El hallazgo de restos humanos y objetos personales en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no solo revela la magnitud del horror vinculado al crimen organizado. También desnuda, con crudeza, las profundas grietas del sistema de justicia local: fiscalías que omiten, evidencias manipuladas, familias que buscan más que el Estado.
Lo más alarmante no fue el descubrimiento de un predio con rastros de tortura y desaparición, sino la presunta manipulación de la escena del crimen por parte de las propias autoridades, previo a permitir el ingreso de colectivos de búsqueda. Las denuncias apuntan a una alteración deliberada de indicios: ropa acomodada, zonas sin excavar, bolsas removidas, pintura fresca.
¿Qué implica esto jurídicamente?
Desde una perspectiva penal, alterar o destruir indicios vinculados a un hecho delictivo es un delito. El Código Penal Federal lo contempla claramente en el artículo 225, fracción XXIV: perturbar el lugar de los hechos, omitir la cadena de custodia o manipular pruebas puede ser sancionado hasta con prisión.
Pero el tema trasciende el marco normativo. Aquí estamos ante una posible violación masiva del derecho a la verdad de las víctimas y sus familias, del debido proceso y del deber constitucional de las autoridades de investigar con debida diligencia.
La responsabilidad no es menor, y el silencio institucional agrava la sospecha. La Fiscalía de Jalisco —bajo la dirección de Luis Joaquín Méndez Ruiz— entregó un inventario de más de 1,300 objetos, pero omitió documentar el estado forense del sitio. La FGR, al intervenir, evidenció la falta de preservación del lugar, contradiciendo la narrativa local.
¿Qué dice esto políticamente?
Estamos ante una crisis de confianza institucional. No se trata de un error técnico, sino de una herida abierta en el pacto de legitimidad entre el Estado y la ciudadanía. Cuando los colectivos de búsqueda deben señalarle al gobierno dónde escarbar, cuando las madres denuncian más rápido que los fiscales, el Estado ha dejado de cumplir su papel más básico: proteger y reparar.
La presidenta Sheinbaum ha dicho con contundencia que “no habrá una verdad histórica” como la de Ayotzinapa. Pero esa promesa no puede depender solo del Ejecutivo federal. El gobierno de Jalisco tiene que asumir que la estrategia de defensa institucional ya no es sostenible.
Negar, minimizar o justificar no es opción. La única salida digna y jurídicamente razonable es cooperar plenamente con la FGR, permitir la supervisión externa (nacional e internacional) y sancionar a quienes hayan incurrido en omisiones o encubrimientos.
La encrucijada del gobernador
El gobernador Enrique Alfaro (o su sucesor político inmediato, si no actúa) enfrentarán una disyuntiva:
- Blindar a su fiscalía y ser cómplice por omisión.
- Romper con el aparato interno que falló y alinearse con las víctimas.
La primera opción implica un desgaste político irreversible, tanto a nivel local como nacional. La segunda representa una oportunidad única para corregir el rumbo, reconstruir legitimidad y dar un ejemplo de Estado que escucha, rectifica y actúa.
¿Y las víctimas?
Son ellas quienes siguen sosteniendo el país. Las madres que gritan frente a un predio sellado, que cavan con sus propias manos, que llevan años buscando huesos, no solo exigen verdad: nos están enseñando cómo se ve la dignidad en un país donde el Estado aún no la garantiza.
El caso Rancho Izaguirre no puede cerrarse con una rueda de prensa, ni con una lista de objetos. Es una prueba de fuego para las instituciones de justicia. Es la oportunidad —y la obligación— de mostrar que México ha aprendido del pasado.
No hay Estado de derecho posible cuando las pruebas se borran antes de que hablen. Y no hay justicia real si las víctimas tienen que escarbar en el silencio.
Irving Regino. Abogado
@irvingregino
