En los últimos años, el fenómeno del linchamiento ha cobrado relevancia en México, evidenciando la crisis de confianza en las instituciones de seguridad y justicia. Según datos de la organización Causa en Común, en 2024 los eventos de linchamiento en el país aumentaron en un 68 %, con un saldo de 25 personas fallecidas y 78 intentos de justicia por propia mano. Este fenómeno ha sido particularmente frecuente en entidades como el Estado de México y Puebla, donde se han registrado algunos de los casos más alarmantes.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la vida, la seguridad y el acceso a la justicia de todas las personas, principios consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 1º de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En el mismo sentido, los artículos 3, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protegen el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el acceso a mecanismos efectivos de protección jurídica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen la obligación de prevenir actos de violencia que atenten contra estos derechos, incluso cuando son cometidos por particulares. Sin embargo, los linchamientos evidencian el incumplimiento de estas obligaciones, pues representan una forma extrema de justicia extralegal que vulnera derechos fundamentales.
A pesar de este marco normativo, los linchamientos siguen ocurriendo como respuesta a la percepción de inoperancia del sistema de justicia y la impunidad. Se trata de agresiones colectivas contra individuos sospechosos de haber cometido un delito, sin que medie un proceso legal. En muchas comunidades, la falta de confianza en las autoridades ha llevado a que ciertos sectores de la población consideren legítima esta forma de violencia, lo que agrava aún más la crisis del Estado de derecho.
El problema no es nuevo. Un episodio histórico relevante se remonta a 1897, cuando Arnulfo Arroyo, acusado de haber agredido al presidente Porfirio Díaz, fue linchado por una multitud sin pruebas concluyentes sobre su culpabilidad. Este hecho marcó el primer caso documentado de violencia colectiva de esta naturaleza en México, evidenciando un patrón que, más de un siglo después, sigue vigente.[1]
Diversos factores han contribuido a la persistencia de los linchamientos. Entre ellos destacan la percepción de impunidad dentro de las instituciones de seguridad y justicia, la falta de institucionalización de las normas del Estado de derecho, los conflictos políticos y la influencia de los medios de comunicación en la normalización de la violencia. La conjunción de estos elementos ha generado un entorno propicio para que la ciudadanía justifique y reproduzca este tipo de actos.
Ante esta problemática, algunas entidades han intentado desarrollar estrategias de prevención e intervención. En particular, los estados de Puebla y Tlaxcala han implementado protocolos de actuación para frenar estos eventos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas sigue siendo limitada, como lo demuestra el hecho de que Puebla encabeza la lista de entidades con mayor número de linchamientos registrados en 2024.[2]
Uno de los principales desafíos radica en modificar la percepción social sobre la eficacia del sistema de justicia. Una encuesta realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que el 60% de la población en Puebla aprueba la justicia por propia mano como un medio válido ante la falta de respuesta institucional. Este dato pone de manifiesto la urgencia de generar estrategias de sensibilización y educación jurídica para reducir la tolerancia social hacia estos actos.[3]
Este fenómeno refleja no solo una crisis en el sistema de justicia, sino también un debilitamiento del Estado de derecho y de las garantías individuales. La violencia colectiva no puede ni debe ser vista como una solución ante la impunidad. La respuesta debe centrarse en fortalecer las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, garantizando su eficacia y legitimidad. Asimismo, es fundamental la capacitación de los servidores públicos para prevenir y contener estos eventos, así como la implementación de campañas de sensibilización dirigidas a la población.
El linchamiento es una manifestación de la crisis del sistema de justicia y de la falta de garantías de derechos humanos en diversas regiones del país. La legitimación de la violencia como mecanismo de justicia solo profundiza la fragmentación social y el debilitamiento del Estado de derecho.
Para enfrentar este fenómeno, es fundamental adoptar medidas integrales que incluyan:
- Fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Se requieren reformas que garanticen la eficacia y rapidez en la atención de delitos, reduciendo así la percepción de impunidad.
- Capacitación y profesionalización de servidores públicos. Es indispensable que las autoridades cuenten con herramientas adecuadas para la prevención y actuación en casos de linchamiento.
- Educación y sensibilización ciudadana. Se deben implementar programas que fomenten la cultura de la legalidad y los derechos humanos, reduciendo la aceptación social de la justicia por propia mano.
- Monitoreo y evaluación de los protocolos de intervención. Es necesario establecer mecanismos de supervisión para medir la efectividad de las estrategias implementadas en entidades como Puebla y Tlaxcala.
- Regulación del discurso en medios y redes sociales. Se debe trabajar en estrategias que eviten la difusión de llamados a la violencia y que promuevan información basada en derechos humanos y legalidad.
En última instancia, el combate a los linchamientos no solo es una tarea del Estado, sino de toda la sociedad. La consolidación de un sistema de justicia eficiente y confiable, acompañado de una ciudadanía informada y comprometida con la legalidad, es la única vía para erradicar esta práctica y garantizar la protección de los derechos humanos en México.
M.Cs. Paulino Carlo Aguilar Galindo. Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Postulante en juicio de amparo y socio fundador de Socaire Corporativo Jurídico. Docente en diversas instituciones en nivel licenciatura y maestría.
Lic. Valeria Amaro Cazales. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Angelópolis. Postulante en materia civil, penal y familiar.
Lic. José Leobardo Herrera Avelino. Licenciado en Derecho egresado de la Benemérita universidad Autónoma de Puebla. Postulante en juicios en materia civil, penal y mercantil; socio fundador de Socaire Corporativo Jurídico. Docente a nivel licenciatura en la Universidad Interamericana A.C.
[1] CNDH. Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional. 2019, p.21. consultado en https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-los-linchamientos-en-el-territorio-nacional el 31 de marzo de 2025.
[2] SGG Puebla, Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla, Periódico Oficial del Estado, consultado en https://ojp.puebla.gob.mx/legislacion-del-estado/item/1187-acuerdo-del-secretario-general-de-gobierno-por-el-que-emite-el-protocolo-de-actuacion-para-casos-de-intentos-de-linchamientos-en-el-estado-de-puebla el 31 de marzo de 2025.
[3] Op. Cit. 1.
