Bajo la consigan que hoy da título a esta columna el día 3 de septiembre estudiantes de distintas universidades nos reunimos para expresar nuestra inconformidad ante un grupo de legisladores que prometieron escucharnos. Ante la negativa, decidimos expresarnos en manifestación pacífica en contra de esta nueva reforma judicial, que transgrede el equilibrio de poderes ejecutivo, legislativo y judicial pero de igual forma es un ataque directo en contra de la imparcialidad, la justicia y la libertad, las razones son varias y se han comentado en diferentes medios, pero el punto trascendental que no hemos terminado de comprender como nación es que SI NOS AFECTA A TODOS, LA DEFENSA DEL PODER JUDICIAL TRASCIENDE DE LA INSTITUCION, ES POR EL PODER JUDICIAL COMO CONTRAPESO, para que el día de mañana tus derechos y mis derechos humanos sean respetados.
Los defensores de la reforma argumentan que es un paso necesario hacia la modernización y eficiencia del sistema judicial, mientras que las personas que nos informamos sobre el tema hacemos evidentes los riesgos de centralización del poder y la erosión de los contrapesos institucionales. Este tipo de reformas, tienen el peligro de ser utilizadas para consolidar el poder en manos de un gobierno, especialmente en contextos donde las instituciones democráticas son frágiles y están en proceso de debilitamiento.
Para comprender mejor las implicaciones de esta reforma, es útil observar el caso de Venezuela, un país que ha pasado de ser una democracia vibrante a un régimen autoritario en pocas décadas. En Venezuela, las reformas judiciales comenzaron con el propósito de hacer más eficiente el sistema legal, pero rápidamente se convirtieron en herramientas para el control político. La independencia judicial fue socavada, y el derecho penal fue utilizado como un mecanismo para reprimir la disidencia y mantener el poder del gobierno central. El uso de leyes penales para criminalizar la protesta, encarcelar a líderes opositores y silenciar a periodistas es un ejemplo claro de cómo un sistema legal, diseñado en teoría para mantener el orden y proteger los derechos, puede convertirse en una máquina de represión.
Este patrón no es exclusivo de Venezuela. En otros países de latinoamerica, como Nicaragua y Cuba, hemos visto cómo el derecho penal se ha manipulado para consolidar dictaduras. En estos contextos, la policía y las fuerzas de seguridad se convierten en brazos ejecutores de políticas estatales que tienen poco que ver con la justicia y mucho con el control social. Las reformas judiciales, en lugar de fortalecer el estado de derecho, sirven para legitimar la persecución de aquellos que se oponen al régimen.
México, aunque no se encuentra en una situación similar a la de Venezuela o Cuba hoy día, enfrenta severos desafíos en términos de democracia y derechos humanos. La violencia generalizada, la corrupción y la impunidad son problemas que han plagado nuestro país durante décadas. En este contexto, una reforma judicial que no esté acompañada de un fortalecimiento real de la independencia judicial y la rendición de cuentas podría abrir la puerta a abusos de poder similares a los que hemos visto en otros países latinoamericanos.
Es aquí donde la cultura de paz juega un papel crucial. Una cultura de paz no se trata simplemente de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de justicia, igualdad y respeto por los derechos humanos. En un sistema de derecho penal que respeta estos principios, la ley no es un arma para el control social, sino una herramienta para la protección de los ciudadanos. Un enfoque garantista en el derecho penal se asegura de que los derechos de los acusados sean respetados, que los juicios sean justos y que las condenas se basen en pruebas y no en la voluntad del gobierno en turno.
En contraste, en un régimen autoritario, la cultura de paz es subvertida por una cultura de control. El miedo, la represión y la violencia se convierten en los métodos para mantener el orden. La ley, en lugar de ser un baluarte contra el abuso de poder, se convierte en su cómplice. En estos contextos, la reforma judicial se utiliza no para fortalecer el estado de derecho, sino para destruirlo desde dentro, erosionando la independencia judicial y consolidando el poder en manos de unos pocos.
La comparación entre México y países como Venezuela exhibe los riesgos inherentes a cualquier reforma judicial que no esté acompañada de salvaguardias robustas para proteger la independencia del poder judicial y los derechos de los ciudadanos. En México, la reforma judicial podría, en el mejor de los casos, ser una oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo y eficiente, pero en el peor de los casos, podría ser el primer paso hacia un sistema donde el derecho penal se utilice para suprimir la disidencia y consolidar el poder.
La experiencia de países como Venezuela ofrece una advertencia sobre lo que puede suceder cuando las reformas judiciales se utilizan para consolidar el poder en lugar de para fortalecer el estado de derecho. México, al enfrentar sus propios desafíos, debe asegurarse de que sus reformas judiciales promuevan una cultura de paz, donde la justicia, la igualdad y los derechos humanos sean el fundamento del sistema legal, y no un mero pretexto para el control social.
¡Feliz 16 de septiembre! por la independencia que ya no tendremos.
