La sentencia penal en México fija una pena con apariencia de precisión jurídica: años de prisión, multa, reparación del daño. Sin embargo, una vez que la persona cruza el umbral del centro penitenciario, esa pena escrita se transforma en algo mucho más amplio, difuso y, en muchos casos, más cruel. La condena real no se limita al tiempo de privación de la libertad, sino que se multiplica en una serie de castigos informales, no previstos por la ley, que se ejercen de manera cotidiana y que definen la vida en prisión. Estos castigos no aparecen en el Código Penal ni en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero son tan sistemáticos que terminan por normalizarse. La violencia estructural se convierte así en una pena paralela, invisible para el expediente judicial, pero absolutamente tangible para quien la padece.
Hablar de castigos informales implica reconocer que el sistema penitenciario mexicano opera bajo una lógica que excede al derecho. La cárcel no solo encierra, también administra el sufrimiento. El hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, la corrupción, el abandono institucional y la tolerancia a la violencia no son fallas accidentales, sino condiciones estructurales que castigan diariamente a las personas privadas de la libertad. El interno no solo cumple una pena: aprende rápidamente que sobrevivir implica someterse a reglas no escritas, pagar por derechos que deberían ser gratuitos y aceptar la arbitrariedad como norma.
Aunque la privación de la libertad no debería implicar la pérdida de la dignidad, en la práctica casi todo tiene un precio dentro de prisión: una cama, un espacio menos hacinado, una cobija, acceso al agua, protección frente a otros internos, incluso el derecho a no ser golpeado. Esta economía carcelaria castiga con mayor severidad a quienes provienen de contextos de pobreza, profundizando la desigualdad que muchas veces ya marcaba su vida antes del delito. La pena, entonces, no es igual para todos: se agrava en función del dinero disponible, lo que contradice frontalmente el principio de igualdad ante la ley.
Golpes, amenazas, aislamiento, humillaciones y extorsiones forman parte de la cotidianidad en muchos centros penitenciarios. Esta violencia no siempre proviene directamente de la autoridad; con frecuencia se ejerce entre internos bajo esquemas de autogobierno o cogobierno, con la complacencia o indiferencia del Estado. El resultado es un sistema que permite, e incluso fomenta, que el castigo se reproduzca más allá de lo legalmente autorizado. La prisión deja de ser un espacio de custodia para convertirse en un territorio donde impera la ley del más fuerte.
La violencia estructural se manifiesta también en la negación sistemática de derechos básicos. La alimentación deficiente, la falta de atención médica oportuna, la escasez de medicamentos, el abandono de personas con enfermedades mentales y la ausencia de programas reales de reinserción social no son simples carencias administrativas. Son formas de castigo que deterioran el cuerpo y la mente, que desgastan lentamente a quien está privado de la libertad y que, en muchos casos, producen daños irreversibles. El sufrimiento se normaliza bajo el argumento de que “es parte de la cárcel”, como si la privación de la libertad justificara cualquier otra privación.
Desde una perspectiva jurídica, esta realidad entra en tensión directa con el artículo 18 constitucional, que establece que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y la reinserción social. La distancia entre el texto constitucional y la vida carcelaria cotidiana revela una profunda contradicción del derecho penal mexicano: se proclama garantista en el discurso, pero tolera prácticas que vacían de contenido esos principios. La pena, que debería estar limitada por la legalidad y la proporcionalidad, se convierte en una experiencia abierta al abuso y a la arbitrariedad.
Estos castigos informales tienen además un efecto silencioso pero devastador: desdibujan la frontera entre la pena legal y la venganza social. La cárcel termina funcionando como un espacio donde la sociedad deposita su deseo de castigo más allá de lo que el juez ordenó. Se castiga no solo el delito, sino la pobreza, la marginalidad, la falta de redes familiares, el estigma. La persona privada de la libertad deja de ser sujeto de derechos y se convierte en un cuerpo disponible para el sufrimiento, legitimado por el imaginario de que “algo habrá hecho”.
La violencia estructural también impacta directamente en la reinserción social. Un sistema que humilla, golpea, extorsiona y abandona difícilmente puede aspirar a que quien salga de prisión regrese a la sociedad en condiciones de convivencia pacífica. Por el contrario, la cárcel enseña a sobrevivir en contextos violentos, a desconfiar de la autoridad y a reproducir las mismas dinámicas de poder que la atraviesan. El castigo informal no corrige, no previene, no repara; solo profundiza el ciclo de violencia.
Desde el derecho penal, ignorar estas dinámicas implica aceptar una pena que se ejecuta sin control judicial real. El juez dicta sentencia, pero pierde de vista cómo esa pena se materializa día a día. La ejecución penal queda relegada a un ámbito administrativo opaco, donde los abusos rara vez tienen consecuencias. La falta de mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas permite que la violencia estructural se perpetúe como parte del funcionamiento ordinario del sistema.
Cuestionar los castigos informales en la vida carcelaria no significa negar la necesidad de sancionar conductas delictivas. Significa, por el contrario, tomarse en serio el Estado de derecho. Si la pena no está en la sentencia, sino en el abandono, la humillación y la violencia cotidiana, entonces el sistema penal deja de ser un instrumento jurídico y se convierte en un dispositivo de control social que castiga sin límites. Reconocer esta realidad es el primer paso para desmontar la ficción de que la cárcel mexicana cumple con los fines que la Constitución le asigna.
El verdadero desafío del derecho penal mexicano no es endurecer las sanciones, sino atreverse a mirar de frente cómo se ejecutan y aceptar que, hoy por hoy, gran parte del castigo ocurre fuera de la ley.
