La corrupción en las instituciones públicas es un problema que ha permeado profundamente la estructura del Estado mexicano, afectando tanto la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes como la efectividad de las políticas públicas. A diferencia de lo que se podría pensar, la corrupción no es simplemente el resultado de la acción de unos cuantos individuos deshonestos, sino que en muchos casos es un fenómeno sistémico que involucra a múltiples actores dentro de las instituciones públicas. Desde esta perspectiva, el combate a la corrupción no puede centrarse únicamente en sancionar a los responsables directos, sino que debe abordar las dinámicas estructurales que permiten y fomentan estos actos ilícitos.
El derecho penal, como herramienta del Estado para mantener el orden y sancionar las conductas que atentan contra la legalidad, ha sido utilizado tradicionalmente para castigar a aquellos funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción. Sin embargo, en un contexto donde la corrupción está arraigada en las estructuras institucionales, la eficacia de este enfoque punitivo se ve cuestionada. Las sanciones penales, aunque necesarias, resultan insuficientes para erradicar un problema que se reproduce sistemáticamente y que, en muchos casos, está profundamente interconectado con redes de poder y complicidad.
En México, la corrupción ha sido un fenómeno constante a lo largo de su historia, y a pesar de los múltiples esfuerzos para combatirla, continúa siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México se encuentra entre los países con mayores niveles de corrupción en América Latina. Esta situación ha llevado a que las instituciones públicas sean percibidas como ineficientes y poco confiables, lo que a su vez refuerza un ciclo de impunidad y desconfianza que alimenta la perpetuación de prácticas corruptas.
El enfoque penal tradicional, basado en la identificación y sanción de individuos corruptos, presenta limitaciones cuando se enfrenta a la corrupción sistemática. En primer lugar, es importante reconocer que en contextos donde la corrupción es endémica, los actos ilícitos no son aislados ni excepcionales, sino que forman parte de un patrón recurrente de comportamiento dentro de las instituciones. Esto implica que, para muchos funcionarios públicos, la corrupción es vista no solo como una oportunidad para obtener beneficios personales, sino también como una práctica comúnmente aceptada y, en algunos casos, necesaria para operar dentro del sistema.
Además, la corrupción sistemática suele involucrar a una red de actores que, aunque no todos participen directamente en actos ilícitos, contribuyen a crear un entorno donde la corrupción puede prosperar. Esta red puede incluir a altos funcionarios que protegen a los corruptos, a empleados que facilitan o encubren actos ilícitos, y a empresarios que se benefician de la corrupción. En este sentido, las investigaciones penales que se centran únicamente en los actores más visibles o en aquellos que son sorprendidos en flagrancia, dejan intactas las estructuras que sostienen y perpetúan la corrupción.
La estructura de las instituciones también juega un papel fundamental en la perpetuación de la corrupción. En muchas ocasiones, la corrupción se convierte en una característica inherente de la organización institucional, donde las reglas formales son subvertidas por prácticas informales que son toleradas e incluso incentivadas por la cultura organizacional. Esta situación crea un ambiente donde los funcionarios públicos pueden participar en actos de corrupción sin temor a ser descubiertos o castigados, lo que refuerza la sensación de impunidad y la continuidad de estas prácticas.
Para abordar eficazmente la corrupción sistemática desde el derecho penal, es necesario adoptar un enfoque que vaya más allá de la simple punición de los individuos corruptos y que considere las dinámicas estructurales que permiten la reproducción de la corrupción. Esto implica, en primer lugar, una reconfiguración del marco jurídico para facilitar la investigación y sanción de la corrupción como un fenómeno colectivo, en lugar de tratarlo exclusivamente como una suma de actos individuales.
Un primer paso en esta dirección podría ser el fortalecimiento de las herramientas legales para investigar y sancionar las redes de corrupción dentro de las instituciones públicas. Esto incluye la implementación de mecanismos de responsabilidad penal para personas jurídicas, de manera que las instituciones en sí mismas puedan ser sujetas a sanciones cuando se demuestre que han facilitado o tolerado prácticas corruptas. Asimismo, es necesario promover la colaboración entre diferentes organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar investigaciones más completas y efectivas, que permitan desmantelar las redes de corrupción y no solo castigar a los chivos expiatorios.
Otro aspecto clave es la necesidad de reformar las estructuras institucionales que facilitan la corrupción. Esto implica, entre otras cosas, la adopción de políticas de transparencia y rendición de cuentas que dificulten la realización de actos corruptos, así como la creación de sistemas de control interno más rigurosos que permitan detectar y corregir irregularidades antes de que se conviertan en problemas mayores. En este sentido, el derecho penal debe ser visto como una herramienta complementaria dentro de un enfoque más amplio de reforma institucional que busque transformar las dinámicas que perpetúan la corrupción.
Finalmente, es fundamental que cualquier esfuerzo para combatir la corrupción desde el derecho penal se acompañe de un cambio cultural dentro de las instituciones públicas. La corrupción sistemática no puede ser erradicada si no se modifica la cultura organizacional que la sostiene. Esto requiere de un compromiso real por parte de los líderes institucionales para promover valores de integridad y servicio público, así como de programas de formación y sensibilización que fomenten una cultura de legalidad entre todos los empleados públicos.
Es necesario adoptar un enfoque que considere la corrupción como un fenómeno estructural, implicando reformas legales, institucionales y culturales que permitan desmantelar las redes de corrupción y transformar las dinámicas que las sostienen. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido será posible avanzar hacia la construcción de instituciones más transparentes, eficientes y justas.
