Por: Arturo Ángel
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal la apertura de un juicio oral en contra del empresario Teófilo Zaga Tawil por su participación en una operación en la que el Infonavit pagó una indemnización millonaria y presuntamente excesiva a la empresa Telra Realty, de la que el acusado obtuvo personalmente 270 millones de pesos.
Sin embargo, y de forma contraria al criterio que ya había aplicado en este mismo caso en contra de otros empresarios involucrados, la FGR no solicitó que Zaga devuelva esos recursos en caso de que sea declarado culpable. De hecho, el empresario pagó solo dos millones a cambio de su libertad provisional.
No es todo. En otro proceso abierto en su contra por defraudación fiscal, la fiscalía tampoco le exigió a Teófilo Zaga el pago que según la ley correspondía a cambio de su libertad. Dicho monto debería haber alcanzado los 260 millones de pesos, pero en vez de ello, le cobró solo el 0.7%, es decir dos millones de pesos.
Así lo comprueban documentos ministeriales y judiciales a los que este medio tuvo acceso correspondientes al llamado Caso Telra-Infonavit que a lo largo de este sexenio se ha visto marcado por denuncias de irregularidades, violaciones a derechos humanos y hasta extorsiones.
Como resultado la FGR ha perdido órdenes de aprehensión que en su momento obtuvo y jueces han anulado procesos penales. Hoy no hay una sola persona (funcionario o particular) que se encuentre en la cárcel, ni tampoco hay sentencias definitivas dictadas.
Los antecedentes
Teófilo Zaga Tawil y su hermano Rafael son accionistas de la empresa Telra Realty que entre 2014 y 2016 firmó un contrato y varios convenios con el Infonavit (en ese momento encabezado por Alejandro Murat) para la implementación de una plataforma tecnológica llamada “Movilidad Hipotecaria”, que permitiría agilizar la ocupación de viviendas o la resolución de adeudos.
Pero en 2017 una nueva administración de Infonavit terminó de forma anticipada el contrato al considerar que no era financieramente viable. Se firmó entre las partes un convenio en el cual el Infonavit pagó más de 5 mil millones a un fideicomiso ligado a Telra Realty por concepto de reparación de daño e indemnización.
El dinero se entregó en varias transferencias entre octubre de 2017 y marzo de 2018. Luego se dispersó entre varias personas y empresas. Por ejemplo, a los empresarios Max y André El Mann Arazi (dueños del gigante inmobiliario Fibra Uno) y ligados familiar y profesionalmente a los Zaga, les fueron transferidos mil millones de pesos. Teófilo Zaga recibió 270 millones en sus cuentas.
Tras las denuncias de Infonavit por estos hechos, la FGR inició la carpeta de investigación número FED/SEIDF/NAI-CDMX/0001015/2019 en la que determinó que los pagos que recibieron las empresas y sus socios fueron “producto de una actividad ilícita porque provienen de una indemnización viciada a través de la sobreevaluación de daños y perjuicios”. Además, determinó que la responsabilidad no solo era de exfuncionarios del ISSSTE sino de los particulares.
La UIF, por su parte, denunció a principios de 2020 a los Zaga y a los El Mann por posibles operaciones de lavado de dinero y congeló sus cuentas. Por ello se inició una nueva carpeta en su contra bajo el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000395/2020 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ello sumado a procesos de índole fiscal.
Dinero por libertad
Con la intermediación de uno de los despachos de abogados señalados de tener vínculos con el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, los hermanos El Mann Arazi lograron que las acusaciones en su contra avanzaran. ¿Qué entregaron a cambio?: dos mil millones de pesos.
Inicialmente, el dinero se entregaría directamente al Infonavit bajo la figura de un acuerdo reparatorio cuyo borrador condicionaba la entrega del dinero al descongelamiento de sus cuentas bancarias y las de su empresa. Sin embargo, tras diversas complicaciones, el 10 de febrero de 2020 giraron nuevos cheques pero dirigidos a la FGR por el referido monto.
Para darle formalidad al pago se concedió a los El Mann un criterio de oportunidad en donde estos negaban ser responsables de un delito, pero aceptaban devolver el dinero para zanjar el asunto. No obstante, los dos mil millones que entregaron eran el doble de lo que realmente les transfirieron.
En el documento del criterio, los fiscales asentaron que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita era de tipo patrimonial y, por tanto, lo procedente era concederle el criterio a los El Mann a cambio de la reparación del daño. Un razonamiento que algunos expertos han criticado al considerar que el lavado no es un delito de este tipo. No obstante, así quedó redactado en los documentos de los que este medio tiene acceso:
Por su parte los hermanos Zaga se negaron a entregar algún pago tras considerar que ello carecía de cualquier sustento legal. Como resultado, a finales de 2020 se giraron órdenes de aprehensión en contra de ellos por delincuencia organizada y lavado, además de defraudación fiscal.
Teófilo Zaga fue detenido y vinculado a proceso el 1 de mayo de 2021. Durante más de dos años permaneció en prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, estado de México.
Criterio contradictorio
El pasado 10 de febrero la FGR presentó en una audiencia denominada intermedia la acusación formal en contra de Teófilo Zaga Tawil. En ella expuso los argumentos por los cuales considera que debe ser enjuiciado, declarado culpable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aplicársele las penas correspondientes que pueden ir desde los cinco hasta los 20 años de cárcel.
Sin embargo y pese a sostener en su acusación que Zaga habría recibido 270 millones en sus cuentas personales, sumado a lo que percibió la empresa de la que es socio, los fiscales consideraron que por la naturaleza del delito no aplicaba exigirle la reparación del daño, es decir, la devolución de ese dinero.
Este razonamiento es abiertamente contradictorio al ya descrito arriba en el caso de los hermanos El Mann, donde en el criterio de oportunidad se estableció tácitamente que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita era de tipo patrimonial y por lo tanto era procedente una reparación del daño.
El concepto de reparación del daño en el caso de Teófilo Zaga era relevante ya que su hermano Rafael Zaga y su sobrino lograron que se cancelaran las órdenes de aprehensión en su contra a través de juicios de amparo en donde se demostró que el caso no estaba bien sustentado.
Y si bien los El Mann entregaron dos mil millones de pesos, de acuerdo con la investigación de la FGR y las denuncias del Infonavit, el daño para el patrimonio de dicho instituto supera los cinco mil millones de pesos.
El caso fiscal y el beneficio indebido
Teófilo Zaga también logró que se revocara la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra por su presunta responsabilidad en una defraudación fiscal que, según la imputación de los fiscales y de la Procuraduría fiscal, asciende a 98 millones 182 mil 712 pesos con 72 centavos correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
Para alcanzar este beneficio y la libertad provisional el juez le imputó, a petición de los fiscales, el pago de una garantía de solo dos millones de pesos, apenas una fracción del presunto fraude fiscal.
Sin embargo, de acuerdo con lo que establece la ley el monto que se le debió haber exigido debió ser incluso cien veces mayor. Ello ya que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece claramente que para casos de libertad provisional debe establecerse una caución que comprenda no solo el monto del adeudo fiscal, sino además actualizaciones y recargos.
En ese contexto, de acuerdo con cálculos hechos por especialistas el pago que se debió haber reclamado a Teófilo Zaga ya tomando en cuenta los anteriores factores ascendía a, por lo menos, 259 millones de pesos. Los dos millones que pagó equivalen apenas a un 0.7 por ciento de ese total.
Lluvia de irregularidades
El caso Telra – Infonavit ha sido cuestionado por distintas fuentes prácticamente desde el principio. Ello luego de que en 2019 fuera reabierto y se determinara proceder no solo contra los funcionarios sino también en contra de los empresarios.
El desaseo en torno al mismo cobró notoriedad cuando en febrero de 2020 el fiscal Alejandro Gertz Manero se presentó en la conferencia matutina a entregarle al presidente López Obrador un cheque por dos mil millones de pesos que habían sido “recuperados” por este caso. Se trataba, supuestamente, de los recursos que los El Mann habían pagado para descongelar sus cuentas.
Sin embargo, esos montos eran incobrables pues para ese momento no se había formalizado ningún procedimiento ni se había aceptado el acuerdo reparatorio. De hecho, los cheques tuvieron que ser expedidos nuevamente Rafaebajo la figura de un criterio de oportunidad aprobado hasta mayo de 2020. No obstante, las presiones para que el cobro se hiciera efectivo terminaron provocando la renuncia de Jaime Cárdenas quien encabezaba el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Otra irregularidad fue justamente el pago de los dos mil millones, que no tenía ningún sustento ya que lo que los dueños de Fibra Uno habían recibido del fideicomiso cuestionado era la mitad de esa cantidad. Rafael Zaga sostuvo que se trataba de un pago irregular al que ellos no accedieron cuando el titular de la FGR se los exigió en una reunión en octubre de 2019, lo que trajo como probable represalia la persecución penal en su contra.
A diferencia de Teófilo, Rafael Zaga y su hijo (quien también fue imputado) se defendieron desde la distancia a través de sus abogados hasta que, en julio pasado, consiguieron que un Tribunal Colegiado cancelara de forma definitiva las órdenes de arresto en su contra. Las razones: no había delito y sus derechos fueron violados.
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