El sistema penal en México enfrenta una crisis de sobrepoblación, ineficiencia y falta de recursos que ha llevado a buscar alternativas para mejorar su funcionamiento. Dentro de estas opciones, una de las propuestas más innovadoras es el concepto de “cárceles virtuales”, que permitiría sustituir el encarcelamiento físico tradicional por medidas de vigilancia electrónica mediante dispositivos tecnológicos, como brazaletes y sistemas de monitoreo en tiempo real. Esta idea, que ya ha sido implementada parcialmente en algunos países, plantea una serie de ventajas y desafíos que merecen ser explorados a profundidad, tanto desde la perspectiva de la política criminal como desde los derechos humanos.
Actualmente, el encarcelamiento es la principal herramienta de castigo en el sistema de justicia penal mexicano, y la mayoría de los delitos graves son castigados con prisión preventiva o penas privativas de libertad. Sin embargo, la sobrepoblación en las cárceles ha llevado a una situación insostenible. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a finales de 2023, la población penitenciaria en México superaba las 222,000 personas, mientras que la capacidad instalada de los centros penitenciarios es significativamente menor. Esto ha generado problemas de hacinamiento, insalubridad, violencia intracarcelaria y una falta de acceso adecuado a programas de rehabilitación. Ante este panorama, el uso de tecnologías de vigilancia electrónica surge como una alternativa viable para ciertos delitos y personas procesadas.
La vigilancia electrónica ya está contemplada en el marco jurídico mexicano a través de diversas leyes. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) regula la posibilidad de utilizar dispositivos de geolocalización para personas que enfrentan un proceso penal en libertad, permitiendo así la supervisión del cumplimiento de medidas cautelares que no impliquen la privación de libertad. En este contexto, los brazaletes electrónicos han sido utilizados principalmente para asegurar que los imputados no se fuguen o cumplan con las restricciones impuestas por el juez, como no acercarse a determinadas personas o lugares. Esta medida, sin embargo, ha sido limitada a ciertos casos de prisión preventiva, y su aplicación podría ampliarse de manera significativa en un esquema de cárceles virtuales.
El concepto de cárceles virtuales implicaría la extensión del uso de estos dispositivos a un mayor número de delitos y sentencias, permitiendo que personas condenadas por ciertos delitos no necesariamente cumplan sus penas en un centro penitenciario, sino bajo estrictas condiciones de vigilancia en sus domicilios o en lugares autorizados. En lugar de estar físicamente confinados, los condenados serían monitoreados mediante tecnologías avanzadas que aseguren su cumplimiento con las condiciones impuestas por el sistema judicial. Esto no solo podría ayudar a aliviar el problema del hacinamiento carcelario, sino que también tendría importantes beneficios para la reinserción social de las personas condenadas.
Una de las ventajas más claras de este sistema es la reducción de los costos asociados con el encarcelamiento. El mantenimiento de una persona en un centro penitenciario representa una carga financiera significativa para el Estado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo promedio anual por interno en México supera los 80,000 pesos. Este gasto incluye alimentación, servicios médicos, seguridad y programas de rehabilitación, entre otros. Al optar por una medida de vigilancia electrónica, el costo se reduciría drásticamente, ya que el monitoreo electrónico es mucho más económico y eficiente. Países como España y Estados Unidos ya han implementado estos sistemas con resultados positivos en términos de ahorro presupuestario y reducción de la reincidencia.
El marco normativo mexicano tiene las bases para una posible implementación más amplia de las cárceles virtuales. La Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en 2016, establece un sistema que privilegia la reinserción social y permite el uso de mecanismos alternativos al encarcelamiento para penas menores. Sin embargo, una transición hacia el uso masivo de vigilancia electrónica requeriría reformas más profundas en el Código Penal Federal y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo que respecta al artículo 18, que regula el sistema penitenciario y los derechos de las personas privadas de libertad. Estas reformas deberían asegurar que el uso de dispositivos electrónicos no comprometa derechos fundamentales como la privacidad y la dignidad humana.
El desafío principal para la implementación de cárceles virtuales es precisamente el equilibrio entre control y respeto a los derechos humanos. Aunque el sistema de vigilancia electrónica ofrece ventajas en términos de eficiencia y reducción de costos, también plantea preocupaciones sobre la invasión de la privacidad y la posibilidad de abuso por parte del Estado. Las personas monitoreadas electrónicamente podrían verse sometidas a un control constante, lo que podría considerarse una forma de castigo continuo o incluso de vigilancia estatal excesiva, que iría en contra de los principios básicos del derecho a la privacidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Para evitar estos problemas, sería necesario desarrollar una regulación clara y estricta sobre el uso de la vigilancia electrónica. Esta normativa debería especificar con precisión los tipos de delitos para los que se aplicaría la medida, los límites de la vigilancia y los derechos de las personas monitoreadas. Además, el Estado tendría la obligación de garantizar que el sistema de vigilancia no sea utilizado como una forma de discriminación o control social desproporcionado, especialmente en el caso de poblaciones vulnerables.
Otro aspecto clave es la efectividad de las cárceles virtuales para la rehabilitación y reinserción social. A diferencia del encarcelamiento tradicional, que suele aislar a las personas del resto de la sociedad, la vigilancia electrónica podría permitir que los condenados mantengan un mayor contacto con su entorno social y laboral, facilitando su reintegración una vez que hayan cumplido su pena. Sin embargo, para que esta medida sea realmente efectiva, debería estar acompañada de programas de rehabilitación y apoyo social, de manera que los condenados puedan acceder a servicios de educación, empleo y atención psicológica mientras cumplen su pena en un entorno más abierto. De lo contrario, las cárceles virtuales podrían convertirse simplemente en una extensión del castigo sin ofrecer una verdadera oportunidad de reinserción.
