Por: Imelda Nathaly González Guevara
Profesora de la Facultad de Derecho
Son la postal de un país en guerra que no habla de la guerra, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Resulta inquietante conocer la historia de los niños de Ayahualtempa, -claro que también de la comunidad en general, pero el tema de los menores tiene matices que abruman en demasía.- Se trata de pequeños severamente afectados en diversas esferas a causa de las delincuencia organizada que se ha recrudecido en su zona.
Fue en abril de 2021 cuando la comunidad de Ayahualtempa se vio en la necesidad de incluir a menores de edad dentro su cuerpo armado de vigilancia comunitaria como consecuencia del asedio que sufren por parte del grupo delincuencial Los ardillos, quienes ejercen un violento dominio a lo largo de la zona de la montaña baja de Guerrero.
La pequeña comunidad cuenta con alrededor de 800 miembros y tiene un alto índice de pobreza extrema y marginación, sus niños, entre otras cosas, carecen de escuela secundaria y acceso a internet, es por ello que si desean estudiar, deben caminar a una pueblo cercano, hecho ahora imposible por el temor de ser levantados y no poder volver.
Considerando el amplio catálogo de derechos constitucionales, más los diversos reconocidos por México en los múltiples instrumentos internacionales, es preocupante observar que ni el más mínimo de ellos se cumple a cabalidad en esta comunidad de Guerrero (sí, el mismo en el que desaparecieron aquellos 43 normalistas).
Hemos normalizado que esos niños no coman, que sean analfabetos, jornaleros agrícolas ya nos acostumbramos a que los indios se mueran temprano pero ¡cómo se van a armar!, ironiza agudamente Abel Barrera, antropólogo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Son dos las principales exigencias de los pobladores: Seguridad y educación.
No es nuevo ni desconocido que en nuestro país muchas poblaciones son tierra de nadie, en donde la delincuencia puede actuar a su antojo y sin inmutarse.
Mucho critican y condenan el Estado, la iglesia y los grupos protectores de los derechos de la infancia al ver que los menores son utilizados dentro de las filas armadas de la población, sin embargo, ello no es más que una consecuencia de la ineficacia e indiferencia de las autoridades; de la desesperación y el miedo de los pobladores, así como la necesidad de autoprotegerse cuando nadie más se ocupa de ellos.
No quieren más discursos ni promesas, visitas o atención esporádica, reclaman eficacia en la seguridad y las instituciones, pues a estas alturas ya no se sabe quién es quién.
Imelda Nathaly González Guevara Maestra en Derecho, Profesora de la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México
