El artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos define a la trata de personas como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”.
Algunos ejemplos de explotación son: la esclavitud, la prostitución u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el matrimonio forzoso, el tráfico de órganos, entre otras.
En el movimiento migratorio, las personas víctimas de trata, representan una situación de vulnerabilidad. La discriminación de género, es otro factor que incrementa la probabilidad de las mujeres de convertirse en víctimas de trata de personas, sin embargo, los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de delito. Las personas que migran con el objetivo de encontrar mejores condiciones de vida y suelen ser engañadas por sus transgresores como mecanismo para ganar su confianza y posteriormente, ejercer coacción, violencia y explotación.
La trata de personas es un problema mundial, que aqueja a las sociedades, que vulnera el derecho a la dignidad, a la integridad de las personas, la libertad y al libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior, debido a que está conducta se realiza mediante el engaño, el fraude o el rapto con fines de explotación.
De conformidad con datos aportados por la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado.
Si bien es cierto que, cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, en México, las personas que más sufren de este tipo de actos son mujeres, niñas, niños y migrantes.
En nuestro país, aproximadamente el 34% de las víctimas de trata de personas, son adolescentes, es decir en promedio 28 menores son explotados al mes.
En ese sentido, de conformidad con la Organización Internacional A21 México se coloca en el tercer lugar a nivel mundial en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, después de países como Camboya y Tailandia.
Acciones implementadas para erradicar la trata de personas
Por otra parte, se han implementado algunas acciones para erradicar este tipo de conductas tales como:
La Cámara de Diputaciones aprobó una reforma a la ley contra la trata de personas, en donde se establece que las jornadas laborales de más de 48 horas podrán ser consideradas como una forma de explotación laboral y ser sancionadas con hasta 12 años de prisión.
Respecto a la explotación laboral, se modifica el artículo 21 de la ley contra la trata, de tal manera, que se establecen sanciones de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa a quien explote laboralmente a una o más personas.
Esta reforma protegería a las víctimas de trata con fines de explotación sexual e incrementaría las penas hasta 50 años cuando las personas sean menores de 18 años o mayores de 60 años, o no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo.
Acciones que se deben de implementar para prevenir y erradicar la trata de personas:
- Generar conciencia y sensibilizar a la ciudadanía. Una forma de hacerlo es a través de campañas de sensibilización, así como brindar talleres donde la gente pueda conocer el modus operandi de las personas tratantes e identificar las conductas que configuran este tipo penal.
- Realizar una coordinación institucional, a fin de que diversas autoridades coadyuven en la persecución y erradicación de la trata de personas.
- Inclusión de medidas sociales, educativas, legislativas, económicas, políticas y culturales con el fin de eliminar los factores que propician estos tipos de explotaciones. Tales como: creación de protocolos para eliminar este tipo de conductas y la diversificación de fuentes de empleo.
- Contar con datos estadístico e información concreta para el desarrollo de políticas públicas. Un ejemplo de ello es el programa creado por UNODC y financiado por el gobierno canadiense, basado en la prevención, asistencia a víctimas y fortalecimiento de acceso a la justicia, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Baja California y Pueblo.
- Unir esfuerzos para expandir programas como el antes mencionado en otras entidades de la República Mexicana, a fin de prevenir y erradicar este tipo de delito.
María Fernanda Barrientos Tamariz
Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Iberoamericana. Maestrante en derechos humanos. Abogada en temas relativos a derechos humanos y materia penal.
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