Por Joan Ramos Martínez
El sistema de justicia en nuestro país ha tenido importantes cambios, sobre todo a partir de la reforma Constitucional de 2008, mucho se ha escrito y enfatizado sobre los temas procedimentales, aspectos importantes sobre estrategias de litigación, interrogatorio, contra interrogatorio, incorporación de prueba, y sobre todo, líneas de pensamiento para la valoración de la prueba (razonamiento probatorio), todos estos avances sustentados en técnicas y métodos son llevados a la práctica una vez incitado el procedimiento, dejándose de lado la parte que incita la máquina y estructura de la investigación criminal.
Lo anterior atiende a el problema que ha sido la punta de lanza desde el sistema inquisitivo adversarial, hasta nuestros días, y me refiero a la participación de los primeros respondientes en su actuar sobre la detención de los ciudadanos, que sobre las estadísticas demuestra varios factores, entre estos la falta de capacitación, poca remuneración y sobre todo la fabricación de delincuentes, sobre este aspecto, interesa resaltar el nivel educativo de los policías de la ciudad de México, en el cual las cifras de INEGI arrojan que alrededor del 53% de los policías municipales y estatales en México tienen como escolaridad máxima la secundaria, y en algunos casos ni eso, son analfabetas o sólo tienen la primaria.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, en sus índices refleja que el nivel educativo se encuentra dentro de los siguientes rangos:
- 84 policías en el país son analfabetas
- 672 no tienen escolaridad
- 2 mil 563 tienen la primaria
- 13 mil 655 primaria trunca
- 7 mil 393 secundaria incompleta
- 161 mil 353 estudiaron la secundaria
Lo anterior refleja que los policías de nuestro país no cuentan con la capacitación adecuada para llevar a cabo sus funciones como primeros respondientes, y que el resultado de ello debiese tener como resultado, una ola incontenible de impunidad por no realizar correctamente las detenciones, o en su caso la correcta protección de indicios en el lugar de los hechos (cadena de custodia, sin embargo la realidad demuestra todo lo contrario, día a día se generan más vinculaciones a proceso, así como prisiones preventivas justificadas, y lo anterior obedece a varios factores, principalmente a la fabricación de delincuentes por parte de los primeros respondientes (policías), que sin duda, ni las autoridades ni mucho menos las partes que contienden han levantado la voz para intentar cambiar dicha actividad que ya es común (recomiendo la lectura del Lic., IRVING REGINO, misma que se encuentra en esta revista y lleva por título (LA FABRICACIÓN DE CULPABLES POR SÚPER POLICÍAS CAPITALINOS), actividades que han generado el crecimiento del índice de detenidos bajo la constante de el actuar de los agentes del orden, inventando hechos, escenas, sembrando instrumentos y generando, sin duda alguna, más resentimiento social e impunidad.
Lo anterior sin duda, tiene relación directa con el impacto del nivel educativo de los policías primeros respondientes, (que como ya quedo claro es demasiado bajo), en la impartición de justicia, en todas sus etapas, puesto que, la impresión que genera la escases de capacitación y educación, debiese generar menos detenidos y una creciente ola de impunidad de delincuentes por no realizar de forma adecuada sus funciones, sin embargo, han demostrado desarrollar de manera muy precisa, el dominio de la legislación para lograr que las personas que son víctimas de su actuar, se queden privadas de la libertad, dejando claro que las fiscalías no realizan ninguna actividad investigativa para verificar la veracidad del actuar de los aprehensores, lo que les garantiza pasar el primer filtro, y si a eso le agregamos que la función de estas últimas es incrementar los índices de detenciones, los ciudadanos pasan por una revictimización, por que se busca lograr que se cumpla lo expuesto por lo primeros respondientes respecto a la verificación del ilícito que se pone a su consideración.
En este orden de ideas, queda claro que, la falta de educación y capacitación de los policías en nuestro país, no es límite ni mucho menos obstáculo para realizar de forma adecuada sus funciones, lo que contrasta con la realidad, lo mas preocupante es que dicho analfabetismo, supera a los letrados en sede judicial, que aunque con un sinfín de avances en el conocimiento de la aplicación de las fórmulas jurídicas más exquisitas para llevar acabo una audiencia, con métodos y técnicas específicas, son rebasados por una sencilla, concreta, y fácil fabricación de culpables.
Dr. Joan Ramos Martínez, especialista en defensa penal por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública; catedrático y postulante en materia penal.
