Por: Arturo Ángel
El gobierno federal en coordinación con las 32 entidades del país diseñará una base de datos nacional con información de criminales vinculados con actividades de secuestro, extorsiones y trata de personas. A dicha información tendrán acceso tanto las policías civiles del país, así como la Guardia Nacional.
Así quedó establecido en un decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el que se transforma la Coordinación Nacional Antisecuestro en un nuevo organismo denominado Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, el cual queda adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La justificación, de acuerdo con el decreto, es que es necesario fortalecer el combate a los delitos de extorsión y trata de personas, cuya incidencia creció entre el 2019 y el 2022, a diferencia del secuestro que ha presentado notables reducciones.
En ese contexto, y sin descuidar el combate al plagio, el presidente ordenó que la coordinación se aboque a fortalecer los esfuerzos de cooperación entre los tres niveles de gobierno para prevenir los secuestros, extorsiones y trata de personas, y cuando así lo requiera la FGR apoye en el desarrollo de las investigaciones.
Para ello el decreto establece que la persona que encabece dicha coordinación tendrá como tarea primaria promover la creación de un sistema de información nacional con los datos criminales de las personas implicadas en los referidos ilícitos.
“Se trata de un sistema único de información criminal que incluya, por lo menos, voz, imágenes y datos en una plataforma tecnológica e informática que propicie mayor efectividad de las acciones de prevención, investigación, operación, sanción y erradicación de los delitos de secuestro, extorsión y trata de personas, por parte de dichas autoridades”, establece el decreto.
En el decreto, que entró en vigor el pasado 20 de junio, no establece un plazo para el lanzamiento de esta plataforma, aunque si fija una fecha de 90 días para que se emita el reglamento de la nueva coordinación.
Otra innovación es la creación de la denominada Unidad de Operación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, cuya finalidad será la de “coordinar acciones concretas en materia de investigación, prevención y disuasión de los delitos de secuestro, extorsión y trata de personas bajo la conducción y mando del ministerio público”.
A dicha unidad también se le ha encomendado la tarea de apoyar a las distintas secretarías de seguridad y fiscalías en la implementación de operativos en contra de los referidos delitos, y proponer a las autoridades competentes mecanismos de protección en favor de las víctimas de dichos ilícitos
La intervención militar
En los artículos transitorios del decreto se estableció expresamente que a la Unidad de Operación de la Coordinación Nacional se le deben asignar elementos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, incluyendo elementos de la Guardia Nacional (GN).
Esto abre una vertiente de participación militar en esta coordinación, incluyendo los accesos a la eventual base de datos, dado que si bien ka GN es constitucionalmente una fuerza de seguridad pública civil, en los hechos es una corporación compuesta en su enorme mayoría por militares subordinados a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por otro lado, el artículo sexto del decreto contempla que se creará un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación cuya tarea será justamente dar seguimiento a las acciones que se implementen para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de secuestro, extorsión y trata de personas.
Aunque los detalles de conformación y sesiones del comité quedarán establecidos en su reglamento, en el decreto ya se establece que estará compuesto por ocho integrantes, de los cuales dos serán de la sociedad civil, mientras que el resto serán funcionarios de distintas fuerzas de seguridad, Y entre ellos se encontrará un representante de la Defensa Nacional, uno de la Marina y otro más de la Guardia Nacional.
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