parte, sí. Varios han desarrollado sus propias formas de “narco-propaganda” para intimidar enemigos, ganar apoyo local o atraer reclutas, tomando lecciones de la guerra psicológica de grupos como ISIS, aunque adaptadas a contextos locales (con menos carga religiosa y más elementos culturales de la región).
El CJNG mexicano ha sido especialmente activo en la difusión de videos de alto impacto militar. En julio de 2020 publicó un famoso vídeo “viral” estilo desfile militar: decenas de sicarios uniformados con camuflaje, fuertemente armados (rifles .50, ametralladoras antiaéreas, lanzacohetes) y con toda una caravana de vehículos blindados pintados con las siglas CJNG, vitoreando a su líder “El Mencho”. Las imágenes recordaban más a un vídeo de ISIS o Hezbollah que a una típica narcobanda: disciplina marcial, armamento de guerra y estética paramilitar. Este video fue un mensaje desafiante al gobierno (“estamos listos para la guerra”) y a cárteles rivales. De hecho, analistas lo compararon con una parada militar de un ejército insurgente, mostrando cómo el CJNG busca proyectar una imagen de fuerza cuasi-ejército. Además de estos montajes calculados, el CJNG – al igual que otros cárteles – recurre a la “propaganda del horror”: difunden en internet vídeos de ejecuciones crueles, torturas o amenazas a enemigos (los llamados narco-videos). Howard Campbell, antropólogo experto, señala que los cárteles en México han convertido la brutalidad en “espectáculos de violencia simbólica” como forma de guerra psicológica y terror. Mostrar decapitaciones, cuerpos colgados de puentes o víctimas desolladas va más allá del sadismo: envía un mensaje propagandístico de “mira lo que te pasará si nos desafías”. ISIS empleaba la misma lógica en sus vídeos de rehenes decapitados o quemados vivos para infundir pánico global. En México, esta propaganda de terror inicialmente estaba dirigida a rivales criminales y a atemorizar a comunidades locales, pero el CJNG la ha escalado a un desafío al propio Estado. Muestra de ello fue el intento de asesinato del secretario de Seguridad de Ciudad de México en 2020 por comandos del CJNG, seguido de mensajes advirtiendo al gobierno que “así les irá” si siguen capturando a sus líderes. En palabras de especialistas, el CJNG “ha militarizado la propaganda”: combina nuevas armas con alto impacto psicológico (drones explosivos filmados, emboscadas masivas) para amplificar el terror de sus mensajes. Es un terrorismo narcocomunicacional: matanzas y tecnología no solo para el daño físico inmediato, sino para difundir el miedo y la percepción de invencibilidad.
A la par de la violencia explícita, estos grupos también hacen campañas de imagen. Tal como ISIS producía revistas pulidas (Dabiq, Rumiyah) y videos mostrando un supuesto Estado próspero bajo su califato, cárteles como el CJNG o el Cártel de Sinaloa a veces realizan acciones populistas y su propaganda asociada: reparto de víveres con sus logos durante la pandemia, financiación de fiestas locales, “protección” a comunidades. El CJNG, por ejemplo, difundió videos en 2021 regalando despensas con sus iniciales a pobladores de Michoacán afectados por el COVID. Buscan así ganarse la buena voluntad (o al menos la tolerancia) de la población local, algo que grupos terroristas insurgentes también procuran (ISIS proveía servicios en sus territorios, las FARC hacían rol de “Estado” en zonas bajo su control). Esta guerra de información incluye presentarse como “el menos malo” o el defensor del pueblo: en propaganda, el CJNG se pinta como gente local harta de “injusticias”, vs. sus enemigos a quienes llama extranjeros o traidores. Un video de 2021 mostraba a CJNG diciendo ser los auténticos michoacanos protegiendo la región de Carteles Unidos (a quienes tildaban de criminales auspiciados por el gobierno). Vemos aquí un paralelismo tenue con ISIS proclamándose defensor de los sunitas o vengador de agravios, adaptado a narrativa narco local.
En Colombia, tras la firma de paz con las FARC, los disidentes y el ELN han modernizado su propaganda y reclutamiento mediante redes sociales. Un estudio de 2025 revela que estos grupos usan Facebook, WhatsApp, TikTok y Telegram para difundir mensajes, imponer control en sus zonas y atraer jóvenes. Facebook y WhatsApp son usados para “avisos” a la población (p.ej., comunicados declarando “paros armados” donde prohíben movilidad, como ocurrió en Guaviare, junio 2025) y para amenazar líderes locales mediante audios o mensajes masivos. Telegram lo utilizan, sobre todo el ELN, como canal de propaganda central: allí comparten música revolucionaria, videos de combates, e incluso testimonios de guerrilleros capturados incitando a otros a desertar. Es decir, llevan la guerra psicológica al espacio digital: en Telegram el ELN difunde vídeos de milicianos del Frente 33 (disidencias FARC) capturados, tachándolos de “narcos sin ideales” y llamando a los jóvenes a que se pasen al ELN, que se presenta como la guerrilla “auténticamente política”. TikTok es la nueva frontera: se han identificado decenas de cuentas de supuestos miembros de disidencias exhibiendo armas, uniformes y campamentos, a veces con menores de edad presentes. Muchos videos de TikTok muestran la vida diaria en campamentos o jóvenes cosechadores de coca bailando, lo que romantiza o normaliza la vida guerrillera y del narcocampo. En comentarios de esos videos, usuarios preguntan “¿cómo me uno?” o “quiero trabajo en las plantaciones”, evidenciando que sirven como canal de reclutamiento. Un informe advierte que las disidencias FARC-EP reclutan menores vía Facebook y TikTok especialmente en zonas indígenas y rurales pobres: ofrecen dinero, motocicletas, status, más que ideología, para atraerlos. Después viene la adoctrinación, pero la puerta de entrada es económica y digital, no muy distinta a cómo ISIS seducía a jóvenes europeos a través de Internet prometiendo aventura, propósito y hasta esposas. De hecho, se ha hallado una tendencia preocupante: “reclutas tecnológicos” – chicos con habilidades digitales que son codiciados por las disidencias para operar drones y manejar la propaganda online, obteniendo estatus especial en la organización. ISIS también buscaba programadores, hackers y expertos en redes para su ciberyihad; la guerrilla colombiana, salvando distancias, ahora aprecia un perfil similar.
Algunos grupos criminales extremadamente sofisticados están desarrollando métodos de comunicación encriptados o simbólicos, comparables a los esfuerzos de seguridad de grupos terroristas clandestinos. Un ejemplo asombroso lo da el Tren de Aragua (TdA). Según investigadores, esta megabanda venezolana “tiene su propio lenguaje en línea” y recluta especialistas IT para mejorar sus comunicaciones. El TdA evita usar texto explícito online que pueda ser monitoreado; en su lugar, envían imágenes con mensajes ocultos en los detalles de la foto o usan combinaciones de emojis con significados preestablecidos. Esto dificulta la detección algorítmica, igual que ISIS llegó a emplear palabras código o plataformas cifradas para escapar de la vigilancia. Además, el TdA forza la incorporación de individuos con habilidades útiles: si identifican a un migrante venezolano con, digamos, formación en informática o comunicaciones, lo cooptan bajo coacción para aprovechar ese talento en sus filas digitales. Esta estrategia de “reclutar cerebros” para propaganda/operaciones es algo que también hizo ISIS (atrajo ingenieros, médicos, etc., con un combinado de coerción e incentivos ideológicos). En definitiva, el Tren de Aragua opera como un cártel innovador que no solo impone terror sangriento, sino que cuida sus comunicaciones para mantenerse por delante de las fuerzas de seguridad, tal como lo haría una célula terrorista sigilosa.
Un punto donde divergen es en el contenido ideológico de la propaganda. ISIS explotaba un potente marco religioso-ideológico (la concepción del mártir, la restauración del califato) que daba cohesión y fervor a su reclutamiento. Los grupos latinoamericanos generalmente no ofrecen una causa trascendental religiosa, sino otros tipos de narrativas: en guerrillas como FARC/ELN es la justicia social/revolución, en cárteles es lealtad, poder, dinero y hasta un folclore narco. Han surgido elementos de “narcocultura” que sirven para atraer a jóvenes: la música (narcocorridos en México; funk prohibido en Brasil; narcocumbias en Andes), la estética del “narco como figura de éxito” en redes (coches lujosos, ropa ostentosa, chicas, armas de oro), etc. Esto recuerda a cómo ISIS hacía glamur de la yihad para jóvenes: mostraba combatientes sonrientes con armas, aventuras en tierras lejanas, hermandad militante. Salvando el diferente “estilo”, en ambos casos se apela a jóvenes marginados o inconformes ofreciéndoles identidad, estatus y pertenencia a algo temido y respetado. En México se habla del “narcotraficante social” como aspiración en zonas rurales pobres, análogo en cierta forma al ideal del “muyahidín” entre ciertos jóvenes musulmanes sin futuro.
Tanto gobiernos como criminales libran una batalla por la narrativa. En México, por ejemplo, el gobierno de AMLO intentó minimizar la cobertura de los narco-videos (se instruyó a medios a no difundir propaganda del narco), pero entonces los cárteles migraron a YouTube, Twitter, blogs independientes para difundir sus mensajes sin filtro. Este juego de censura vs. contrainformación también se vio con ISIS, cuya propaganda era eliminada de plataformas mainstream y entonces pasaban a foros alternativos o redes cifradas. Los cárteles han aprendido a comunicarse en tiempo real por redes para influir en la opinión: por ejemplo, el CJNG posteó videos desmintiendo al gobierno local en Michoacán y acusando a funcionarios de connivencia con sus enemigos. Están, básicamente, luchando en el terreno informativo para legitimar sus acciones o al menos controlar el miedo y la imagen pública – tal como haría un actor político insurgente.
En síntesis, en el ámbito de la propaganda y captación se observa una creciente sofisticación de los grupos criminales inspirada en tácticas de grupos terroristas. Los paralelismos incluyen: mostrar violencia extrema como herramienta de marketing del miedo (decapitar/noquear a un policía en video es el equivalente narco de un video de ISIS ejecutando a un rehén: ambos buscan viralizar terror); uso estratégico de redes sociales (Facebook, TikTok, Telegram en Latinoamérica así como Twitter, YouTube para ISIS); glorificación del combatiente (sea el sicario con corrido o el mártir yihadista con cántico); reclutamiento de jóvenes vulnerables a través de mensaje seductor (dinero, poder, venganza por injusticias) y adaptación del discurso al público objetivo (nacionalismo local en el caso narco vs. pan-islamismo en ISIS).
No obstante, existen diferencias claras: el terrorismo islamista es altamente ideológico y transnacional en su llamado (busca voluntarios globales por una causa religiosa), mientras que las organizaciones criminales latinas apelan más a lo local y económico. Un joven se une al CJNG principalmente por conveniencia (dinero, coacción o falta de alternativas), no por devoción a El Mencho. Aun así, la frontera entre “terrorista” y “criminal organizado” se ha hecho borrosa: los primeros financian su causa con actividades criminales (ISIS traficó petróleo, secuestró para cobrar, igual que FARC financió su guerra con coca), y los segundos utilizan terror y propaganda no muy distintas a las de una insurgencia para proteger sus negocios.
III. Causas locales y adaptación regional: ¿por qué estas tácticas en Latinoamérica?
Es importante entender por qué estas tácticas terroristas han echado raíz en el continente, pues no se dan en el vacío. Latinoamérica tiene sus propias condiciones sociopolíticas que facilitan o moldean esta convergencia:
• ISIS pudo florecer donde había vacíos de poder (Siria e Irak colapsados por la guerra). De igual modo, muchos países latinoamericanos tienen regiones periféricas abandonadas por el Estado, donde grupos armados suplen la autoridad. Ejemplos: la sierra de Guerrero o Michoacán en México (dominio de cárteles); selvas del Caquetá o Arauca en Colombia (guerrilla/disidencias); favelas de Rio de Janeiro (CV/PCC dictan sus reglas); la frontera colombo-venezolana (tierra de nadie con ELN, disidencias, paramilitares); minas ilegales en Venezuela (pranes y guerrillas controlando con violencia extrema). En estos entornos, el grupo criminal/insurgente actúa como poder de facto y usa la violencia terrorista para mantener sumisión. Por ejemplo, el Tren de Aragua convirtió la prisión de Tocorón en Venezuela en su feudo terrorífico: imponían “la ley del miedo” a presos y barrios enteros de Aragua con castigos macabros (disparar en las extremidades al que no pague, matar al reincidente), incluso construyendo una economía paralela y lujos intra-cárcel bajo su control. Cuando tales grupos llenan los vacíos de autoridad, desarrollan modus operandi cuasi-gubernamental, incluyendo monopolio de la violencia y propaganda de legitimación (presentarse como protectores o invencibles). Esta condición estructural impulsa que adopten tácticas de guerra irregular para mantener ese monopolio, enfrentando a cualquier autoridad estatal que intente regresar.
• La narcoeconomía y otras economías ilícitas (minería ilegal, trata de personas, contrabando) generan recursos masivos que permiten a estos grupos adquirir armas de última generación y tecnología. A diferencia de grupos terroristas fundamentalistas que a veces dependen de donaciones o financiamiento extranjero, cárteles como CJNG o PCC tienen flujo de caja propio inmenso. Esto les ha permitido, por ejemplo, comprar arsenales militares en el mercado negro, drones, equipos de comunicaciones cifradas, sobornar a expertos para entrenamiento, etc. “Tienen los recursos financieros para hacerlo, es la realidad de estos conflictos modernos”, decía un ex-capitán del BOPE (unidad élite policial de Rio) al ver los drones con bombas del CV. ISIS obtenía millones del petróleo sirio con lo que financió su maquinaria de terror; los cárteles obtienen millones de las drogas con los que equipan auténticos ejércitos privados. Además, la globalización facilita que aprendan tácticas de otros contextos: la noticia de drones en Ucrania o ISIS llega a narcos en México que rápidamente adoptan la idea. Incluso ha habido transferencia directa de conocimiento: CJNG fue entrenado en drones por un estadounidense y un colombiano, según confesó un miembro, replicando en México técnicas quizás usadas en conflictos de Oriente o por ex-FARC.
• Una diferencia importante es que, salvo las guerrillas, la mayoría de estos grupos no buscan tomar el poder del Estado ni imponer una ideología, sino defender sus negocios y áreas de influencia. Por eso adaptan las tácticas terroristas a fines pragmáticos: en lugar de buscar un califato o la revolución mundial, las usan para intimidar rivales, evitar la intervención estatal en “sus” territorios y forzar al gobierno a ceder espacio. Por ejemplo, los cárteles mexicanos lanzan terror (masacres, balaceras masivas) principalmente para presionar al gobierno a que deje de perseguirlos, no con intención de derrocarlo ideológicamente. Así, en 2019, tras la captura fallida de Ovidio Guzmán en Culiacán, el Cártel de Sinaloa sembró el terror en la ciudad y logró que el gobierno liberara al detenido – un “chantaje terrorista” exitoso. Del mismo modo, el CJNG ataca convoyes militares o funcionarios para obligar a un “abrazos, no balazos” real, es decir, que los dejen operar (amenaza de costo político). Esta racionalidad instrumental contrasta con ISIS, cuyo terror era muchas veces expresivo (mostrar poder, castigar infieles) más que negociador. En la práctica, sin embargo, el efecto en la población es similar: miedo generalizado, sensación de Estado sobrepasado y control social por parte del grupo violento.
• ISIS aprovechó el sectarismo y la marginación sunita; grupos latinos aprovechan la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Zonas rurales sin opciones, jóvenes desempleados en barrios pobres, comunidades indígenas abandonadas: allí hacen caldo de cultivo las promesas de los grupos armados. Las FARC y ELN, por ejemplo, han resucitado su reclutamiento en regiones donde la implementación del acuerdo de paz fue débil, alegando al campesino que “el Estado te volvió a fallar, únete a nosotros”. En Centroamérica, las maras (no analizadas aquí, pero similares) reclutan niños en colonias pobres donde el Estado brilla por su ausencia. El Tren de Aragua se nutre de la desesperación de migrantes venezolanos, algunos de los cuales acaban colaborando por miedo o necesidad en las redes de contrabando de migrantes que el TdA controla. Todo esto es distinto a ISIS en ideología, pero parecido en explotar agravios locales: los narcogrupos prometen protección, dinero fácil o incluso un sentido de “familia” criminal (como el PCC dentro de las cárceles promete lealtad mutua entre presos) para atraer gente que siente que la sociedad formal no le da nada.
• Muchas de estas tácticas terroristas se han “democratizado” tecnológicamente. Antes, solo ejércitos o grandes grupos terroristas podían acceder a drones, comunicaciones satelitales o armas automáticas; ahora un cartel con dinero las consigue en Amazon o en el mercado negro. Un dron comercial capaz de llevar una granada puede costar apenas $500 – y cualquiera puede comprarlo online. Los cartuchos de C4 o granadas se consiguen desviando arsenales de fuerzas armadas corruptas. Este fácil acceso permite que grupos criminales medianos emulen a grupos insurgentes globales sin necesitar apoyo estatal. Por ejemplo, drones FPV con cámara HD que CV usó, se compran por 3.000 a 10.000 reales (600-2000 USD) y pueden cargar 0,5 kg, suficiente para una granada. Ese bajo costo de la “guerra tecnológica” favorece su proliferación.
• En ciertos casos, la colusión con gobiernos ha potenciado las capacidades “terroristas” de estos grupos. En Venezuela, informes sugieren que el régimen de Maduro tolera e incluso utiliza al Tren de Aragua como herramienta de control (se habla de “arma de guerra asimétrica con negación plausible”). Se ha acusado al TdA de efectuar trabajos sucios para el gobierno, como atentar contra disidentes venezolanos en el exilio (por ejemplo, Chile reveló en 2025 que un opositor fue asesinado por encargo del gobierno usando al TdA). Esta politización convierte a esa banda en casi un grupo paramilitar, difuminando totalmente la frontera crimen/terror/Estado. En México, a menor escala, se han denunciado pactos locales entre autoridades y cárteles que permiten a estos operar; cuando esos pactos se rompen, el narco responde con terror para restablecerlos. Vale decir que ISIS también jugó con apoyos encubiertos (se ha especulado sobre financiamiento de ciertos donantes del Golfo, etc.), pero en Latinoamérica es más un asunto de corrupción y Estado capturado: los grupos criminales aprovechan instituciones débiles para infiltrarse o comprar protección, lo que les da impunidad para usar tácticas extremas sin castigo.
IV. Conclusión
Las organizaciones criminales latinoamericanas han evolucionado peligrosamente al incorporar tácticas de terror y propaganda propias de grupos extremistas como ISIS. Si bien los objetivos finales difieren – los cárteles buscan lucro y hegemonía criminal, no instaurar califatos – la línea divisoria entre crimen organizado y terrorismo es cada vez más tenue en la práctica. Vemos cárteles con drones-bomba y guerrillas en TikTok, pandillas que decapitan enemigos y mafias que reclutan hackers: una suerte de “hibridación” donde el narco aprenden del terror y viceversa. Esto plantea enormes desafíos a la seguridad: obliga a repensar estrategias, desde la cooperación antiterrorista internacional aplicada al crimen (por ej., sanciones globales, designaciones, inteligencia financiera) hasta enfoques integrales que ataquen las raíces sociales que alimentan a estos grupos.
En última instancia, la convergencia de tácticas no significa que estos grupos sean lo mismo que ISIS – carecen de la dimensión ideológico-religiosa global – pero sí utilizan medios igual de letales e intimidatorios, amenazando la estabilidad de naciones enteras. Como señalaba un ex agente de la DEA sobre el Tren de Aragua, “lo que los distingue es su nivel de violencia: no conocen límites porque nadie los había confrontado seriamente hasta ahora”. Esa descripción encaja igualmente con los cárteles hiperviolentos de México o las pandillas que siembran caos en las calles brasileñas. La respuesta de los Estados, aunque aún insuficiente en muchos casos, va desde acciones enérgicas (legales y operativas) hasta intentos de paz y reinserción. Queda claro que, para desactivar esta amenaza híbrida, se requerirá combinar fuerza, inteligencia y reformas profundas que recuperen el control del Estado sobre su territorio y ofrezcan alternativas a las poblaciones bajo la sombra del narco-terror. Sólo así se podrá frenar esta inquietante “ISIS-ización” del crimen organizado latinoamericano antes de que arraigue irreversiblemente.
Cristian Rodríguez Jiménez. Criminólogo especializado en Terrorismo y Radicalización Violenta. Analista en Seguridad Física.
