Por María del Mar Gallegos Ortiz
Twitter @MarGallegosO
El poder en cualquiera de sus formas y acepciones va a controlar las relaciones humanas, sean estas acertadas o conflictivas. Estas relaciones pueden concebirse en diferentes ámbitos. En el ámbito de lo legal se ha establecido históricamente un lazo inseparable entre la vigilancia y el castigo desde lo punitivo como herramienta para el saneamiento y el orden social. La criminología como una ciencia interdisciplinaria ha atravesado diferentes territorios, siendo la antropología y la sociología, tal vez los más importantes, en tanto son disciplinas que asumen como base el accionar del ser humano en relación con su contexto y cómo en éste interviene la justicia.
El siglo XIX, centuria de cambios trascendentales tanto en la construcción del pensamiento, del alcance de las ciencias, el desarrollo de las tecnologías y el fortalecimiento del positivismo va a ser fundamental para comprender el accionar del ser humano dentro de una sociedad en constante proceso de transición, momento en el que aparece la teoría de la criminología de la mano de importantes pensadores y científicos que necesitaron anclarla en lo penal para darle rigor.
Lombroso va a destacar su teoría de los criminales desde la fisonomía del mismo, desde el momento del nacimiento; es decir, su aspecto físico determinaría su destino como potencial transgresor; cabe recalcar que el tratamiento del delito no fue algo novedoso del siglo XIX. El análisis que se hace sobre las conductas criminales dentro de las sociedades data de la Edad Clásica y va a tener repercusiones en cada uno de los estadios de la humanidad, siendo la Edad Media la impulsora del castigo institucionalizado por la monarquía y la iglesia católica; no solamente del criminal sino de todo aquel que cuestione el papel del poder en todas sus formas. La conducta rebasaba la condición humana como tal, y hombres y mujeres pasaban a otra categoría, a la de la naturaleza animal por encima de la razón y del Logos.
En el siglo XX con el advenimiento de la modernidad, el fortalecimiento de las potencias mundiales: Francia e Inglaterra a la cabeza, posteriormente los Estados Unidos, la criminología va a cobrar un rumbo diferente, pero va a seguir trabajando sobre los sistemas punitivos, muy analizados y criticados por los teóricos contemporáneos, sobre todo por los post estructuralistas con Michelle Foucault a la cabeza. El antiguo concepto que se tuvo sobre las clínicas, las penitenciarías, panópticos y demás reclusorios difícilmente va a borrarse del imaginario y por ende de la construcción de una sociedad sin amenaza de peligro.
Lo anormal desde una perspectiva histórica va a seguir siendo lo políticamente incorrecto, la transgresión a la moral y a las buenas costumbres, lo monstruoso, sea físico o un acto desaprobado; entre otras determinantes es lo que va a poner en el debate nuevamente el tratamiento del delito enquistado en la penalización más no en el tratamiento de una solución; entonces el delito finalizará con el encierro. Que los muros, la vigilancia, la lógica penal moderna va a acabar con los actos delictivos, ha sido y es un cuestionamiento que a pesar de ser tratados en la academia y desde las humanidades no deja de salirse de la realidad en que vivimos: dicotómica, contradictoria y hereditaria de un siglo que privilegió tanto las libertades del pensamiento, así como instauró una sociedad disciplinaria en la que seguimos pernoctando y donde el cuerpo del ser humano sigue siendo violentado, sin ser estudiados como seres humanos en tanto el trasfondo de sus vidas, o de las voluntades del delito como tal.
El Ecuador parece haberse quedado en la idea del cuerpo violentado, pensando en que el castigo será la solución de la violencia y de la delincuencia; olvidándose que la prevención es parte de la solución, y no solo la reacción; olvidándose que ese ser humano es consecuencia del descuido del Estado, no reconociendo que el mismo Estado ecuatoriano se ha convertido en un agente criminógeno, y si se quiere creer que esto no es cierto, basta con decir que ni siquiera existe un Plan Nacional de Política Criminal, hay esfuerzos dispersos, pero ya saben el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.
María del Mar Gallegos Ortiz
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Abogada penalista, máster en criminología por la Universidad de Melbourne, especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, litigante y docente universitaria.
