El maltrato animal es una cuestión ética y social que afecta a la salud y el bienestar de los animales y tiene implicaciones profundas para la sociedad en su conjunto. Sancionar el maltrato animal no solo es una cuestión de justicia para los seres vivos que sufren, sino que también está intrínsecamente relacionado con la moralidad humana, la salud pública y la cohesión social.
Los animales, como seres sensibles y sintientes que experimentan dolor, sufrimiento y estrés, merecen un trato humanitario. Las sanciones por maltrato animal actúan como un mecanismo de protección para asegurar que los animales reciban el respeto y el cuidado que necesitan ayudando a prevenir el abuso y garantizando que los animales vivan en condiciones que respeten sus necesidades básicas.
Existe una conexión establecida entre quienes ejercer actos crueles hacia los animales y la violencia contra las personas, lo cual podría indicar una relación entre estos comportamientos. Por esta razón, la crueldad animal a menudo se incluye en las evaluaciones de riesgo de violencia en contextos forenses y psicológicos.
Algunos estudios han encontrado que los individuos que exhiben crueldad hacia los animales tienden a tener un historial criminal. Estos estudios sugieren que el maltrato animal puede ser un indicador temprano de comportamientos violentos en personas. La investigación en esta área sugiere que la crueldad hacia los animales no solo es un problema ético en sí misma, sino que también puede tener implicaciones más amplias para la violencia y la conducta antisocial en humanos. Abordar este problema desde una perspectiva penal a partir de los fines esenciales de la pena, como lo es el tratamiento penitenciario para resocializar al individuo, puede ayudar a desarrollar estrategias efectivas para prevenir y tratar la violencia en general.
La respuesta para enfrentar el maltrato animal en Colombia, tuvo un avance significativo en el año 2016 cuando se promulgó la ley 1774 que varió el concepto que se le daba a los animales, de cosas a seres sintientes, ley que exigió modificaciones al código Penal para tipificar conductas relacionadas con el maltrato animal. Sin embargo, esta ley ha resultado insuficiente para los propósitos creados. Esto tiene una razón de ser y son las penas establecidas para el tipo penal que va desde los 12 a los 36 meses prisión lo que hace que los condenados por estos delitos no reciban un tratamiento penitenciario sino que puedan gozar incluso de la suspensión de la ejecución de la pena.
Las cifras de maltrato animal en Colombia son alarmantes, se tiene que diariamente se radican aproximadamente 5 denuncias, lo que ha llevado a que entre el año 2016 y 2024 se hayan atendido aproximadamente 14.000 por hechos relacionados con crueldad animal.
Por esta razón, se ha hecho necesario explorar el incremento punitivo y la privación de beneficios administrativos, como la libertad condicional y la suspensión de la ejecución de la pena, para que sea obligatorio someter a tratamiento penitenciario a quienes incurren en conductas definidas como crueles con el propósito de remediar su comportamiento antisocial. La prevención especial se hace obligatoria cuando es evidente que el infractor requiere una readecuación de su conducta a través de un proceso de resocialización que a futuro le permita una adaptación al medio social. No hacer nada para resocializar a un agresor sexual, [por traer a colación una de las formas de maltrato animal], se podría traducir en la normalización y aceptación de este tipo de comportamientos que alteran el orden social y ponen en riesgo no solo a los animales, sino a la sociedad, en general.
Aprobar el incremento punitivo, obligaría al Estado a proveer un tratamiento penitenciario al infractor, a través de los programas educativos de los centro penitenciarios, permitiendo su rehabilitación comportamental y consecuentemente reduciendo los índices de reincidencia para estas conductas.
El proyecto de ley Ángel, que busca el incremento punitivo en las conductas penales de maltrato animal, surgió como respuesta a la brutalidad del caso de maltrato que involucró a un perro llamado Ángel [de ahí el nombre que se le dio al proyecto] quien fue desollado en un 80% de su cuerpo, hechos que tuvieron lugar en el Departamento de Boyacá en octubre de 2021. Este caso en especial, ha puesto de relieve la urgencia de abordar el maltrato animal con seriedad y compasión. Ha sido un recordatorio poderoso de la necesidad de fortalecer las leyes de protección y de promover una cultura de respeto hacia todos los seres vivos. La atención que ha recibido el caso refleja el creciente compromiso de la sociedad colombiana con el bienestar animal y la búsqueda de justicia para aquellos que no pueden defenderse por sí mismos.
No podemos desconocer que el maltrato animal puede tener repercusiones negativas en la salud pública. Los animales maltratados pueden ser portadores de enfermedades que se transmiten a las personas, cuya situación se hace más palpable en los casos de abusos sexual y abandono. Sancionar el maltrato animal ayuda a controlar estos riesgos y protege la salud general de la población. No solo desde una perspectiva de beneficio para las personas, sino por un imperativo ético y social, se exige proteger a los seres sensibles de sufrimientos innecesarios. Este tipo de sanciones previene la violencia, mejora la salud pública, fomenta una cultura de respeto y educa a la sociedad.
Por esta razón, la implementación y aplicación efectiva de sanciones contra el maltrato animal no solo es una manifestación de nuestra humanidad, sino también una inversión en un futuro más justo y compasivo para todos los seres vivos. Al tomar medidas firmes contra este tipo de actos, podemos construir una sociedad en la que la dignidad y el respeto por todas las formas de vida sean valores fundamentales.
