Uno de los muchos problemas que enfrenta el país en la actualidad es la comisión de delitos que atentan directamente contra el bien jurídico de mayor importancia: la vida.
Tan es así, que el incremento de conductas delictivas como homicidios o feminicidios, se consideran desgraciadamente como noticias diarias que rondan los medios de comunicación de forma continua.
Desde el 2018 al presente año, se han registrado más de 4 mil 817 casos de feminicidios de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y que es un tema preocupante puesto que los asesinatos de mujeres por razones de género, han mostrado tendencias en aumento que en ningún otro sexenio anterior se habían manifestado.
Refiriéndonos en lo particular al delito de feminicidio, previsto en el artículo 325 del Código Penal Federal y el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México, tenemos pues una conducta específica, que refleja la inminente violación a derechos humanos, no solo de la víctima sino de los ofendidos cercanos a la misma.
Feminicidio, violencia familiar, desaparición forzada, delitos contra la dignidad de las personas, delitos sexuales y muchos más, son algunos ejemplos de los agravios que sufren día con día mujeres de todo el país. Asimismo, no solo las víctimas de estos delitos resultan perjudicadas, sino también todas aquellas personas que alzan la voz, en ejercicio de su libertad de expresión, para manifestarse en contra de estos crímenes atroces que en su mayoría quedan impunes ante los ojos de la sociedad.
La mortalidad femenina creciente es el reflejo de la alza de delitos en México, y aquí la incógnita es, ¿son efectivas las políticas públicas para combatir este dilema colectivo? Si los delitos que se consuman aumentan periódicamente de acuerdo a estadísticas, y estos mismos producen que la tasa de mortalidad, principalmente femenina, crezca a la par, entonces hay un problema de fondo.
Por consiguiente, uno de los principales desafíos a vencer es la normalización de la cultura de violencia. Inclusive hablar de la misma, ya sea física, psicológica, sexual, emocional, económica, familiar, laboral, y demás variantes, es un aspecto que se debe suprimir de un pensamiento originado de un devenir histórico del país. No es normal. No es moralmente correcto. No es sano.
De la misma manera, la falta de recursos destinados a la prevención de delitos y a la investigación de los mismos por parte de los órganos competentes, es la gota que derrama el vaso de la impunidad. ¿Cómo esperamos que se resuelva la crisis de inseguridad evidente si no se destinan los recursos necesarios para remediar la misma?
Es así, que con el 8 de Marzo (Día internacional de la Mujer) a la vuelta, esta fecha se ha convertido no en una celebración, sino en un recordatorio de la mucha falta que hace subsanar las deficiencias sociales que como mujeres en lucha, se demandan año tras año. La censura a la protesta, es una advertencia de lo indiferente que resulta ser el infausto escenario a manos de aquellos con poder para cambiarlo. Que esta fecha sirva para reflexionar, para reclamar las carencias y para exigir soluciones.
