Por Leonardo de la Garza
En diciembre del 2021 abordamos lo relativo a la designación por demás rezagada del Fiscal General del Estado de Baja California Sur; esto, porque no obstante que casi todo México migró de las obsoletas y fallidas Procuradurías de Justicia (subordinadas enteramente al designio de los Gobernadores) a Fiscalías Generales (con cierta independencia), lamentablemente los actores políticos de Baja California Sur prefieren mantener esa cómoda posición.
Recordemos que la independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia es una demanda histórica en México, dado que su dependencia y subordinación al Poder Ejecutivo (Gobernadores) ha generado una evidente y notoria aplicación selectiva, arbitraria y discrecional, de las investigaciones, así como de persecución de los hechos con apariencia de delito; y desde ahí, presiones o encargos al Poder Judicial Estatal.
Que dicho sea de paso, su Presidente Daniel Gallo Rodríguez tomó posesión desde enero del año 2012 y lamentablemente en esos casi 11 años en la Presidencia del Poder Judicial de BCS el Sistema Penal Acusatorio se encuentra saturado, por no decir que colapsado, con Jueces de Control y de Enjuiciamiento con agendas tan saturadas que cualquier diferimiento de alguna audiencia se reprograma para no menos de 30 días. Esto, sin referirnos a la infraestructura, que objetivamente podemos afirmar fundadamente que es totalmente indigna, con Juzgados mal equipados, con goteras, baños sucios, salas de audiencia con espacios diminutos, con sillas tan incómodas que se encuentran a nada de parecer de plástico, escritorios minúsculos donde tan solo cabe un imputado y un defensor, o un Ministerio Público con el asesor jurídico y la víctima u ofendido por un lado, porque los escritorios, sin exagerar, no parecen para adultos, se tienen que hacer malabares con el material de consulta, expedientes o equipo electrónico, dificultando en todo momento la agilidad con la que se podría manejar dicho material de apoyo generando retrazos que al final suma en el tiempo disponible en Sala; ni qué decir cuando se trate de asuntos complejos con varios involucrados. Aunque esto lo trataremos en posterior edición con mayor detalle.
Por lo pronto, regresando a la Fiscalía, tanto el Congreso del Estado como el señor Gobernador del Estado de Baja California Sur, tienen en sus manos avanzar tan pronto como gusten, en este tema tan álgido para la Población Sudcaliforniana.
Es urgente que se designe al Fiscal General del Estado, así como al Fiscal Anticorrupción de BCS, y que se les dote de independencia, autonomía, con un presupuesto adecuado y suficiente, que cubra dignamente las necesidades de los Agentes del Ministerio Público, de los Agentes de Investigación Criminal, Peritos y demás personal administrativo y operativo en la nueva Fiscalía, para que puedan tener una carrera ministerial digna y decorosa, con aspiraciones reales de ascender y mejorar sus condiciones laborales, y por ende las de sus familias; porque hasta la fecha, claramente no existe eso, más que incertidumbre y zozobra para todo el personal, que con todo su esfuerzo y dedicación tratan, dentro de lo humanamente posible, Procurar Justicia.
Leonardo de la Garza.
Abogado postulante en materia Penal.
Maestrante en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España.
Maestro en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad de BCS, México.
Diplomado en Litigación Oral por la Universidad de Salamanca, España.
