Por Eduardo Martínez-Bastida
?Para el Ingeniero José Abed Roaunett (DEP).
La relación entre el poder y el derecho penal es variable. Así, por ejemplo, Max Weber estudia el atributo que da legitimidad al poder: el derecho. En tanto que Hans Kelsen analiza aquello que da efectividad al derecho, es decir, el poder.
La relación entre el poder y el derecho penal se construye desde la significante política criminal. Esta última, es el conjunto de actividades estaduales que crean mecanismos de control social y poder punitivo para forcluir al homo sacer.
El poder punitivo, también entendido como el derecho del Estado a castigar, debe operar administrado por el derecho penal. No obstante, sucedió lo opuesto: el derecho penal se constituyó en la violencia que sostiene al pacto político, al ser gestionado u orientado por el poder punitivo.
Aunado a esto, de la sociedad del cansancio emergieron la persona y el pensamiento unidimensionales que dieron lugar a una única forma de entender el mundo: el tener hasta el cansancio. Esta lógica de actuación humana, gestada desde el poder, ha permitido que todas las formas del mundo se vuelvan líquidas y que la persona, a través de fuerzas ideológicas y económicas, ingrese a un proceso de cosificación y algoritmización del cuerpo al grado de convertirla en simples datos y/o mercancía, susceptible de ser eliminada y/o enemizada.
Según Luis Recasens Siches, el derecho es vida humana objetivada. Ahora, el derecho y el Estado presentan síntomas de liquidez y cansancio que se agudizan en el momento en que se ahoga el metarrelato ideológico que encubría al derecho penal, lo que ha permitido exhibir su esencia: un constructo de violencia que opera bajo la forma de la excepción.
Respecto de este tema en particular, Zygmunt Bauman en el texto Retrotopía indica que de resultas de todos esos cambios, el Estado, a todos los efectos prácticos, ha cambiado su antiguo rol de defensor y guardián de la seguridad por el de uno más (puede que el más eficaz) de los muchos agentes que contribuyen a elevar la inseguridad, la incertidumbre y la (des)protección a la categoría de condiciones humanas permanentes
Entonces, si el Estado y sus aparatos se han vuelto inciertos e inestables y la sociedad se ha desentendido del ser y se ocupa únicamente del tener, este escenario ha facilitado la construcción de la contemporánea política criminal de excepción que, en última instancia, contiene la relación más clara entre el binomio derecho penal y poder: violencia que ordinariza su actuar en el conglomerado societal.
Eduardo Martínez-Bastida
Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Abogado Postulante. Profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Facultad de Derecho de la UNAM
