Dado la notable presencia de políticas de seguridad de mano dura y la constante polarización de los modelos actuales, resulta imperativo reflexionar en cuanto a las opciones existentes en el ámbito penitenciario. En este contexto, ¿Cuál es el derecho primordial a garantizar en las instituciones de ejecución penal?, esto es, de las instalaciones carcelarias y el aparato de justicia para la reinserción, garantes de estos derechos.
En primer lugar, se encuentra el derecho a la vida y la integridad, considerado como, la capacidad de impedir la expresión de violencia institucional contra las personas privadas de su libertad, es decir, el tipo de violencia en la que el estado es responsable de atentar contra la vida de quienes están en las instalaciones carcelarias (malos tratos, tortura, masacres carcelarias, omisión de responsabilidades, falta de servicios básicos, médicos, etc.).
De igual manera, la autoridad debe asegurar que ninguna persona privada de libertad pueda ejercer violencia contra la vida de otros y prevenir que no puedan causar ningún riesgo contra su propia existencia. Lo que significa combatir la violencia estructural sistemática y al mismo tiempo, disminuir la debilidad institucional que vulnera el derecho a la seguridad y protección de la vida de las personas privadas de su libertad, el personal y los visitantes a las instalaciones de internamiento.
La dignidad humana es el segundo derecho, que se encuentra en la perspectiva intrínseca de la institucionalidad penitenciaria, es decir, pensando “desde dentro de la caja”, a pesar de mi conexión con diversos planteamientos que, en vista histórica de los resultados y los costos elevados de los diversos modelos carcelarios, proponen un cambio radical del sistema.
No obstante, en este caso, la base de la argumentación es que, mientras existen las prisiones, sus condiciones deben asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales, aunque, sin duda, en ciertas situaciones esto tiene como consecuencia el perpetuar un sistema obsoleto y perjudicial. Sin embargo, esta opinión constituye una cuestión que requiere de una discusión adicional.
En 2018, trabajando para el Sistema de Penitenciario como director ejecutivo, tuve la oportunidad de coordinar conforme a las directrices de la unidad administrativa responsable de generar la política de las prisiones en la entidad, el equipo que elaboró el Modelo Humanista y de Derechos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, teniendo como referencia el Modelo Humanista de Costa Rica.
Se trabajó con una metodología etnográfica y evidencia documental con un reducido equipo de operadores del mismo sistema de prisiones, quienes aportaron, desde su experiencia, las mejores y más necesarias prácticas.
Se enriqueció mediante una perspectiva transversal bajo el principio de corresponsabilidad con otras instituciones locales, así como de manera relevante con la participación de oficinas de cooperación internacional como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNOCD y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de la Ley INL, de la Embajada de Estados Unidos. Algunos de los elementos que conformaron este modelo fueron:
La capacitación especializada de los operadores del Sistema de Ejecución Penal, tanto en el País como con Institutos Correccionales en el extranjero, la incorporación de buenas prácticas para la reinserción bajo estándares e indicadores de cumplimiento y la integración del modelo de gestión y atención penitenciario al sistema de acreditación internacional, gracias al apoyo de la Oficina de INL en México.
Asimismo, se llevó a cabo la certificación del Personal Directivo en la Promoción de la Aplicación de las Reglas de las Naciones Unidas “Reglas Mandela” a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE y la vinculación de los programas de reinserción sociolaboral de las PPL con el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER, con el objetivo de fomentar sus posibilidades de empleabilidad y disminuir la reincidencia. Lo cual fue posible lograr como se expone en el “Estudio Sobre la Disminución de la Reincidencia Delictiva a través de Modelos de Intervención basados en la Capacitación y el Trabajo” (Sánchez, México, 2022).
También se creó y publicó el Manual del Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad” con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, (UNODC, 2022) y el Registro de la primera marca penitenciaria en México en 2019: Hazme Valer ®, con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, IMPI.
Entre otros programas, se destacan aquellos que resultaron factibles debido a dos características: la formación de un equipo de trabajo excepcional y un verdadero compromiso institucional, no solo de los operadores del sistema, sino fundamentalmente de los titulares de este.
Aunque las prisiones en pocas ocasiones han sido objeto de debates en las campañas electorales, en la actualidad, la discusión sobre los sistemas de inocuización y modelos de mano dura ha posicionado su análisis como un elemento estratégico en la percepción orientada a mejorar las condiciones de seguridad. Por esta causa, es fundamental tener en cuenta las estrategias que pueden aportar al debate desde una perspectiva humanista.
¿Qué perspectivas se deben tener en cuenta en la elaboración de una política penitenciaria en el contexto de las propuestas de campaña, como parte de la reforma del sistema de justicia de ejecución penal?
En el año 2022, se emitió el informe sobre la reducción de la reincidencia de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual participé junto con un amplio grupo de expertos de diversos países. El informe contiene un resumen de las deliberaciones, compuesto por tres Observaciones Generales y cuatro grupos de prácticas, divididos en: I. El empleo de Medidas No Privativas de Libertad para Prevenir la Reincidencia; II. Los Modelos de Intervención para la Reinserción en el Entorno Penitenciario; III. La Supervisión y Apoyo Efectivo a los Delincuentes en la Comunidad y IV. La Medición del Impacto de las Estrategias para Reducir la Reincidencia.
De manera general, las conclusiones alcanzadas hacen mención sobre los esfuerzos para disminuir la reincidencia a partir de “un enfoque global y multisectorial que incluya no solo las medidas dentro del sistema de justicia penal, sino también las medidas externas al mismo. Siendo imprescindible para reducir la reincidencia abordar las causas sociales fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, las desigualdades sociales y la discriminación, incluidas las relacionadas con el género”. Además de promover un auténtico compromiso político para generar cambios y la realización de estrategias de cooperación interinstitucional entre la administración penitenciaria y organismos externos, bajo el principio de corresponsabilidad.
En la misma medida, resulta de suma importancia el diseño de “programas de justicia restaurativa para reducir la reincidencia, tanto como medida de remisión como alternativa o complemento a las intervenciones de la justicia penal existentes en todas las fases del proceso de justicia penal.”
En cuanto a los programas de rehabilitación, “teniendo en cuenta que los entornos penitenciarios no favorecen por sí mismos la reinserción social, ya que rompen los vínculos con la comunidad, el uso efectivo de las medidas no privativas de la libertad en todos los casos debe promoverse como algo beneficioso para reducir la reincidencia”, entre otras cosas permitiendo mantener sus relaciones y su conexión con la realidad.
Otra importante contribución para la construcción de políticas de seguridad basadas en evidencia es la realizada recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con el lanzamiento de la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia, considerando como uno de los ejes estratégicos el diseño de políticas y programas de reinserción social, con el objetivo de facilitar el acceso a la evidencia científica disponible, sobre el grado de efectividad de las soluciones existentes, identificando los niveles de eficacia de los modelos de intervención. Documentando solo en el eje de reinserción 157 programas evaluados, 18 tipos de solución y 13 casos efectivos acumulados en los últimos años, lo anterior sin duda representa una gran oportunidad de contribuir a la elaboración de políticas y estrategias sobre la base de información sistematizada y replicable conforme a las necesidades y circunstancias específicas.
Con base a los elementos expuestos, a continuación, les dejamos 15 propuestas:
1. Elaboración de una política penitenciaria basada en experiencia empírica y la incorporación de los mejores resultados en su implementación
2. Reforzamiento del Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas en Instituciones de Seguridad. Creación del Índice de Corrupción Penitenciaria.
3. La elaboración de un Nuevo Modelo de Gestión que garantice la seguridad y la eficacia institucional
4. Especialización del Plan de Protección y Prevención de Riesgos para Instalaciones Penitenciarias.
5. Desarrollo del Sistema de Clasificación Objetivo por Nivel de Seguridad y Custodia.
6. Elaboración del Modelo de Atención Diferencial y con Perspectiva de Género para la disminución de las condiciones de vulnerabilidad de las PPL. (Ejes de reinserción: salud, educación, capacitación, modelos de cárceles productivas, entre otros.).
7. Incremento, capacitación y mejoramiento de las condiciones laborales del personal penitenciario.
8. El desarrollo y la integración del sistema de inteligencia penitenciaria.
9. Apoyo de la tecnología y sistemas informáticos.
10. Debido Proceso durante la etapa de ejecución penal.
11. Recursos alternativos a la pena de prisión en todas las etapas del proceso.
12. Programas de excarcelación a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y que no representan un riesgo social.
13. Programa de monitoreo electrónico mediante sistemas GPS.
14. De manera paralela, desarrollar un verdadero Sistema de Justicia Restaurativa y la
15. Consolidación de los modelos de Justicia Terapéutica.
Aunque las opciones mencionadas no sean consideradas, en ninguna de las plataformas electorales, al final, resulta posible evidenciar, a través de ellas, las estrategias que favorecen la creación de narrativas que no solo permiten la continuidad, sino que fomenten la creación de iniciativas que refuercen y fortalezcan la legalidad en las prisiones.
En esencia, se requiere una estrategia integral que garantice el derecho a la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de la libertad, lo que implica garantizar la legalidad y seguridad de un nuevo sistema de justicia de ejecución penal. Acciones que, en conjunto, estarán cumpliendo con lo establecido en la norma cuarta de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas “Reglas Mandela”, lograr una reinserción social efectiva, disminuir la reincidencia y proteger a la sociedad de los efectos de la violencia.
Como ya lo he mencionado, no se trata solo de la prisión, sino de una reforma estructural, lo que podrá contribuir a la disminución de la violencia y avanzar hacia un Nuevo Sistema de Justicia de Ejecución Penal, basado en la legalidad como mecanismo para la construcción de comunidades más seguras.
Mtro. Aarón Sánchez C.
- Administrador Público y Criminólogo.
- Consultor Reinserción Social.
- Auditor de la Asociación de Correccionales de América ACA.
- Vicepresidente del Colegio de Penitenciaristas del Valle de México.
- Fundador @JusticiaIntramuros.
- Coautor del Informe sobre Reinserción y disminución de la Reincidencia publicado por la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas.
Twitter: @AaronSanchez_C
