Por Mauricio Obreque Pardo
Se discute mucho en la doctrina sobre si solo son los órganos y agentes del Estado quienes pueden cometer actos de violación a los DDHH. En Chile, a propósito de los deleznables actos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura militar, la ciudadanía sufrió a manos de agentes del Estado la violación masiva y sistemática de DDHH a través de torturas y desapariciones. El parámetro existente, por tanto, para estimar cuando existe o no violación a los DDHH era bastante preciso, y los ejemplos, lamentablemente, se cuentan por miles.
Ahora, desde el año 2018 se produjeron también masivas protestas en Chile y Colombia, con características similares, donde los respectivos gobiernos respondieron también de forma parecida utilizando mecanismos de represión coordinada a través de las policías. Resultado de ello fueron cientos de personas que sufrieron mutilaciones oculares a partir de la utilización desmedida de la fuerza pública contra manifestantes. Nuevamente no hay discusión respecto al origen de la violación a los DDHH de manifestantes, claramente es el Estado.
Sin embargo, ocurre con lamentable frecuencia también en Latinoamérica que cada cierto tiempo, surgen grupos de personas que adquieren poder económico y militar que rápidamente escala y se posiciona de forma paralela al Estado. Grupos armados urbanos o rurales que adquieren control territorial, desplazando a los órganos públicos y a los sistemas de justicia. Grupos armados que desde dicho control territorial se organizan, detentan el monopolio de la fuerza e imponen su voluntad sobre las personas que habitan ese territorio controlado.
Hay quienes para salvar su vida y bienes deben escapar de dichos grupos, convirtiéndose en desplazados, desamparados por el Estado y sus órganos que, impotente, o simplemente inactivo, no quiere, o no puede enfrentar a dichos grupos que contestan su Poder. Creo que es necesario comenzar a aceptar que dichos grupos si ejercen de facto las mismas funciones que el Estado primitivo, entonces son sujetos activos en la violación de DDHH, que puede alcanzar también los niveles de generalidad y sistematicidad que tantas veces se exige a los agentes estatales en los mismos supuestos.
En Chile, operan al menos tres grupos armados con organización, control territorial y recursos que han desplazado completamente al Estado de zonas completas del territorio, realizando acciones de sabotaje, asesinato, destrucción de propiedad privada, extorsión, bloqueo y control de acceso a zonas territoriales controladas por dichos grupos. La ausencia de Estado causa la proliferación de actividades ilícitas en dichas zonas como el tráfico de drogas y la tala indiscriminada de bosques y su venta en el mercado negro. Quienes viven en dichas zonas deben someterse a la voluntad de los grupos armados que operan sobre ellos.
No se trata de meros delitos comunes, sino que estamos frente a una sistematicidad de actos de una magnitud distinta, que reemplaza al Estado en sus funciones básicas de seguridad, justicia, y presencia territorial. Quienes realizan dichos actos son grupos organizados, con una jerarquía, medios y objetivos, por lo que contestan el poder estatal sobre las personas que habitan en sus territorios controlados.
Creo que es necesario categorizar estos actos, ya no como atentados contra el orden institucional, y, por tanto, como delitos comunes, sino que como actos de proto estados paralelos, que por su magnitud y relevancia son capaces de ser constitutivos como violaciones de DDHH y como tal debe ser investigados, reprimidos y castigados no solo por el Estado contestado, sino que por toda la comunidad internacional.
Mauricio Obreque Pardo
Desde la ciudad de Valdivia, Chile,
Abogado, Magíster en Derecho Penal.
Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos
Especialista en Derecho Administrativo y Sistema Financiero
@obrequemauricio
