En la actualidad el escenario de la policía en México implica una realidad que ha obligado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a llevar a cabo acciones tendientes a una mejor capacitación de los cuerpos de seguridad pública, quienes a partir de la reforma penal de 2008 forman parte esencial de la investigación de un hecho que la ley señale como delito, particularmente en temas relativos a la cadena de custodia y manejo de indicios en el lugar de los hechos y/o del hallazgo, pues si bien siempre han existido protocolos o manuales de actuación, en los últimos años se han emitido o modificado un buen número de ellos, cuyo objeto es fijar los criterios y orientaciones que deben guiar el proceder de los elementos de policía a través de una serie de instrucciones que se fijan por convenio.
A su vez, tratándose de casos de violencia familiar, se hace necesaria la intervención de los cuerpos policiales, la cual es vital para controlar los actos y prevenir otros de mayor magnitud, así como para proteger a las víctimas, recabar y aportar los datos necesarios a la autoridad que conozca de los hechos y aplicar la ley al caso en concreto, ya que, recordemos, la conciliación o el uso de medios alternativos, por mandato convencional (Convención Belem Do Para), no procede en casos de violencia contra las mujeres.
Al respecto cabe precisar que un protocolo es un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. Un protocolo no es una ley reglamentaria como muchos la consideran, pues aquel a diferencia de la ley se distingue principalmente por el procedimiento y órgano que los emiten.
De este modo, toda vez que las policías cuentan con facultades investigativas bajo el control del Ministerio Público, en el caso de asuntos que importen violación de derechos de género deberán conocer e implementar procedimientos que les orienten en el manejo de las situaciones que ahí se presenten, respondiendo a las necesidades de las víctimas mediante acciones concretas de prevención y atención.
Para ello existe el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género dictado en primer momento por la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal y publicado en noviembre del 2010, mismo que fue retomado y engrosado por la actual administración federal a través de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que regula y concentra procedimientos establecidos en leyes de orden nacional y tratados internacionales a fin de dotar a los cuerpos policiales del procedimiento idóneo y efectivo que garantice una respuesta adecuada ante la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito familiar.
Permitiéndoles identificar de manera oportuna los casos de violencia, implementar acciones tendientes a la protección y seguridad de las víctimas y aportar elementos necesarios a la autoridad ministerial que conozca de los hechos, hasta mejorar sus habilidades de interacción con las víctimas, propiciando un ambiente de confianza y protección que les conduzca a detectar las principales necesidades, situaciones o problemas asociados a su situación para brindar el apoyo necesario e inmediato, orientándolas o dándoles a conocer alternativas institucionales o sociales que apoyen el enfrentamiento de su situación de violencia; lo anterior siempre teniendo presente impedir una re victimización al presentarles un trato y auxilio inmediato, respetuoso y digno, considerando los efectos del impacto de la violencia en las víctimas, salvaguardando la integridad física, emocional y sexual, mediante acciones de seguimiento que prevengan actos futuros de violencia familiar y/o posibiliten una intervención inmediata.
A su vez, el análisis e interpretación de diversos tratados internacionales ha propiciado que los cuerpos de policía sean capacitados en temas referentes a derechos humanos, lo que sin duda alimenta la esperanza de que cada vez más nos aproximamos a contar con una policía más competente y sensible en temas de capital relevancia.
Derivado de lo anterior, una vez que la observancia de los lineamientos previstos en los protocolos comience a reflejarse en el proceder de la policía habrá un aumento considerable en la confianza en la procuración de justicia, pues en esa medida comienza el arranque de una investigación eficaz que ataca directamente la impunidad, lo cual exige sea realizado por servidores públicos profesionales con capacidades y facultades indispensables para el trato digno a las víctimas y, su vez, el combate a la delincuencia, siempre con plena observancia a los derechos humanos de todas las personas.
Aunado a lo anterior, nunca será suficiente recordar los ejes o rubros que deben atenderse para favorecer un adecuado desempeño policial, a saber: capacitación suficiente y adecuada, profesionalización, dignificación de condiciones laborales y equipamiento e infraestructuras apropiadas.
Lo anterior debe llevarse a cabo a fin de fortalecer y restablecer la dañada imagen de la policía en México debiendo establecerse expresamente en los ordenamientos legales correspondientes y hacer de ello una poderosa campaña de difusión pública que nos involucre a todos, pues si bien la tarea de garantizar la seguridad pública a la ciudadanía se deposita en el Estado -cuya cabeza es el ejecutivo federal-, los ciudadanos debemos respaldar todas aquellas acciones encaminadas remozar las instituciones que se han erigido y existen únicamente para atender las necesidades más apremiantes de la sociedad.
Sonia Zavala López
Doctora en Derecho, Especialista en Derecho Penal sustantivo y adjetivo, Derechos Humanos y Política Criminal. Coautora en la edición mexicana del libro Política Criminal: Viejos Problemas, Nuevos Desafíos. Autora del libro Feminicidio, Expresión de Derecho Penal Simbólico.
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