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Los problemas penales de hoy, los problemas penales de siempre

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Los medios de difusión de la información están plagados de notas que ponen al tanto de una serie de disturbios en diferentes entidades de México. Acompañando lo anterior, viene otra serie de noticias sobre hechos que también alarman, ya sea que se habite en alguna de las “colonias más peligrosas” o en alguna de las ciudades “más industrializadas y prósperas del país”, ya sea por la elevada inseguridad o por la falta de agua, las y los mexicanos no vivimos en paz y con corrección diríamos: no desarrollamos nuestra vida con plenitud en todas sus facetas y con los derechos y obligaciones que significa ser integrantes de un Estado democrático de derecho, donde la dignidad es la piedra angular sobre la que se construye el sistema de derechos humanos.

En este contexto, hay quienes culpan a los servidores públicos en funciones, pero, ellos no son los responsables, al menos no de la totalidad de los problemas que, dicho sea de paso, son los mismos de hace diez, veinte o treinta años. No se trata de liberar a unos o a otros de responsabilidades, sino de que cada quien las asuma en su justa medida. Tampoco se debe olvidar a esos factores reales de poder que tratan de pasar desapercibidos; pero, cuya injerencia en los grandes temas nacionales es permanente. La ciudadanía también tiene responsabilidad y, sin lugar a dudas, es quien ha tomado una conciencia activa y hasta agresiva y violenta; lo cual no justifico, pero si comprendo y siento profundamente con empatía y solidaridad.

Como profesional del derecho, no son pocas las ocasiones en que he tenido noticias de casos en los que prácticamente todo está perdido, en los que la impunidad anota puntos a su récord y el derecho se acerca a una herramienta de poderosos y no a un medio de garantizar derechos.

Los problemas que agobian a México son de naturaleza penal o están estrechamente relacionados con la materia y prácticamente son los mismos desde hace 20 años (incluso más) en la historia nacional reciente: la elevación de punibilidades sin análisis alguno; los desplazamientos forzados por la violencia; la desaparición forzada; la violaciones graves a derechos humanos en el proceso penal; el acrecentamiento descontrolado de figuras delictivas con deficiencias en su construcción; la dispersión injustificada de tipos penales; la absorción del tema de la seguridad (de naturaleza fundamentalmente administrativa) por la órbita penal; la delincuencia organizada; la ausencia de política criminal; la carencia de un código penal único; la trata de personas y especialmente, la corrupción, por mencionar los principales.

Se reitera, incluso varios de los problemas antes enunciados encuentran sus raíces en lo profundo de la historia mexicana, hoy por hoy parecen desbordados, sin embargo, siempre han estado ahí, creciendo a la sombra de políticos que miran hacia otro lado, de empresarios que sólo reaccionan en su beneficio y de la ciudadanía que no denuncia.

La respuesta a los problemas penales de siempre no puede esperar y, debe ser conjunta y coordinada entre los sectores público, privado y social. Dicha respuesta, tiene un comienzo perfectamente identificado por centenas de especialistas, disponer de una política criminal cuyo diseño y planeación realmente corresponda a la realidad nacional; destacando que atienda a las causas del delito que en México son -entre otras- la desigualdad y particularmente: la desigualdad económica y la desigualdad de género.

Es tiempo de emprender acciones desde nuestro espacio.

Gracias por tomarte el tiempo de leer.

 

Mtro. Alberto Francisco Garduño

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Twitter @albertofco9

1 COMENTARIO

  1. Creo por lo que parece ser un sistema de Justicia Penal con las constantes reformas que se han dado, pareciera ser que es efectivo, pero en la realidad si nos avocamos a definir el concepto de Justicia y a definir la materia penal, veremos que esto es pura falacia, ya que en los constantes procesos penales, por el simple hecho de que al iniciarse un ilícito y detener a un criminal en flagrancia, se determina su detención como “presunto” confección que se hiciera en otro sexenio anterior, en donde el simple hecho de presunto, formula una ventaja para el agresor y desventaja para la víctima, asumiendo de entrada sus derechos humanos como ciudadano al afecta ningún derecho por el simple hecho de no haber formulado bien su querella, este constante hecho se ve arraigado a una mala reforma en leyes, asumiendo que los gobernados como tal víctimas y agresores, junto con las autoridades de primer lugar, se desvían de la completa responsabilidad, por el actuar de autoridades y abogados que al presentar su recurso de defensa y amparos indirectos o a derechos humanos, tienen una posibilidad de desviar la justicia con el simple hecho de aplicar para los agresores, la media aritmética y beneficios como reducción de penas por declararse culpables, tomando un vuelco en las decisiones del Juez de control o el juez en turno, dando pie a que un simple feminicidio de tipo doloso se vea limpio por el hecho de turnarlo como feminicidio culposo dando oportunidad al agresor a salir libre o con una penalidad menor y una simple multa, el hecho es claro desde la reforma de leyes, de la constitución y de jurisprudencias, ha existido un vicio completo en la legislación desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial Federal, Ministerios Públicos, el mismo ejecutivo y más instancias que intervienen en la aplicación de justicia como vemos en los centros de readaptación social al hecho de tener en custodia a personas que no han sido juzgadas y las cuales llevan de 1 a 40 años o más recluidos violando sus derechos y retenidos en contra de su voluntad, la misma Comisión de los Derechos Humanos hace oídos sordos a estos hechos comunes ya para la población que desconoce sus verdaderos derechos y el alcance de algunas leyes, códigos o reglamentos los cuales son motivo de violación constante.
    Aquí me permito hacer un párrafo exclusivo que en vez de actuar todos como sociedad, en primer instancia la legalidad debería de ser reformada y algunos puntos básicos de las leyes para una mejor penalidad, donde a los criminales ya por consecuencia que son constantemente remitidos a reclusorios, o detenidos más de 10 ocasiones, aquí correspondería reformar las penalidades y aumentarlas y no reducirlas para ir acabando con este mal, en cuestiones de civiles que han matado a muchas personas como los narcotraficantes, darles la penalidad máxima porque ya no existe la pena de muerte, y muchas reformas más que darían un vuelco al poder legislativo y judicial, pero este hecho no es conveniente aplicarlo de facto, debe ser analizado y proyectado con tiempo y efectividad a los hechos que a diario se suscitan, porque las reformas de la constitución y las leyes solo han sido a favor de los más poderosos, políticos y a las instituciones de gobierno, incluso dando fuero a quienes no deberían de tenerlo.

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