La mayoría de los juristas nos hemos enfrentado, en una o varias ocasiones, a los señalamientos realizados por la Sociedad, respecto a la falta de confianza que prevalece hacia el Sistema de Justicia Penal que hoy en día se aplica en todo México.
Mayormente hemos escuchado frases como: “El juez dejó en libertad al delincuente”, “Es un Juez vendido o corrupto”, “Abogados defensores sin escrúpulos”, y; como estos, muchos más señalamientos en contra de los operadores del Sistema de Justicia Penal, que circulan de boca en boca entre aquellos que, desconociendo las Leyes Penales, emiten un juicio desde su creencia o punto de vista, con base en la percepción sesgada o parcial de los hechos que se difunden en redes sociales y medios de comunicación; es decir, sin tener conocimiento real y completo de las evidencias que hay en el expediente del caso, sin tener conocimiento ni dominio de las Leyes Penales ni de los Derechos Humanos reconocidos por México, y sin conocimiento de lo que realmente sucede dentro de la sala de oralidad donde el Fiscal o Ministerio Público junto con el Asesor Jurídico de la Víctima tratan de persuadir al Juez sobre la verdad de su Teoría del Caso, al igual que lo intenta la Defensa sobre su hipótesis defensiva.
Lo más grave, cuando los usuarios de los medios de comunicación o redes sociales incitan a las ofensas, a la violencia, tergiversando los hechos en un formato amarillista que, puede generar repudio o agresiones hacia las partes que participan en un proceso de oralidad penal, tal solo por hacer su trabajo.
El Sistema Penal Acusatorio, de una manera bastante resumida, es un conjunto de etapas y fases por medio del cual se investigan ciertos hechos con apariencia de delito debiendo recabarse las evidencias necesarias para probar la existencia de ese hecho con apariencia de delito y quién posiblemente lo cometió. Durante el desarrollo del mismo, hay dos mesas o posturas antagonistas de los adversarios, un contendiente (el Fiscal o Ministerio Público) que representa a la Sociedad y debe investigar esos hechos de relevancia penal y recabar las evidencias, así como otro contendiente (Asesor Jurídico) quien también puede llevar sus evidencias y argumentar, representando a la víctima o parte ofendida, además de que coadyuva o complementa al Ministerio Público. La otra parte, se integra por la persona a quien se investiga o acusa de haber cometido esos hechos y cuenta con un Defensor para hacer valer sus derechos, quien por regla general no cuenta con un equipo de investigadores, policías o peritos a su disposición, como si lo tiene a su alcance el Ministerio Público, desde luego pagados con los impuestos de la Sociedad.
Diga lo que se diga, el imputado o acusado siempre estará en desventaja frente al Ministerio Público que representa el Poder Punitivo del Estado, además de contar con toda una estructura de peritos, policías e investigadores a su disposición para probar los hechos con apariencia de delito, y; quien además, tiene un coadyuvante que es el Asesor Jurídico de la víctima o parte ofendida.
Evidentemente no hay igualdad entre el Fiscal (con peritos, policías e investigadores) quien en unión del Asesor Jurídico Coadyuvante, intentan probar una acusación contra el acusado y su defensor. Es por ello, que después de haberse documentando a través de la historia incontables injusticias contra inocentes, se han reconocido múltiples derechos humanos de suma importancia en favor de toda persona, como son el debido proceso, la presunción de inocencia, la no auto incriminación, el derecho a defenderse y contra probar, legalidad, taxatividad, entre muchos otros.
Ahora bien, todos estos sujetos deberán presentar sus respectivas versiones de los hechos y sus evidencias del caso, a un tercero que funge como árbitro o referí y que, por supuesto, debe ser independiente e imparcial (el Juez) y es a quien corresponde resolver a cual de los contendientes asiste la razón con base en las evidencias y argumentos que cada parte le presente; desde luego, revisando que las evidencias sean lícitas y no hayan sido manipuladas, para que la presunción de inocencia pueda desvirtuarse.
Sin embargo, el problema que en muchos de los casos percibe la Sociedad, tiene que ver con aspectos probatorios incubados por aquellas técnicas y procedimientos deficientes que realizan los Policías e Investigadores, y que en fases posteriores habrán de desquebrajar el caso del Fiscal y del Asesor Jurídico, quien normalmente omite revisar que no existan fallas o vulnerabilidades en su caso.
Es por esto que, cada uno de los pasos realizados por las partes deben, necesariamente desarrollarse con gran cuidado y en estricto apego y respeto de los derechos humanos de todas las partes, para evitar que posteriormente un caso se anule por tales infracciones a las leyes. Asimismo, se deben evitar las acciones tendientes a manipular la información o las evidencias de un caso, así como evitar a toda costa las restricciones o afectaciones injustificadas e ilegales a los derechos de las partes; pues lo contrario, necesariamente habrá de impactar en el resultado final del caso.
No es tarea fácil ser Juez. Se debe dar la razón a una u otra parte, no existen los empates, y desde luego, siempre quien resulte vencido se sentirá agraviado y no pocas veces con sed de venganza, buscará señalar al árbitro de haber actuado ilegalmente, en lugar de aceptar que no cumplió con sus obligaciones procesales y perdió su caso por su propia negligencia o torpeza. Es fácil señalar al abogado defensor o al juez como los culpables de estas deficiencias, pues en los casos en que resulta liberada una persona, normalmente serán señalados por la Sociedad que prejuzga sin evidencias, sobre la culpabilidad de una persona, y los señalan como los responsables de no hacer justicia, de no aplicar la norma y, peor, cuestionar la integridad de su proceder por tan solo respetar los derechos que como individuo tiene cualquier acusado.
A todos nos gustaría ser tratados como inocentes y que se nos respeten nuestros derechos humanos cuando, por cuestiones del destino, nos podamos ver inmersos en un lamentable atropellamiento de una persona. Más, si esa persona fallece, porque estoy seguro que a todos nos gustaría enfrentar el proceso en libertad, defenderse en libertad y no desde una celda compartida con otros reos, a todos nos gustaría ser juzgados y tener como Juez uno que sea garante y respetuoso de los derechos humanos, que nos presuma inocentes, que considere que se trató de un posible accidente, y; no por el contrario, tener a un Juez inquisitivo, que asuma las funciones del Ministerio Público, recabando pruebas e investigando los hechos, dejando de ser imparcial e independiente, favoreciendo a una de las partes, y que considere que no fue un atropellamiento accidental, sino que se actuó con la intención de privar de la vida a esa persona empleando un vehículo de fuerza motriz como arma o medio violento, lo que conlleva enfrentar todo el proceso que puede durar de 1 a 2 años, en prisión preventiva.
Lo mismo podría ocurrir con quienes tengan hijos varones, en caso de que lamentablemente algún día sean señalados de abusadores o violadores, a esos padres, estoy seguro que les gustaría tener un Juez imparcial, objetivo, garante de los derechos humanos de su hijo; que desde luego, resuelva conforme a Derecho y conforme a las evidencias que haya al respecto, ni más, ni menos, tan solo lo que es.
Es cierto que en ocasiones un delincuente puede quedar en libertad, pero estimo que ello es preferible a que un inocente sea condenado a pasar una vida en prisión por algo que no cometió. El Sistema Penal Acusatorio en México falla, pero también falla el sistema de justicia Norteamericano, el Alemán, el Español, el Brasileño; ningún sistema de justicia es infalible; sin embargo, están diseñados para cumplir su cometido, impartir justicia y esclarecer los hechos, siempre que todos los operadores respeten los derechos de todos los intervinientes y cumplan con sus obligaciones y cargas procesales.
No solo los defensores, los fiscales y los jueces son parte del proceso de alcanzar la justicia, sino también los representantes de la presunta víctima, la Sociedad y los medios de comunicación deben ser responsables y objetivos, pues en ocasiones son los responsables de que se violente el debido proceso y la presunción de inocencia, generando impunidad que a todos nos afecta.
Leonardo de la Garza García
Maestro en Derecho en Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Facebook: Leonardo de la Garza
