En los últimos años, los países latinoamericanos han dado pasos significativos en la adecuación de sus leyes a la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por establecer sistemas de justicia penal juvenil más equitativos, subsisten desafíos preocupantes en el acceso a la justicia para los menores.
Uno de los aspectos fundamentales en el sistema de justicia juvenil es la garantía del debido proceso. Aunque se han implementado principios clave como la legalidad, el interés superior, la defensa jurídica y la especialización judicial, persisten problemas en la aplicación efectiva de estos principios. La falta de institucionalización de la defensa pública y de medidas socio-comunitarias es uno de los mayores obstáculos para el acceso a una justicia equitativa.
La realidad es que muchos adolescentes, principalmente aquellos provenientes de entornos desfavorecidos, se encuentran desamparados durante los procedimientos legales. Desde la omisión de información sobre sus derechos hasta la negación de la defensa jurídica a lo largo del proceso, se violan los principios básicos del debido proceso, dejando a estos jóvenes en una posición vulnerable y desfavorecida.
Las medidas alternativas al sistema oficial de justicia penal juvenil son clave para la reinserción social. No obstante, su implementación y disponibilidad efectiva son limitadas en la región. A pesar de su potencial para facilitar la reintegración de los jóvenes en conflicto con la ley, estas alternativas carecen de la institucionalización necesaria y no están plenamente a disposición de los jueces, dificultando su aplicación.
Es esencial que los Estados consideren a los adolescentes como individuos en pleno desarrollo, limitando el uso de medidas sancionadoras y priorizando la prevención y la reintegración antes que la privación de libertad. Las medidas socioeducativas, como la mediación, libertad vigilada o prestación de servicios a la comunidad, no solo son más efectivas, sino que también son más humanas y promueven una participación activa en la sociedad.
Las recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia juvenil van desde la formación especializada de jueces y fiscales hasta la creación de equipos técnicos interdisciplinarios en todos los niveles judiciales. La colaboración con entidades municipales, empresas públicas y asociaciones sin ánimo de lucro es fundamental para diseñar programas eficaces y transparentes que promuevan la reintegración y prevengan la reincidencia.
En última instancia, el acceso a la justicia para los menores no solo es una cuestión jurídica, sino un pilar fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. Se necesitan acciones concretas y una firme voluntad política para transformar el sistema de justicia juvenil, garantizando que todos los adolescentes tengan acceso a un debido proceso y oportunidades reales de reinserción social.
Referencias bibliográficas:
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Revista IIDH, No. 50. San José, IIDH, julio-diciembre de 2009
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Acceso a la justicia de niños/nas víctimas. Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. UNICEF.
Esteban Ramírez Martínez.
Estudiante de 9no. semestre de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
