Son muchas las razones que se atribuyen al mal funcionamiento de la Institución del Ministerio Público en México y, sin duda, en todas las versiones existe un alto grado de veracidad.
Hay quien ve reflejadas las anormalidades o deficiencias en la procuración de justicia en nuestro país en los altos índices de impunidad, atribuyéndolas a la falta de profesionalismo tanto de los agentes del Ministerio Público como de su auxiliar inmediato que es la policía de investigación; se le considera una autoridad altamente burocratizada, que si uno acude a sus oficinas, lo primero que se aprecia son carpetas de papel aletargadas apiladas una sobre otra y que, seguramente, dormirán por algunos años en los archivos.
También, al acudir las víctimas a una agencia del Ministerio Público, se encuentran -en la mayoría de los casos- con personas inhumanas, déspotas, insensibles e indiferentes ante el agravio sufrido, olvidando ya no digamos que se trata de una persona que tiene derechos por el solo hecho de serlo, sino que, además, se olvidan que la víctima u ofendido son -ante todo- contribuyentes en el pago que se les da a los servidores públicos con sus impuestos.
Alguna vez oí decir a una víctima: “al llegar a la oficina del Ministerio Público y entrar a una oficina oscura, sucia y mal oliente, se me fueron las ganas de denunciar; me atendió de mala gana un tipo somnoliento con mirada morbosa, sobre su escritorio había muchísimos papeles y, por la forma en que me pidió una copia de mi credencial de elector en ese momento, desistí de mi propósito de que se me hiciera justicia”.
Son innumerables las razones que se vierten tanto al interior de esa institución como desde los ámbitos académicos, de los medios masivos, de quienes nos dedicamos a la postulancia y del público en general del por qué la labor de las fiscalías deja mucho que desear, atribuyendo sus fallas a múltiples motivos, entre los que destacan: el escaso presupuesto, infraestructura obsoleta y deficiente, la falta de equipos y de insumos, la falta de personal, los deficientes procesos de selección y el nulo o incipiente servicio profesional de carrera, la inseguridad laboral que se origina en los relevos gubernamentales sexenales, los escasos salarios, la falta de prestaciones y, sobre todo, la escasa o nula capacitación o actualización de quienes tienen encomendada la delicadísima labor de esclarecer los hechos delictivos y procurar justicia.
Las anteriores razones por las cuales se atribuye la mala procuración de justicia en México no son exclusivas de ese sector, ya que la infraestructura obsoleta, la falta de equipos y de insumos, escaso presupuesto, la falta de personal capacitado, etc., son también problemas que tienen los sectores de salud, educativo, de comunicaciones y transportes, vialidades, aeroportuario y demás instituciones públicas.
A decir del Maestro Jorge Garduño Garmendia, la institución del Ministerio Público, como la conocemos hoy en día, nació en Francia, que -por cierto- fue el primer país en tener una policía científica.
Muchos países se inspiraron en el modelo francés y, aunque con diferentes denominaciones, nacieron para esclarecer y perseguir los delitos y ejercer la acción penal ante los juzgados; en países anglosajones se le denominó “Atorney General”, en países socialistas se le llamó la “Prokuratura”, en algunas latitudes “Fiscalía”, en otras “Ministerio de Defensa Social” y, en México, como en muchos otros, se le denominó “Ministerio Público”.
El Ministerio Público en México nació con buenos propósitos, fue instituido por versión del doctor Marco Antonio Díaz de León por Maximiliano de Habsburgo con el fin de frenar los abusos que se daban en aquella época, para perseguir y enjuiciar a salteadores, gavilleros, forajidos y abigeos homicidas.
Esta vilipendiada y criticada institución en México ha venido a menos pues, efectivamente, muy poco en tiempos actuales ha podido hacer para contener la impunidad y los altos índices de delitos graves y de alto impacto; comentábamos hace poco con algunos colegas litigantes que antes, en tiempos ya muy lejanos, la gran mayoría de abogados pretendíamos ser agentes del Ministerio Público, lo que también era un honor, era un cargo público muy competido, había que tener nexos políticos muy fuertes para poder tener ese otrora anhelado, envidiado y oneroso nombramiento, incluso a principios del siglo pasado el cargo de agente del “Ministerio Público” en las entidades federativas era otorgado directamente por los gobernadores y, tenía en provincia y lugares muy apartados o de accidentada geografía, mayor peso político que los mismísimos presidentes municipales o jueces de primera instancia. Hoy es todo lo contrario.
En la actualidad la gente y los medios masivos perciben al funcionario que representa a la institución y demás personal que en esas oficinas labora, como empleados burocráticos con grandes cargas de trabajo, atiborrados de expedientes, que perciben muy bajos salarios a los cuales el público puede gritar y, con aspavientos, exigir, pregonando su cercanía con los medios masivos, con políticos o gente allegada al poder. Que la gente exija no es malo pues la sociedad es la que paga y el que paga manda, pero la figura del Ministerio Público debe, para poder cumplir con sus funciones, tener la fuerza, la decisión, el señorío y la percha que lo caracterizó en el pasado, sin descuidar, desde luego, su eficiencia.
El Ministerio Público se caracteriza ahora por su autoridad mermada, pues ya no tiene la legitimidad que lo caracterizó por mucho tiempo, el abogado de la sociedad necesita salir de su letargo y volver a ser una institución imponente y respetada como en antaño; alguna vez, sin querer, escuché una conversación de dos colegas litigantes, ambos de la tercera edad, que dijeron lo siguiente refiriéndose a los años cuarenta –seguramente-, lo que les comparto para su reflexión: “los agentes del Ministerio Público y detectives eran abogados muy preparados, de buen vestir, que usaban finos trajes, sombreros de fieltro y gabardinas imponentes, era una institución de resultados”.
Son muchas cosas que se pueden decir de nuestra institución del Ministerio Público mexicano a las que se achacan sus fallas, mismas que se traducen al final en impunidad; el que no haya presupuesto resulta comprensible y esto traerá falta de personal, de capacitación, de infraestructura, de insumos, etc., pero lo que es inadmisible es la corrupción y este es un mal que existe no sólo en México, sino en muchos otros países subdesarrollados.
Se dice que la corrupción del Ministerio Público y la policía en México es su principal mal, lo que ha originado la incredulidad de la gente, su falta de ética es tan grave que ha inventado culpables en casos relevantes y, para colmo de males, en un caso de resonancia internacional durante el gobierno de Ernesto Zedillo tuvimos un fiscal que, para esclarecer el asesinato de un político, contrató los servicios de una bruja, lo que -sin duda- a nivel mundial, en materia de procuración de justicia, nos dejó mal parados a los mexicanos.
Para concluir, la institución del Ministerio Público en México tiene que volver a nacer, pues nació deforme, su principal falla no es ninguna de las que se han expuesto, aunque -desde luego- inciden en su mal funcionamiento. Su mal principal es depender del titular del Poder Ejecutivo, aunque esa realidad se ha querido disfrazar.
Al redactarse nuestra actual Constitución de 1917, muchos diputados del Congreso Constituyente quisieron quedar bien con el presidente Carranza para impulsar sus carreras políticas, al redactar el artículo 89 que establece las facultades y obligaciones del Presidente de la República le concedieron al titular del Ejecutivo Federal más atribuciones que al mismísimo presidente “gringo”, entre ellas, nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, entre los cuales se encontraba el Procurador General de la República, quien, a su vez, nombraba a sus amigos subprocuradores y estos, a su vez, a los agentes del Ministerio Público y demás funcionarios, eso mismo se replicó en los Estados, de tal suerte que la institución obedece a intereses de grupo, resuelve atendiendo “línea” y no los verdaderos intereses sociales.
En 1995 el Estado de Tabasco quiso cambiar las formas, su Congreso nombraría al Procurador de Justicia de una terna que le enviaría el gobernador, dando con ello una sensación de democratización de la institución persecutora de los delitos y de atención a la legalidad y defensa de los intereses individuales y colectivos, lo cual no era más que una pantomima; de ahí la Federación y el resto de las entidades federativas adoptaron ese ritual y, en la actualidad, sucede lo mismo: los fiscales generales son nombrados por los Congresos de una terna turnada por los titulares del Poder Ejecutivo, misma que ya lleva el “Visto Bueno”.
En países donde el titular del Ministerio Público es completamente independiente del Ejecutivo se ha avizorado menor impunidad, más transparencia y rendición de cuentas e, incluso, por esa situación algunos Presidentes de la República han sido procesados y encarcelados. Eso en México parece lejano, pues también se dice que, en esencia, el Ministerio Público fue un invento de la monarquía para tener de la mano a la magistratura.
Dr. Cuauhtémoc Granados Díaz
Ex agente del ministerio público, ex director de prisiones, ex secretario de seguridad pública, Profesor Investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
