El Derecho Penal, por su naturaleza, es el último recurso del Estado, la herramienta más violenta y lesiva a la libertad individual. Sin embargo, en la arena política y mediática, se ha convertido con demasiada frecuencia en el primer y único argumento frente a la inseguridad: la promesa de la “mano dura”. Este fenómeno, conocido como populismo punitivo, es la estrategia de responder a la alarma social por el crimen mediante la creación de nuevos delitos, el aumento desmedido de las penas y la restricción de beneficios penitenciarios, sin que estas reformas tengan una correlación demostrable con la reducción efectiva de la criminalidad. Se trata de un espejismo legislativo: una respuesta emocional a un problema complejo que, lejos de ofrecer seguridad real, solo consolida un sistema penal ineficiente y costoso.
El motor de esta dinámica es la demanda social de castigo. En una sociedad hiperconectada y bombardeada por la crónica roja, el miedo se transforma en indignación y esta, a su vez, exige una satisfacción inmediata. Los políticos, en lugar de ofrecer soluciones complejas de largo plazo, optan por la vía rápida: prometer la cárcel fácil y prolongada. El aumento de una pena o la tipificación de una nueva conducta delictiva se convierte en un capital electoral instantáneo. Se legisla para la cámara, no para la calle.
El problema fundamental de esta lógica es su desconexión con la criminología empírica. El Derecho Penal opera bajo la premisa de la prevención general negativa: la amenaza de la pena disuade al potencial delincuente. Sin embargo, décadas de estudios han demostrado que la certeza de ser atrapado y juzgado es un factor mucho más disuasorio que la severidad de la pena impuesta. Aumentar las condenas de 15 a 25 años tiene un impacto marginal en la decisión de alguien que planea un delito, especialmente si actúa bajo el influjo de la desesperación, la adicción o la impulsividad. El delincuente racional, que sopesa las consecuencias, es, en la práctica, la excepción, no la regla.
El resultado de esta espiral punitivista es tangible y devastador: el colapso del sistema penitenciario. Las cárceles, concebidas teóricamente como centros de reinserción social, se convierten en meros depósitos humanos, hacinados y desbordados. Un sistema penal saturado genera impunidad por defecto: la sobrecarga de casos y la lentitud procesal terminan debilitando la “certeza del castigo”, volviendo la promesa de la “mano dura” contraproducente. Irónicamente, el endurecimiento de las penas reduce los recursos disponibles para la prevención, la investigación efectiva y la rehabilitación, que son los verdaderos pilares de la seguridad ciudadana sostenible.
Un ejemplo elocuente de populismo punitivo es el uso y abuso de la prisión preventiva oficiosa (automática o sin debate). Si bien se presenta como una medida de protección social contra la reincidencia, en la práctica, convierte la excepción en la regla, encarcelando a personas que aún no han sido juzgadas. Esto viola la presunción de inocencia y transforma el sistema penal en un instrumento de control social preventivo, más que en un mecanismo de justicia retributiva. La población carcelaria aumenta, pero el crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco, que tienen mecanismos más sofisticados de evasión, rara vez son afectados por estas reformas.
El desafío de la ciudadanía y los operadores jurídicos es desenmascarar esta retórica simplista. Es imperativo recordar que el Derecho Penal, si bien es necesario, no puede ser un sustituto de la Política Social. La seguridad no se compra con años de cárcel, sino con la inversión en oportunidades que desincentiven la entrada al mundo criminal desde la raíz.
La verdadera “mano dura” que necesita la sociedad no es aquella que engorda los códigos penales con penas inútiles, sino la que garantiza la eficacia en la persecución del delito, la probidad judicial y la certeza de la pena a través de instituciones sólidas. Mientras la clase política siga utilizando el dolor de las víctimas y el miedo colectivo como combustible para aprobar leyes cosméticas, seguiremos teniendo cárceles llenas y calles que no se sienten más seguras. La seguridad real requiere coraje político para enfrentar la complejidad, no para esconderse tras la demagogia punitiva.
