“En América Latina vemos en estos tribunales internacionales una especie de garantía para las situaciones tambaleantes que se dan en nuestro continente”, dice experto colombiano a DW.
En América Latina han sido más bien escasas las reacciones a la decisión de Karim Kahn, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamás. Aparte del apoyo explícito de Colombia y Chile, y las abiertas críticas de Paraguay, no hay mucho que consignar.
Pero la solicitud, sobre la que aún debe resolver el tribunal, no pasa inadvertida en la región. “Me parece que el fiscal Kahn envía un mensaje de que esta no es una corte que únicamente está persiguiendo los crímenes que se cometan en países en vías de desarrollo, sino que está dispuesto, al menos desde la Fiscalía, a hacer efectivo el cumplimiento del derecho internacional en cualquier parte del mundo, incluyendo a países desarrollados del norte global”, dice a DW Enrique Prieto, profesor de derecho internacional en la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia.
También Araceli Mangas Martín, profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, considera positivo “que haya la posibilidad de que grandes personalidades, jefes de Estado, jefes de Gobierno, puedan ser investigados y también, llegado el caso, acusados, si se dan esas circunstancias”.
En este contexto, el académico colombiano hace notar la relevancia de esta señal, dado que, “desde los países en vías de desarrollo, especialmente desde África, pero también desde América Latina, había una crítica constante”, en cuanto a “prácticas neocolonialistas” del tribunal, que había investigado principalmente casos del continente africano o de Europa oriental.
Adhesión latinoamericana a la CPI
Eso no significa, sin embargo, que la CPI no haya tenido amplia acogida en América Latina y el Caribe. 28 Estados del área son parte del Estatuto de Roma, que le dio vida. El último de ellos en ratificarlo fue El Salvador, en 2016.
Emilia Rojas Sasse – DW
