Por: Arturo Ángel
Por primera vez en la historia legal mexicana, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha hecho presente oficialmente en un proceso de extradición en nuestro país.
A través de un oficio firmado por los representantes en México de los altos comisionados de Naciones Unidas para los refugiados y los derechos humanos, el organismo ha pedido a un juez mexicano considerar los riesgos a la vida e integridad física que sufriría el opositor ruso Kirill Olegovich Safran, preso en una cárcel mexicana y reclamado en extradición por el gobierno de Vladimir Putin.
La carta, de la que este periodista tiene copia, ya fue aceptada para su valoración por el juez federal a través de la figura denominada “amicus curiae” (amigos de la Corte) que aplica a terceros que no forman parte directa de un proceso jurídico pero que aportan elementos de interés al mismo.
El oficio también fue dirigido a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) que en su momento, y contra las valoraciones hechas por un primer juez, decretó procedente la extradición de Safran a Rusia. No obstante, los abogados defensores lograron suspender su entrega temporalmente a través de un juicio de amparo.
El caso ha sido ampliamente documentado en las últimas semanas en el espacio de Así las Cosas PM, conducido por Enrique Hernández en W Radio. En resumen: Safran fue detenido en 2022 en México, donde ya llevaba residiendo más de cinco años, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición solicitada por Rusia.
De acuerdo con las autoridades de dicho país a Safran se le imputan supuestos cargos de siembra de cannabis con la intención de comercializar marihuana. Sin embargo, documentos oficiales y dictámenes periciales prueban que el también empresario ruso fue detenido y torturado a finales de 2014 en dicho país. Lo anterior con el objetivo de que aportara datos de movimientos opositores en los que participaba, y en específico de un activista político que a la postre fue asesinado.
En una entrevista desde el Reclusorio Sur para el referido programa radiofónico, el propio Safran dijo temer por su vida en caso de ser extraditado.
Las evidencias de estos maltratos llevaron a un juez federal a emitir una opinión jurídica en la que recomendó al Gobierno de México no entregar en extradición a Safran. Sin embargo, la SRE desestimó dicha resolución, así como diversas posturas internacionales y dio luz verde a la entrega.
La peticiones de Naciones Unidas
El futuro de Kirill Safran se encuentra ahora en manos del juez federal Juan Mateo Brieba de Castro, quien está a cargo de la resolución del amparo promovido por sus abogados en contra de la orden de extradición autorizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dicho juez autorizó el pasado 29 de marzo que se integre al expediente del caso el oficio de la ONU firmado por el representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios; y por el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri.
En la misiva dichos representantes señalan al juez que han tomado conocimiento del proceso de extradición de Kirill y, con respeto a su investidura y libertad de jurisdicción, le expresan las preocupaciones de extraditar a una persona con antecedentes de posible tortura y que busca una condición de refugiado.
En ese contexto, los comisionados le adjuntan al juez la Observación General emitida por Naciones Unidas respecto a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, la cual establece que ningún Estado debería devolver o extraditar a una persona a su Estado de origen cuando haya razones fundadas para creer que está en peligro de ser sometida a la tortura.
“Convencidos de su compromiso con los principios más amplios de justicia y en aras de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, esperamos que las consideraciones expuestas y el documento que se adjunta sean de utilizad para la reflexión y el análisis que emprenderá sobre el tema en el presente juicio”, señala la misiva.
Será el 11 de abril cuando el juez analice toda la evidencia a su disposición y tome una determinación sobre el caso.
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