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LOS DESAPARECIDOS Y OTROS DATOS

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A Lucha Castro, Gabino Gómez Escárcega y Ruth Fierro por todo su tiempo, sensibilidad y apoyo legal que han brindado a los colectivos de familiares de personas desparecidas de todo el país.

Salomón Baltazar Samayoa.

El fenómeno de la desaparición de personas en México es un crimen con múltiples aristas en cuanto a su investigación y a los motivos que intentan ofrecer una explicación, las zonas de mayor de incidencia, características respecto de las víctimas, el destino de las personas desparecidas y lo que más nos debe importar, es donde están, quien lo hace y porque lo hace. Las respuestas a estas últimas preguntas permitirán impactar cuantitativamente en su incidencia.

Detrás de las desapariciones está el crimen organizado a través de cárteles con presencia nacional, local o grupos que alquilan sus servicios a organizaciones más consolidadas, estructuradas, con poder económico y control sobre la autoridad de una región conformada por varios Estados, una ciudad o toda una entidad federativa, pero con la aquiescencia de servidores públicos. De la misma forma, encontramos la “mano de las fuerzas armadas” pertenecientes al ejército, la marina, la extinta policía federal, policías municipales, policías estatales o policías de investigación pertenecientes a fiscalías estatales.

Estas investigaciones se dificultan por la obstrucción de los mismos cuerpos de seguridad porque impera una falsa idea de solidaridad y compañerismo en el que la información fluye en forma tardía y falsa, como el ocultamiento de fatigas de servicio, resguardo de patrullas y armamento, entre otros.

Pero también existen casos documentados en los que la desaparición fue realizada por el esposo de la víctima o por algún miembro cercano a la familia de la víctima. En mucho menor proporción; estadísticamente no son significativas.

En una palabra, detrás de las desapariciones están muchas manos, aunque las investigaciones no siempre permiten formular afirmaciones plenas sino posibilidades razonadas y fundadas en evidencia y determinadas características que rodean el hecho. Estas investigaciones son tan complejas que el reclamo obliga a privilegiar la búsqueda de la persona en condiciones de y sin vida, dejando para otro momento la línea de investigación que oriente a la identidad de los autores.

No son infrecuentes los casos en los que las víctimas de desaparición lo son por realizar actividades en alguna zona que es “propiedad exclusiva” de determinado grupo delictivo. En la desaparición en el año 2013 de cinco jóvenes en una discoteca en el norte de la ciudad de México llamado “El Virtual” en el que uno de ellos venía comercializando drogas en el interior del antro sin el conocimiento de sus amigos, cuando fue descubierto por el “grupo dominante” recibieron una fuerte advertencia acompañada de un sin número de golpes. “a la próxima los levantamos y se mueren.” Así sucedió, los sacaron del bar y ya no se supo de ellos. Un testigo preso ofreció información que revela que, presuntamente, tuvieron el mismo fin que los jóvenes del “Bar Heaven.” Con autorización penitenciaria se excarceló, se realizaron excavaciones en una zona boscosa del Estado de México sin resultados a pesar de que el sujeto ofreció detalles pormenorizados del lugar en el que dice que fueron ejecutados e inhumados.

O el hallazgo de dos jóvenes con las manos atadas y con el tiro de gracia en la alcaldía de Iztacalco en el año de 2013, la existencia de un video que reveló que sobre la avenida Bucareli, los jóvenes habían sido obligados a subir a una patrulla de la policía de investigación de la ciudad de México. El servidor público junto con otras personas fue condenado a 70 años de prisión por el doble homicidio de los jóvenes, pero pasaron por alto la desaparición forzada. Con la anuencia de su defensor y en presencia de él, me entreviste con el policía de investigación involucrado porque mi hipótesis es que él era un pez de un estanque mayor. Mi percepción fue que un policía de investigación de mayor jerarquía estaba al servicio de un grupo criminal que operaba en ese bar gay ubicado en la calle de Bucareli. El detenido se negó a colaborar, pero mi percepción nunca la he abandonado.

Recordemos que entre los perpetradores impera el principio “si no hay cuerpo, no hay delito” que acompañado de un “sin comentario” o “me acojo a mi derecho de no declarar” y la ausencia de testigos, información de sabanas telefónicas o geolocalización en el momento del hecho, dificultan la investigación.

Por esta razón en la unidad de búsqueda privilegiamos la conversación informal con personas encarceladas presuntamente poseedoras de información útil. La idea era un “Do ut des” -te doy para que me des- o un “quid pro quo” -toma y dame-. Sabíamos que la familia de la persona detenida ya no recibía el apoyo económico del grupo criminal al que perteneció el preso y se encontraba en un momento vulnerable, por ello buscamos la forma de “meternos” y ofrecerle algo que pudiera convenirle como mudar a la familia a otro lugar pagando nosotros los gastos y un apoyo económico. Lo que escuchamos son historias de horror. En otros casos la colaboración se hubiera logrado si a cambio se daba un traslado a otra cárcel, más cercana a su familia o que no esté dominaba por el grupo delictivo contrario al que pertenece el informante.

En el tema de desparecidos existe un ingrediente de gran utilidad representado por el acercamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas. El inicio de contacto suele ser accidentado por una serie de reclamos, siempre justificados, por la falta de investigación y la indiferencia de las autoridades locales que, además, se niegan a asignar una gran cantidad de recursos que se requieren en este tipo de investigaciones. Las actitudes expresan la molestia y enojo de los familiares. Es tal el enojo que algunos te insultan.

Incluyendo a la unidad de búsqueda de la PGR porque es debido reconocer que algunos ministerios públicos de la federación se resisten a realizar diligencias pertinentes que sugieren los familiares, aunque muchos otros, los más por fortuna, son de un valor extraordinario y digno de mi admiración. Finalmente sucedió lo que el inicio anunciaba, la saturación de expedientes en la unidad de búsqueda propiciado por la inacción de autoridades de otras entidades. La mayoría de los colectivos demandaron el inicio de un expediente de búsqueda en la unidad. En toda fiscalía es necesaria una normativa que establezca una carga máxima y razonable de trabajo porque la saturación es cómplice de la simulación.

Frente a esta desatención generalizada siempre existen excepciones. Presencie algunas reuniones sabatinas que en forma personal realizaba el fiscal general del Estado de México. Él desarrollaba la reunión con cada uno de los familiares de los desparecidos y establecía acciones-compromiso relacionadas con la búsqueda de la misma forma que lo hacia la unidad de la PGR.

También hay simuladores. Conocí a un funcionario de una fiscalía estatal que ofrecía información y se jactaba de haber localizado a un gran número de personas que había desaparecido en forma voluntaria, dando a entender que el problema de los desparecidos son personas que voluntariamente decidieron ausentarse de su entorno familiar.

En las reuniones con algunos colectivos conocí una modalidad diferente. Los auto desaparecidos o desapariciones voluntarias. En una reunión privada, solo ella y yo con la presencia de quien dirigía el colectivo, reveló que su hijo era escolta del jefe de plaza, que él era bueno y no criminalizaba a nadie y que únicamente se encargaba de cuidar la integridad de su “jefe”, pero en un momento el jefe de plaza fue emboscado y perdió la vida. La madre del desparecido pensó que su hijo asumió que ese hecho lo pagaría con su vida porque el grupo delictivo creería que su hijo “lo puso” para que lo mataran. La madre expresó que ella piensa que su hijo esta vivo y que el “se despareció” porque los malos lo andan buscando, pero cree que su hijo no ha tenido contacto con la familia para no comprometerla.

Una joven del Estado de Querétaro fue reportada como desaparecida; gracias a la geolocalización la unidad la encontró en una población indígena de Oaxaca con el novio. Ella temía el rechazó de su madre. Fue necesaria la autorización de la autoridad indígena de la comunidad para entrar al pueblo y llevar a la joven con su madre.

En otro tiempo, el abogado de un famoso narcotraficante mexicano “se despareció”. La familia inicio una averiguación previa por ese hecho como acto previo a la declaración judicial de ausencia. Conocí al desaparecido cuando estudiamos en la preparatoria. Es muy probable que si no “se despareció voluntariamente” haya aparecido muerto en un bote de cemento.

Como estos casos hay muchos otros, aunque no significativamente en número, en las investigaciones de personas desparecidas, pero existen. Tengo la percepción que los colectivos de personas desaparecidos no socializan estos casos porque temen que la autoridad juzgue, a priori, y por igual otras desapariciones y ello incida negativamente en el deber de investigar.

No conozco de estadísticas oficiales en México que ofrezcan información ni pretendo que sobre una serie de casos de “desaparición voluntaria” construir una teoría general.

En España, el centro nacional de desaparecidos (CENDES) publica un informe anual en el que da a conocer en forma pormenorizada de las desapariciones registradas en todo el país, disponible para todos en fuentes abiertas.

El informe del CENDES da a conocer que del total (219,425) de las denuncias sobre desapariciones hasta el 31 de diciembre del año 2020, el 89% están catalogadas como voluntarias; el 10% corresponden a desapariciones involuntarias, mientras que el 0.81% son forzadas. [Informe anual de personas desaparecidas 2021. Centro Nacional de Desparecidos. Ministerio del Interior. pp. 28 y 35]

Lo que significa que 9 de cada diez personas reportadas como desparecidas en España se sustrajeron voluntariamente, por su propia voluntad decidieron romper con su entorno y familia.

A julio de 2021 en Argentina el Ministerio de Seguridad afirma que han desaparecido 61,955 personas, de las cuales se hallaron 31,119. El sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas fue creado en 2016 y aún se buscan 30,786 personas. En Argentina desaparecen en promedio 12,000 personas al año; en Alemania 337,000 mientras que en el Reino Unido 378,000 y Norteamérica rebasa el millón novecientos mil personas al año, aunque el NAMUS -sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos financiado por el Instituto Nacional de Justicia- las estima en 600.000 cada año, sin embargo, la información estadística de desapariciones voluntarias es escasa. [Véase https://www.infobae.com/america/soluciones/2021/07/02/como-se-busca-a-las-30786-personas-extraviadas-o-desaparecidas-en-la-argentina y National MIssing and Unidentified Persons System en https://namus.nij.ojp.gov/es

En Argentina, la desaparición voluntaria, es apreciada en su origen en el que la ausencia voluntaria tiene como motivo los fraudes, auto-secuestros o como forma de fugarse a la acción de la justicia y como dato importante para detectar, en forma temprana, las situaciones conflictivas de jóvenes para prevenir el abandono voluntario del hogar. Más allá de la información referente a la persona desparecida. la información relativa a las desapariciones voluntarias está ausente. [Véase La Desaparición en Democracia. Informe 1990-2013 P. 5 y Registro Nacional de Información de Personas menores extraviadas. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Informe de gestión 2018 P. 15.]

La mayoría de los instrumentos estadísticos y planes de búsqueda enfocan el problema a la desaparición de personas en forma involuntaria ya sea en el contexto de conflictos armados o de guerra emprendido por el propio Estado, como en Colombia y Perú. [Véase Plan de Investigación para el delito de desaparición forzada de personas Comisión Nacional de búsqueda de personas desaparecidas de Colombia y Oficina de Naciones Unidas y Plan Nacional de Búsqueda de Personas desparecidas al 2030 de Perú.] consultable en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2012167/PNBPD%20al%202030_julio%202021%20VF.pdf.pdf

El informe del comité de la desaparición forzada de la Organización de Naciones Unidas con motivo de su visita a México de fecha 12 de abril del 2022, revela que visito doce entidades federativas. (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz).

El comité consideró que en México prevalece una situación crítica y generalizada en materia de desaparición forzada. Advirtió un crecimiento exponencial de desaparición de personas entre 2006 y 2021, destacando la relación existente del incremento de las desapariciones con la estrategia de quien era titular del ejecutivo entre 2006-2012. Incorpora en su informe la estadística que anuncia una reducción de personas desaparecidas en los últimos dos años (2019-2020) sin embargo afirma que la información disponible revela que frecuentemente las desapariciones se denuncian uno o dos años después de su perpetración, lo que impide extraer conclusiones definitivas y confiables.

El comité resaltó su preocupación por la desaparición de 30 periodistas entre 2003 y 2021 que aun no han sido localizados ni las investigaciones muestran avances, lo que constituye una seria amenaza para la libertad de expresión. También incluye información de desaparición de personas que ingresaron a prisión y ya no supieron de ellas. El comité reveló que las autoridades no reportan en los registros institucionales las detenciones de las personas que ingresan en las prisiones, estaciones migratorias y centros para el tratamiento de adicciones.

El informe incluye desaparición de personas indígenas que se han opuesto al desarrollo de megaproyectos de orden minero o energético tras el acaparamiento de sus tierras para la explotación o por reclutamiento forzado con el involucramiento o aquiescencia de servidores púbicos.

El informe del comité enfatiza que impera una impunidad casi absoluta y una revictimización alarmante. Este es el resultado de su diagnóstico que advirtió en solo once días durante la visita que se verificó del 15 al 26 de noviembre de 2021, en la que participaron cuatro miembros. Realizaron visitas a 13 entidades federativas, 85 reuniones con autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tanto del orden federal como local se reunieron con colectivos de víctimas y acompañaron a exhumaciones en Coahuila, Estado de México y Morelos.

El informe concluye con diversos ejes: Impunidad casi absoluta, crisis forense, ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de la desaparición forzada, falta de criterios de responsabilización de servidores públicos para erradicar las causas estructurales de la impunidad, la necesidad de abandonar la política de militarización de la justicia, visibilizar, informar y sensibilizar a todos sobre la desaparición de personas en México.

Toda esta información la recopilaron en 12 días cuatro miembros que integraron la delegación del comité de desaparición forzada de la Organización de Naciones Unidas. Deseo que su próxima visita nos regalen un poco más de tiempo.

Con preocupación veo que algunos gobiernos estatales se anuncian por televisión e invitan a visitar sus pueblos mágicos y los lugares históricos cuando son sabedores que por sus carreteras y ciudades impera el horror de la desaparición de personas. Que irresponsabilidad.

Autor de Tres Paradigmas de la Justicia Penal: La Autoría Mediata para crímenes cometidos por aparatos del Estado o por Organizaciones criminales; La Prueba y La Seguridad Ciudadana. Porrúa. México. 2020.

Coautor de Casos Penales. Porrúa. México 2005.

baltazarsalomon79@gmail.com