*Para evitar el riesgo de perder los juicios hubo una “negociación de Estado” en la que se decidió cobrarle 10 millones a Lozoya. Con resistencias el Consejo lo aprobó, pero molestia de AMLO dio al traste con todo. (1ra de dos partes)
Por: Arturo Angel
“Existe un riesgo en el litigio por que todo se deriva de estas transferencias bancarias, no hay nada firmado, no hay otra documentación o elemento de prueba, solo las deducciones de las empresas…”
Esas fueron las palabras de advertencia con las que la Directora Jurídica de Petróleos Mexicanos, Luz María Zarza Delgado, convenció al Consejo de Administración de Pemex de aprobar el cobro de 10.7 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin como reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En la sesión extraordinaria que el Consejo de Administración sostuvo la mañana del 9 de marzo de 2022 la abogada de la empresa reconoció que existían “riesgos” de perder los casos, de que Lozoya fuera liberado y que se quedaran con las manos vacías. Temores que este año han comenzado a materializarse con diversas resoluciones judiciales, pero que la propia empresa pronosticó que ocurrirían.
Lo sucedido en esta sesión se había mantenido en secreto hasta ahora. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador había negado en una conferencia mañanera que los 10 millones eran la cantidad que Lozoya debía pagar. Sin embargo, este periodista logró obtener a través de una solicitud de transparencia y de autoridades ligadas al proceso el acta de sesión en la que se relata la discusión y aprobación de los montos de reparación del daño.
Aunque la aprobación fue unánime hubo consejeros que mostraron dudas de la conveniencia de dar luz verde a un pago que consideraron mínimo respecto a las pérdidas que la empresa enfrentó por los contratos firmados. Pero los abogados de Pemex insistieron que solo se podía cobrar a Lozoya lo que estaba demostrado en la acusación formal y eso era los supuestos sobornos depositados en sus cuentas.
El acuerdo era resultado de una “negociación de Estado” en la que había intervenido incluso la Secretaría de Gobernación, dijo la Directora Jurídica de Pemex. El objetivo: mandar un mensaje de que la alta corrupción no quedaría impune.
El documento del Consejo prueba que lo dicho por Lozoya y sus abogados en múltiples audiencias durante el último año era cierto: que el Consejo de Administración de Pemex, con el Director General Octavio Romero Oropeza presente, concluyó que el pago de los 10.7 millones era el único viable. Así se aprobó y se ordenó… hasta que la molestia del presidente López Obrador dio al traste con ello.
A continuación, se detalla forma cronológica lo ocurrido en la sesión del Consejo de Administración de Pemex. En esta primera parte se cuenta lo relacionado con la presentación de la propuesta y la resistencia y contrapropuestas de algunos consejeros. Mañana se abordará la discusión en torno a los motivos por los que, según los abogados de Pemex, no se le podía pedir más dinero a Lozoya, lo que al final – en una clara contradicción – sí sucedió.
La sesión y sus protagonistas
La reunión en la que se presentaron y aprobaron los pagos que Lozoya haría por los casos Odebrecht y Agronitrogenados fue registrada como sesión extraordinaria número 988 y tuvo lugar a las 10:30 de la mañana del 9 de marzo de 2022.
Los consejeros que participaron en la misma fueron Miguel Ángel Maciel Torres, en su calidad de Presidente Suplente del consejo; Héctor Guerrero Herrera, subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía; y los consejeros independientes: Juan José Paullada Figueroa, José Eduardo Beltrán Hernández, Laura Itzel Castillo Juárez, Humberto Mayans Canabal y Lorenzo Meyer Falcón.
También estuvo presente Octavio Romero Oropeza, Director General de Pemex, y Leslie Garibo Puga y Agustín Díaz Lastra, en su calidad de secretaria y prosecretario respectivamente. A ellos se sumaron más de 20 funcionarios invitados entre ellos Luz María Zarza Delgado, Directora Jurídica de la Empresa.
El riesgo de perderlo todo y la negociación de Estado
Tras discutir un asunto previo, Zarza Delgado tomó la palabra para explicar las razones detrás de buscar un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya y fue clara al respecto: no había certeza de que el juicio pudiera ganarse. De hecho, existía la posibilidad de que el exfuncionario recuperara su libertad y se quedaran con las manos vacías.
“(Zarza) relató que el escenario de un litigio futuro es riesgoso considerando que han habido resoluciones que intentan modificar la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, por lo que en el futuro se puede visualizar un escenario en el que se le deje en libertad sin que haya reparación del daño, o un litigio en el que a largo plazo el resultado sea incierto”, se lee en el acta de sesión del consejo.
Acto seguido la abogada de Pemex advirtió a los consejeros que este era un asunto que “rebasaba” a Pemex. Dijo que se trataba de una “negociación de Estado” en la que habían intervenido la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República e incluso la Secretaría de Gobernación.
El acuerdo de Ancira y el “logro histórico”
La abogada de Pemex recordó a los consejeros el antecedente de esta negociación: el pago de 216 millones de dólares pactado con el empresario Alonso Ancira por el sobreprecio con que Pemex, bajo la gestión de Lozoya, compró la planta de Agronitrogenados. En ese contexto el acuerdo con Lozoya era el siguiente paso.
De acuerdo con la directora, de lo que se trataba ahora era de castigar directamente un acto de corrupción que, en este caso, eran los sobornos que presuntamente Lozoya recibió no solo de Ancira sino de Odebrecht.
“El acuerdo reparatorio para Pemex en el caso Odebrecht también será histórico y un precedente importante por ser concretamente respecto a actos de corrupción”, dijo la abogada según lo descrito en el acta de la sesión.
Los pagos pactados y la falta de pruebas
La abogada de Pemex explicó a los consejeros que se obtendrían de Lozoya dos pagos; por el caso Agronitrogenados una reparación del daño de 3.4 millones de dólares y por el caso de Odebrecht un convenio de reparación de daño por 5.9 millones de dólares.
¿De dónde venían las cantidades? De lo que ya estaba plasmado en las acusaciones finales contra Lozoya. De los recursos que, según las transferencias bancarias, recibió el exfuncionario como resultado de los presuntos sobornos. Era lo que estaba acreditado y lo que podía exigirse.
La funcionaria señaló que Pemex logró hacer un ajuste pues, originalmente, en la acusación de FGR por el caso Odebrecht se habían exigido solo 5 millones. Con los datos bancarias se demostró que faltaban por contabilizar 900 mil dólares que lograron sumarse. Pero eso era todo y para ello es que alcanzaban las pruebas con lo que se contaba.
En ese momento de la sesión y anticipando posibles cuestionamientos por lo bajo que parecía el monto respecto a lo que, por ejemplo, se cobró a Ancira, Zarza Delgado recordó que solo podían exigir lo que lso peritajes marcaban.
“Esto es lo que se tiene acreditado y deriva de las transferencias bancarias. (Zarza) explicó que ese es un riesgo en el litigio, porque todo se deriva sólo de estas transferencias bancarias, no hay nada firmado, no hay otra documentación o elemento de prueba, solo la deducción de las empresas que en su momento depositaron estas cantidades”, describe el acta de la sesión.
Sobrecostos y pérdidas “jamás” se negociaron
La Directora Jurídica de Pemex aclaró a los consejeros que las pérdidas que Pemex sufrió por los contratos con Odebrecht, o los sobrecostos y demás afectaciones por la compra de Agronitrogenados, en ningún momento formaron parte de la negociación con Lozoya. De hecho, la funcionaria insistió en que, en estos casos, ninguna cifra fue negociada pues lo solicitado fue lo que se plasmó en la acusación. Nada más ni nada menos.
“Si bien en las negociaciones hay que ceder para llegar a un punto intermedio y en ocasiones hay que compensar, en este caso no hay negociación alguna respecto al monto tanto por el sobreprecio por la venta de la planta de Agronitrogenados en el caso de Alonso Ancira, como el que tiene la carpeta de investigación”, dijo la funcionaria según lo plasmado en el acta de la sesión.
“Monto es demasiado bajo frente a los daños”, reclamó consejera
Tras concluir la exposición hecha por la abogada de Pemex la consejera independiente Laura Itzel Castillo tomó la palabra para advertir que el asunto debería analizarse con mayor profundidad antes de aprobarse. Sobretodo, dijo, ante la posibilidad de que Lozoya obtuviera su libertad por un pago inferior a las pérdidas que Pemex había sufrido.
La consejera expuso, por principio de cuentas, que podrían haber pagos y sobornos no detectados que Lozoya recibió y que no estaban contemplados en la acusación de la Fiscalía. Sumado a ello, indicó que no se estaba considerando que contratos adjudicados a Odebrecht como el de la refinería de Tula se pagaron “muy por arriba de los precios de mercado”, pues se realizaron por adjudicación directa y con diversos convenios modificatorios.
A lo anterior sumó la necesidad de agregar conceptos como los intereses o inflación a las cantidades que Lozoya presuntamente recibió, pues al tipo de cambio actual equivalen a un monto mayor. Itzel Castillo recalcó que lo que se pretendía cobrar a Lozoya por Odebrecht representaba apenas el 2% de lo que esa empresa ganó con los presuntos sobornos.
“La pregunta que nos debemos plantear es ¿este monto a pagar realmente alcanza para reparar el daño causado? La compra de Agronitrogenados, por ejemplo, ha traído incontables pérdidas para Pemex. Han pasado los años y la planta ya rehabilitada sigue sin generar utilidades. Lozoya no es responsable de todas y cada una de las pérdidas, pero con él empezó el desastre. Si él no hubiera actuado de manera indebida Pemex se habría ahorrado millones de dólares” señaló la consejera.
En ese contexto Itzel Catillo pidió a sus colegas hacer un análisis “crítico, ético y moral” de lo que estaban por aprobar, pues a su juicio el monto que se cobraría a Lozoya tendría que ser “tan cuantioso” como el daño causado y equiparable al beneficio que obtendría, es decir, a su libertad.
Las dudas del presidente Maciel
El presidente del Consejo, Miguel Ángel Maciel Torres, tomó la palabra para respaldar la postura crítica de Itzel Castillo, pero recordó los dicho por los abogados de la empresa respecto a “el alto riesgo” que existía de perder el caso si este avanzaba a la fase de litigio.
Por ello planteó varias dudas: en principio de cuentas el tiempo que tardaría en resolverse el proceso penal en contra de Lozoya en caso de que la negociación fallara y, en segundo término, si en caso de que el asunto avanzara definitivamente a juicio podrían modificarse los montos reclamados.
El consejero presidente propuso si era posible considerar, como lo sugirió Castillo, que se agregaran al monto que se pretendía cobrar a Lozoya intereses, penalidades y gastos no esperados en los que tuvo que incurrir la empresa por los contratos firmados como resultado de los posibles sobornos…
(Mañana la 2da parte con la respuesta de los abogados y por qué el acuerdo aprobado no se cumplió)
