Por Salomón Baltazar Samayoa.
La justicia penal está estrechamente vinculada con la justicia social. Expongo las razones de esta afirmación.
Toda organización social requiere, entre otros elementos, de un orden jurídico que le permita preservar la armonía y el funcionamiento de la organización mediante la descripción de conductas que no están permitidas. (derecho penal). A quienes violen el mandato legal se les amenaza con la imposición de una pena que se aplicará sin distinción alguna, a excepción de las reglas de individualización.
Pero los mandatos generales de la norma penal están dirigidos a personas que son iguales ante la ley pero que son profundamente diferentes; no por su color de piel, ideología política, religión o preferencia sexual, sino por sus condiciones de desigualdad social que se caracterizan por necesidades diferentes de la de otros miembros de la sociedad que gozan de bienestar social.
Desde los estudios de César Lombroso (1876) y con un enfoque biológico se afirmó que el delincuente era una persona que no había evolucionado (atávico) y encontró la explicación de su comportamiento criminal en una deformidad craneal.
Desde hace muchos años la escuela positiva postuló que el ser humano es un ente biológico, psicológico y social. Y que en esos tres enfoques habrá de explicarse su conducta y los factores que favorecen la criminalidad. Este corriente está superada.
Estas diferencias socio-económicas repercuten en la educación adquirida en casa, preparación y calidad escolar, esquema de valores sociales, distinción clara entre lo debido y lo indebido, empleo, oportunidades en la vida y satisfactores económicos que le permitan poner freno ante un comportamiento reprobado por el orden jurídico.
Nadie en el mundo eligió nacer y, mucho menos, tuvo la oportunidad de escoger a sus padres y a pertenecer a un determinado núcleo social. Frente a estas condiciones de profunda desigualdad surge el Estado Social que tiene como misión compensar, con políticas públicas y programas sociales, las distintas necesidades que imperan en este grupo de personas.
Se ha considerado necesario darles vigencia a ciertos derechos mínimos: asegurar la funcionalidad familiar, reforzar el acceso a la educación, ampliar los servicios a la salud, garantizar la oportunidad al empleo y favorecer el acceso a la vivienda.
Pero las políticas públicas y los programas sociales han sido incapaces para detener el crecimiento de la criminalidad y cumplir con esos derechos mínimos; por el contrario, la violencia rebasa la imaginación y nos hemos quedados cortos en la perversidad de la criminalidad que vive el país.
El gobierno federal ha implementado un programa robusto de medidas sociales dirigido a un sector muy amplio de la población que ha permanecido en el rezago durante largo tiempo y que, muy seguramente, ha sido el destinatario permanente de la llamada justicia penal. Dicho de otra forma, este sector de la sociedad han sido los que habitan las cárceles por el fuerte abandono de la justicia social.
Ignoro si estas medidas serán suficiente para contrarrestar el gran rezago social. Pero si de algo estoy seguro es que es indispensable hacer un uso menor de la prisión porque las rejas de la cárcel no devuelven a la sociedad a un ciudadano ejemplar, respetuoso de la propiedad, integridad y la libertad de las personas.
Algunos estudiosos opinan que las propuestas político-criminales en el discurso de corte populista se basan en argumentos más emocionales que racionales; por lo general suelen ignorar lo que la población demanda por que su fin esta orientado al clientelismo electoral.
En el discurso de los políticos, ¿cuál es el verdadero fin? ¿la política criminal que proponen esta encaminada a lograr la estabilización social o a obtener el voto ciudadano.
Acuérdense de aquel eslogan político electorero que preconizaba: Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas.
El fenómeno criminal ha adquirido grandes dimensiones que ha activado la alarma social que reclama mayor seguridad por la aparición de nuevas formas de sometimiento por parte de la delincuencia organizada y por el crecimiento de la delincuencia callejera. Entre estos dos fenómenos está atrapada la sociedad.
Históricamente encontramos que existe un nudo en el discurso que sujeta a la pobreza y a la criminalidad.
El gran peligro es que el discurso político se incline por un derecho penal de severidad en el que la prisión preventiva sea, cada vez más, la regla y la libertad la excepción. Es el dominio del derecho penal del enemigo (Jakobs) sobre el derecho penal mínimo (Ferrajoli) o reduccionismo penal.
La solución al problema de la criminalidad no se encuentra en la creación de nuevos delitos ni ampliando el catálogo de delitos con prisión oficiosa.
En una sociedad industrializada la criminalidad es la forma en que el delincuente impugna el rol que le ha asignado la clase gobernante; con la que reclama su derecho a participar de los beneficios del capitalismo, porque el derecho penal ha sido la negación de lo humano, atropello y conculcación de derechos.
La solución es compleja, pero los será menos si el Estado renuncia al uso de la prisión como la base de un sistema de justicia porque la prisión no incide en el mejoramiento de los niveles de seguridad. La prisión ha servido para incrementar el patrimonio de algunos y para arrebatarle la dignidad a muchos.
Si te interesa profundizar en el tema consulta Tres Paradigmas de la Justicia Penal de Salomón Baltazar Samayoa. Porrúa. México. 2020.
Abogado. Autor de Casos Penales y Tres Paradigmas de la justicia Penal: La Autoría Mediata
PAra Crímenes cometidos por Aparatos del Estado, La Prueba y La Seguridad Ciudadana.
baltazarsalomon79@gmail.com
