Las páginas de nuestra historia nacional, pasada y reciente, se describe una larga lista de graves episodios de impunidad derivados de un sistema de justicia anquilosado, de corrupción y complicidad institucional, y de falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos y, por el otro, la reparación integral del daño a las víctimas.
Como muestra están los hechos de impunidad muchas veces desconocidos, pero que a diario se suman a los ya consagrados por la denuncia social: el asesinato de estudiantes en 1968 en la ciudad de México; la desaparición forzada de incontables personas durante la guerra sucia en territorio mexicano; la muerte de niñas y niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; el asesinato de mujeres por motivos de género en Ciudad Juárez; la muerte de 165 590 mil personas en todo el país que como saldo deja hasta hoy la estrategia federal fallida de abrazos y no balazos.
En cada uno de estos casos atroces el Estado mexicano ha violado sistemáticamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas, cuyo respeto y pleno ejercicio es indispensable para abatir la impunidad.
Es desafortunado que en México esta situación, ya de por sí de alerta, se agrave por el actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de justicia penal hacia una perspectiva de derechos humanos, porque la corrupción y la ineficacia procesal del sistema vigente aún en gran parte del país incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpados y de proteger integralmente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo con diversos estudios realizados por organizaciones civiles y universidades del país, en promedio 98.5% de los delitos cometidos en México no sean adecuadamente investigados ni sancionados.
En México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar mucho en estas instituciones.
Cada entidad del país se enfrenta a una problemática diferente en torno a la impunidad. Hay estados que han adoptado buenas prácticas, particularmente alrededor del nuevo sistema de justicia acusatorio y que muestran mejoría en los niveles de impunidad; otros, por el contrario, muestran tendencias preocupantes.
Es menester comprender que para que pueda haber una buena procuración de justicia en un estado, es indispensable contar con un número suficiente de personas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer y castigar los delitos, además de la disponibilidad de suficientes recursos económicos para financiar estas investigaciones.
De acuerdo con el análisis de México Evalúa, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
El informe detalla que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.
Algunos de los problemas más serios que afectan a México – desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas – son agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza. La organización Due Process of Law Foundation ha destacado que “las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción”.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México se ha visto gravemente afectado por el contexto de impunidad. De los delitos cometidos contra periodistas, el 99,75% quedan en la impunidad lo que, sumado a los altos niveles de violencia contra periodistas, califica a México como “uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”. Cabe destacar que un contexto de alto riesgo para el ejercicio del periodismo dificulta la defensa de los derechos humanos, ya que obstaculiza la difusión de información y la búsqueda por la verdad.
La situación de personas defensoras de derechos humanos no es mucho mejor. A pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 2012, la falta de investigación y sanción a perpetradores de ataques contra defensoras y defensores sigue poniendo a esa población en riesgo constante. La impunidad manda una señal clara a perpetradores que no sufrirán consecuencias por sus acciones, aumentando la posibilidad de repetición y la vulnerabilidad de personas defensoras.
Para concluir, podemos reflexionar sobre lo siguiente: El Ministerio Público, al ser el representante de la sociedad y encargado de dirigir la investigación de hechos, que podrían constituir un delito, el lugar donde se interpone una denuncia y los encargados de iniciar la investigación a través de la toma de declaración o denuncia y sancionar a los responsables que cometen delitos, juegan un papel fundamental en lograr la impartición de justicia que previamente mencionamos. Si nuestros Ministerios Públicos no están fortalecidos y hacen bien su trabajo, es imposible que haya justicia. Con esto, quiero decir que es indispensable su buen funcionamiento.
Si se toma en serio esto que nos pasa, estoy seguro, que a largo plazo, se verá reflejada una mejora en los niveles de confianza, de las personas en la autoridad. Solo así, podremos cambiar la estrategia de procuración e impartición de justicia y tener un México más seguro, justo y en paz.
Mtro. Roberto Alvídrez Rodríguez.
Director General de Alvidrez Rodríguez & Asociados, Despacho de abogados. Cd. Chihuahua, Chihuahua, México.
Twitter: @horiza100
