Los desafíos en materia de seguridad son enormes, desde hace algún tiempo, los medios de comunicación han ocupado sus espacios en señalar la ola de violencia que, de norte a sur, representa ya un signo distintivo de nuestros tiempos. Es menester advertir que el Estado no puede ni debe prescindir de uno de los aspectos fundamentales de su existencia: la seguridad.
En este orden de ideas, hay una relación intrínseca que poco se ha explorado y que, en buena medida, requiere atención: la reinserción social y la violencia. Estos rubros, si bien han coexistido, es oportuno apuntar que muy poco se ha mencionado respecto a su relación e influencia dentro de las estrategias de seguridad pública.
A decir del primer rubro, es decir, la reinserción social, se antoja interesante la escasa atención que los planes de gobierno le otorgan a pesar de que es, por sí misma, el fin de la prisión, cuyo marco se encuentra constitucionalmente reconocido y engloba aspectos como la salud, la educación, el deporte, el trabajo y la capacitación para el mismo.
Abandonar la idea de la reinserción ha ocasionado, al menos, tres retos: la informalidad en el empleo, el incremento en la violencia y el cada vez más complejo panorama de migración. Concebir pues a la reinserción como una utopía, pareciera una constante que, si bien romantizada -como así lo destacaba Eduardo Galeano- se antoja interesante en cuanto a literatura se refiere, pero que no es dable traerla a cuento si repensamos el aspecto penitenciario.
La suma y la síntesis de la historia carcelaria, como alguna vez lo apuntaría el historiador Enrique Krauze al referirse a la cárcel de Lecumberri, hoy por hoy podría resumirse en los claroscuros penitenciarios que involucran la distancia que los planes gubernamentales han tomado en torno a la reinserción. ¿Y por qué este abandono involucra a la violencia?
Es en el segundo de estos rubros donde hayamos la narrativa sociopolítica interesada por crear una estrategia de seguridad pública que no representa, per se, un cambio gradual en torno a la disminución de la violencia, y los resultados ahí están.
Valdrá entonces preguntar ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Sencillamente, de los datos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta, de víctimas y desaparecidos, de estrategias que involucran de lleno la militarización en la seguridad pública pero que lejos están de considerar a las personas egresadas de la prisión que buscan una calidad de vida distinta.
Intramuros, las paredes de la prisión están lejos de lograr el objetivo de reinsertar al sentenciado a la luz de los aspectos que constitucionalmente se han referido con anterioridad, pero aún más, una vez fuera, el seguimiento es poco y, en buena medida, nulo, por lo que la efectiva reinserción no logra su cometido.
Esta serie de observaciones permiten resaltar, someramente, que los desafíos en materia de seguridad pública no pueden gesticularse, bajo la narrativa única de cambios legislativos, sino en buena medida requieren de atención prioritaria a los grupos en situación de vulnerabilidad. Dicho sea de paso, el priorizar a la reinserción social, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos abreviados y el abandono al populismo punitivo, sin lugar a duda, permitirá entablar un nuevo diálogo en torno a la violencia.
Bajo estos parámetros, el Plan Nacional de Desarrollo, que es la piedra angular de cada sexenio, no sólo debe apelar a buenas intenciones, sino a aspectos medulares que tiendan a un propósito genuino que articule los retos transexenales. A mayor abundamiento, destaca que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no sólo es escueto en cuanto a la reinserción social se refiere (sólo tres veces es mencionada), sino, además, abreva de una mínima o quizá escasa planificación en pro de su fin.
El conjunto de esta decadencia alimenta el ocaso no sólo de la reinserción, sino de los planes de seguridad pública que, hoy por hoy, han prestado poca atención a indicadores como el Índice Global de Impunidad o los trabajos periodísticos que –constantemente- alarman del impacto delictivo en zonas que hasta hace algunos años no eran consideradas conflictivas.
Luego de la reforma al Sistema de Justicia Penal se planificó un avance de gran envergadura en los procesos penales que, en su punto medular, permitiría la agilidad de aquellos y se priorizarían las salidas alternas que permearan, justamente, en lograr una efectiva reinserción social. Hoy por hoy, es dable repensar si las estrategias están funcionando o si las políticas criminales no conllevan los fines constitucionales de los cuales la reinserción es parte.
Lic. Irving Pérez
Licenciado en derecho por la Barra Nacional de Abogados y postulante en materia penal en Torres Beristain y Asociados S.C.
Twitter: @irvingprzr
