El Narcoterrorismo ha sido una preocupación persistente en Latinoamérica desde hace varias décadas. La intersección del narcotráfico y el terrorismo ha dado lugar a una amenaza compleja y multifacética que ha afectado profundamente a la región; de hecho, se puede observar esa convergencia entre organización criminal y terrorismo. Por un lado, se busca empoderar a la organización a través de sus actividades ilícitas y, por otro lado, aplicar medidas operativas que se utilizan en el terrorismo, con el objetivo de ganar poder en la región o amedrentar al Estado, la sociedad u otras organizaciones criminales, es decir, asesinar en masa sin tener ningún valor hacia la vida humana.
¿A qué se debe el gran auge del narcotráfico, desde una perspectiva violenta? El narcotráfico ha florecido en América Latina debido a su ubicación geográfica estratégica, la presencia de regiones en condiciones favorables para el cultivo de drogas y la demanda global de estupefacientes.
La rentabilidad del comercio de drogas ha dado lugar a organizaciones criminales poderosas que buscan proteger y expandir sus operaciones a través de la violencia y la intimidación. Estas organizaciones, a menudo, han establecido vínculos con grupos terroristas para fortalecer sus estructuras y salvaguardar sus intereses. Es decir, estamos ante un vínculo que no es nuevo. De hecho, el cartel de Medellín aprendió el arte de los explosivos por el grupo terrorista y criminal Esukadi Ta Askatasuna – también conocido por sus siglas, ETA –. Esto llevó a una gran oleada de ataques terroristas contra políticos, policías, personal del sistema de justicia y cómo no, contra la propia ciudadanía.
Por lo que estaríamos hablando de un concepto que se acuñó entre las décadas de los 80 y 90. El Narcoterrorismo ha generado consecuencias devastadoras en Latinoamérica. Las comunidades afectadas sufren altos niveles de violencia, corrupción y debilitamiento del Estado de Derecho. Además, la economía y el desarrollo de la región se ven perjudicados debido a la influencia del narcotráfico en la política y la sociedad. El Narcoterrorismo también ha alimentado la inestabilidad social y política, socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y generando un clima de temor y desesperanza.
¿Qué tipo de desafíos y retos conlleva la lucha contra esta fenomenología? La lucha contra el Narcoterrorismo en Latinoamérica se enfrenta a diversos desafíos. La pobreza, la falta de oportunidades económicas, la desigualdad social y la debilidad institucional son factores subyacentes que alimentan el ciclo de violencia y criminalidad. También, la corrupción generalizada en algunos países dificulta los esfuerzos para combatir eficazmente el narcotráfico y desmantelar las redes criminales. Es decir que, visto la dirección de los diferentes gobiernos, en los diferentes países y en las diferentes legislaturas, podemos observar que la situación presenta una alta complejidad, debido a la ineficacia en las actuaciones político-criminales.
No obstante, el Narcoterrorismo se ha manifestado de diversas formas en América Latina a lo largo de los años. Como puede ser Sendero Luminoso (Perú), el cual es considerado uno de los grupos narcoterroristas más emblemáticos de América Latina. Surgió en la década de 1980 y combinaba tácticas terroristas con actividades relacionadas con el narcotráfico. El grupo buscaba derrocar al gobierno peruano y establecer un estado maoísta. Financiaban sus operaciones a través del tráfico de drogas, principalmente cocaína, y cometieron numerosos actos violentos, incluyendo ataques a la población civil, secuestros y asesinatos. Están asociados al grupo terrorista libanés, Hezbollah. El cual, es un socio en el narcotráfico y el lavado de activos en la región.
Asimismo, también podemos encontrar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas en la década de 1960, las cuales se consideran uno de los grupos narcoterroristas más antiguos y grandes de América Latina. Inicialmente, el grupo tenía una agenda política basada en la lucha contra la desigualdad social y la reforma agraria. Sin embargo, a lo largo de los años, se involucraron en el narcotráfico para financiar sus actividades. Controlaban áreas de cultivo de coca y laboratorios de producción de cocaína, además de secuestrar y extorsionar a narcotraficantes para obtener recursos. De hecho, sus nuevas disidencias se están encargando de reclutar jóvenes para combatir al “Estado opresor”. Además, buscan captar a un público joven con videos amigables y con ningún impacto violento. Es decir, que estamos viendo una versión edulcorada, de la metodología de Daesh en redes sociales.
Por otro lado, podemos encontrar a Los Zetas, un grupo criminal que surgió como brazo armado del Cártel del Golfo, pero luego se independizó y se convirtió en una organización narcoterrorista por derecho propio. Son conocidos por su violencia extrema y tácticas de terrorismo. Además del narcotráfico, se dedican al secuestro, la extorsión y el tráfico de personas. Han desencadenado una ola de violencia en México, perpetrando asesinatos en masa, masacres y ataques a la población civil.
Sin embargo, la problemática dentro de la seguridad nacional en México, no se queda únicamente ahí, los cárteles de la droga mexicanos, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, han llevado a cabo acciones violentas en su lucha por el control del territorio y el tráfico de drogas. Esto incluye asesinatos, secuestros, extorsiones y actos de terrorismo dirigidos tanto a grupos rivales como a la población civil. La disputa por las rutas de narcotráfico ha generado altos niveles de violencia en varias regiones del país.
Una de las problemáticas que encuentra todo Estado, con pretensiones de ostentar el poder y el dinero, es la corrupción estatal. La penetración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales y las fuerzas de seguridad ha sido un factor clave en el Narcoterrorismo en México. La corrupción de funcionarios y agentes de seguridad ha permitido que los cárteles operen con impunidad y debilitando los esfuerzos para combatir el crimen organizado. No hay más ciego que el que no quiere ver pero, sobre todo, el que mira hacia otro lado cuando están atacando a la ciudadanía. Por lo que el Narcoterrorismo afecta profundamente a la sociedad mexicana.
La violencia generada por los cárteles ha provocado miles de muertes y desplazamientos forzados, así como un clima de miedo y desconfianza. Sumado a que la presencia del narcotráfico ha debilitado la economía y afectado la calidad de vida de las comunidades, dificultando el desarrollo social y económico en diversas áreas del país.
Para concluir, el Estado tiene que ser el ejemplo de un Estado de Derecho, el cual proteja los derechos y libertades de los ciudadanos. En una situación como la expuesta, definir la actuación criminal de estas organizaciones, como ataques terroristas. El problema no es únicamente que estos asesinen deliberadamente a ciudadanos, policía e, incluso, que estén atentando contra la salud pública (el mercado del fentanilo da para un artículo propio), sino que los gobiernos no se tomen la situación como realmente es, una amenaza nacional con una proyección internacional. De igual forma, que se llegue a normalizar la muerte de las personas. Queda claro que la cooperación regional e internacional también es fundamental, en vista de que el narcotráfico trasciende las fronteras y requiere una respuesta conjunta y, evidentemente, acabar con la corrupción institucional. Del mismo modo, abordar políticas públicas y sociales, que busquen sacar a los jóvenes de las calles y que no se conviertan en los futuros soldados del crimen organizado.
Cristian Rodríguez Jiménez
Criminólogo. Analista en Terrorismo Internacional y Crimen Organizado. Delegado en Chile de CISEG.}
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