En una sociedad que enfrenta altos niveles de criminalidad, inseguridad y desconfianza en sus instituciones, la prevención del delito se convierte en una necesidad urgente, no solo para salvaguardar la vida y el patrimonio de los individuos, sino para fomentar el bienestar social. Tradicionalmente, el derecho penal se ha entendido como un instrumento de respuesta punitiva, una herramienta que entra en acción una vez que el delito ya se ha cometido. Sin embargo, surge la interrogante de si el derecho penal podría tener un rol más activo en la prevención del delito y en la construcción de un entorno social más seguro y saludable. Este enfoque preventivo exige repensar el derecho penal desde una perspectiva de bienestar social, donde el objetivo no solo sea castigar, sino también colaborar en la creación de un entorno propicio para la convivencia y el desarrollo de la comunidad.
La visión tradicional del derecho penal ha sido punitiva y retributiva, buscando imponer una sanción que equivalga al daño causado. Este modelo, aunque funcional en ciertos aspectos, es limitado cuando se le analiza desde la óptica de la prevención y del bienestar social. La punición por sí sola no logra desincentivar el comportamiento delictivo en el largo plazo, y el encierro en prisiones, en muchos casos, incrementa la probabilidad de reincidencia al no ofrecer oportunidades de rehabilitación efectivas. Por lo tanto, la prevención del delito no puede limitarse a las sanciones; debe extenderse a la creación de condiciones sociales que reduzcan los factores de riesgo que llevan a las personas a delinquir.
El derecho penal preventivo se orienta no solo a la disuasión, sino también a la creación de estructuras de apoyo y oportunidades para los ciudadanos. En este sentido, la prevención del delito se convierte en una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones, y la comunidad. En lugar de enfocarse únicamente en la persecución y castigo del delito, el sistema penal puede actuar como un colaborador en la creación de políticas que promuevan un entorno social donde las personas encuentren alternativas significativas a la delincuencia. Esto requiere un cambio de paradigma en el que el sistema de justicia penal trabaje de la mano con otras disciplinas y sectores de la sociedad, como la educación, la salud, la vivienda y el empleo.
Una política de prevención del delito basada en el bienestar social implica atacar los factores subyacentes de la criminalidad. Estudios muestran que el desempleo, la falta de acceso a la educación, la marginación social, la ausencia de oportunidades de desarrollo y las condiciones de pobreza son elementos determinantes en la decisión de una persona de involucrarse en actividades delictivas. Si bien el derecho penal no puede resolver todos estos problemas estructurales, puede contribuir al bienestar social al enfocarse en medidas preventivas, tales como programas de rehabilitación y reintegración social, que disminuyan la probabilidad de reincidencia.
En países donde la prevención del delito se ha abordado de manera comunitaria, los resultados han demostrado ser positivos. Ejemplos de ello pueden encontrarse en programas de justicia restaurativa, donde se integran a las víctimas, los ofensores y la comunidad en un proceso de reparación del daño y reconciliación. Este enfoque busca resolver los conflictos subyacentes que llevaron al delito y ofrece una alternativa a la retribución, al tiempo que refuerza el tejido social. Además, permite que los ofensores asuman responsabilidad por sus acciones en un contexto que no los condena a la exclusión social, sino que les ofrece herramientas para reinsertarse en la comunidad de forma productiva.
La creación de políticas de prevención del delito basadas en el bienestar social también debe considerar la importancia de la educación y la concienciación en temas de justicia y derechos humanos. Desde edades tempranas, las personas deben ser formadas en valores de respeto, empatía y responsabilidad, no solo para reducir la probabilidad de involucrarse en actividades delictivas, sino para crear una ciudadanía activa que participe en la mejora de su entorno. En este sentido, la educación no solo es un derecho, sino un mecanismo de prevención del delito que actúa de manera indirecta al construir una sociedad más informada y menos propensa a caer en el ciclo de la violencia y la ilegalidad.
El papel de la comunidad en la prevención del delito es fundamental, y el derecho penal puede contribuir a este esfuerzo fortaleciendo las relaciones entre los ciudadanos y el sistema de justicia. La desconfianza en las autoridades es un factor que obstaculiza la cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, lo que impide que se generen lazos de apoyo mutuo que faciliten la prevención del delito. Cuando las personas no se sienten protegidas por el sistema de justicia, es más probable que tomen medidas por su cuenta o que eviten reportar actividades delictivas, creando un ambiente de impunidad. Por ello, es crucial que el derecho penal trabaje en conjunto con programas que busquen reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y seguridad.
Un ejemplo de esta colaboración puede encontrarse en los modelos de “policía comunitaria”, donde los oficiales de seguridad no solo están presentes para imponer la ley, sino para trabajar directamente con la comunidad en la identificación y resolución de problemas de seguridad. Estos programas permiten que las autoridades comprendan mejor las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, al tiempo que fortalecen los lazos de confianza entre ambos. En un sistema de policía comunitaria, los ciudadanos se sienten empoderados para contribuir a la prevención del delito y se involucran activamente en la creación de un entorno seguro, donde la presencia de la policía es vista como una colaboración, no como una amenaza.
La prevención del delito enfocada en el bienestar social también incluye la atención a la salud mental, ya que un gran número de delitos están relacionados con trastornos mentales no atendidos o con problemas de abuso de sustancias. El derecho penal, en colaboración con los servicios de salud, puede desarrollar programas de tratamiento y rehabilitación para personas con adicciones o problemas de salud mental, reduciendo así la probabilidad de que estas personas recurran a la delincuencia. El modelo de tribunales de tratamiento de drogas, que ha tenido éxito en varios países, se basa en la idea de que los infractores con problemas de abuso de sustancias no necesitan solo castigo, sino tratamiento y apoyo para superar su dependencia.
Por último, la prevención del delito desde una perspectiva de bienestar social requiere el desarrollo de políticas públicas inclusivas, donde los derechos humanos sean el eje central. Un enfoque penal que busca el bienestar social debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades y servicios que les permitan vivir dignamente. El derecho penal puede contribuir a este propósito implementando sanciones alternativas que no solo castiguen el delito, sino que generen un impacto positivo en la comunidad. Por ejemplo, las penas de trabajo comunitario o los programas de mentoría para jóvenes en riesgo ofrecen a los infractores la posibilidad de enmendar sus errores al tiempo que contribuyen al desarrollo de la sociedad.
La implementación de estas estrategias requiere un compromiso político y social que supere el mero castigo y abrace una visión de justicia más humana y efectiva. La idea de que el derecho penal puede colaborar en la creación de bienestar social implica reconocer que la prevención del delito no solo depende de la dureza de las penas, sino de la capacidad del sistema para atender los factores que llevan a las personas a delinquir. Aunque los desafíos son grandes, los beneficios de un enfoque de prevención basado en el bienestar social son innegables: una sociedad más justa, menos violenta y con un mayor sentido de comunidad.
