El pasado domingo en los premios Oscar, la película brasileña “Aún estoy aquí” ganó el premio a mejor película internacional. La misma, relata la historia real del diputado Rubens Paiva, víctima de desaparición forzada en 1971 durante la dictadura militar del país Sudamericano. Esta historia es relatada desde la mirada de la activista brasileña Eunice Paiva, esposa de la víctima, y que tras los hechos se dedicó toda su vida a la defensa de los derechos humanos.
Es contrastante que en medio del discurso colonial de Emilia Pérez, sea precisamente una película que habla sobre desapariciones forzadas en las dictaduras latinoamericanas, la que gana un premio en Estados Unidos. Conviene recordar que Brasil fue uno de los principales países en implementar el “Plan Cóndor”, como política de terrorismo de Estado patrocinada por los estadunidenses para asegurar su control en la región durante la guerra fría. Sin embargo, más allá de eso, la película nos deja varias lecciones sobre el pasado de la desaparición forzada, y un posible futuro ante la poca contención de los gobiernos autoritarios, la erosión democrática, y el resurgimiento de las políticas militaristas
La desaparición forzada, no solo fue una práctica común de las dictaduras del siglo pasado incitadas por Estados Unidos, sino que se ha convertido en una práctica recurrente hasta la fecha en toda América Latina. La Convención Interamericana en la materia la define en su artículo II como:
La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
En México, la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas la define de manera similar:
Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
La película retrata de manera muy clara los elementos de esta conducta; la manera en que el diputado Rubens Paiva es detenido por personal de la policía militar y no regresa a su casa jamás; como el Estado, con todo y la presión mediática niega la detención por lo que los mecanismos jurídicos, principalmente el Habeas Corpus, son improcedentes; además niega también la muerte de la víctima por lo que es imposible realizar las acciones jurídicas sobre sus bienes.
En un breve diálogo revela los posibles destinos del cuerpo de la víctima, fosas comunes, cremación, o la más conocida de todas y que sucedió a la par en Argentina, Chile y México: arrojar los cuerpos al mar desde helicópteros.[1]
Además hay un breve retrato en la película, sobre los impedimentos para disponer de los bienes de la persona desaparecida, lo que la Corte Interamericana en casos como Molina Theissen vs. Guatemala, atendió ordenando al Estado crear un proceso especial para declarar la ausencia, y que en México se regula a partir del artículo 142 de la ley en la materia.
Por otra parte, la película muestra el mal funcionamiento de las instituciones jurisdiccionales para controlar los actos de la dictadura, lo que en el contexto de la reforma judicial mexicana, anticipa una problemática al eliminar al Poder Judicial como un instrumento del control del poder, cuestión que es particularmente paradigmática en el país que inventó el amparo.
La desaparición forzada representa una afectación muy grave sobre las víctimas indirectas, pues la incertidumbre sobre el paradero de la víctima directa genera un daño particular. Por otra parte, el Estado no puede afirmar la muerte de la víctima porque implicaría la negativa a continuar con la búsqueda de la persona, ya sea con o sin vida. La imposibilidad de las familias por tener un lugar donde llorar la ausencia, aumenta el sufrimiento. Por ello, es que la desaparición forzada no se consuma, sino que se mantiene todo el tiempo que sea desconocido el paradero de alguien. En la película es un momento culmen cuando el Estado después de décadas otorga el acta de defunción, pues implica el reconocimiento de su responsabilidad, pero también el fin de un proceso tortuoso para la familia. Este momento pocas veces lo viven las miles de víctimas indirectas en México.
Nuestro país tuvo su propio proceso de terrorismo de Estado al que se le conoció como “Guerra sucia”. Existe un amplio debate sobre las fechas de inicio y fin de este período, pero la CNDH documenta casos durante casi toda la duración del PRI y sus antecesores en el poder, específicamente desde 1929 durante el proceso electoral que presuntamente robó la presidencia a José Vasconcelos. A pesar de ello, no existe duda en que el período más agresivo y que concuerda con los movimientos de contrainsurgencia desarrollados por Estados Unidos en toda la región, fue entre 1951 y al menos 1988, donde abundó “la clandestinidad de la violencia, la ilegalidad de las actuaciones de los cuerpos represivos, la procuración de un marco legal que diera lugar a la represión, la sistematización y modernización de dichas prácticas, y la utilización integral de las instituciones del Estado en la planificación y ejecución de estas prácticas.”[2]
No existe una cifra real, pero hay quienes reportan unas 1.200 personas desaparecidas desde finales de los 60, hasta mediados de los años 80.[3] Sin ninguna duda la cifra puede ser mayor, y se sabe que fue mayoritariamente perpetrada a manos del ejército. La dinámica “contrainsurgente” funcionó en México de igual manera que en el resto de los países de América Latina: espionaje, detenciones arbitrarias, represión de protestas y movimientos sociales, personal infiltrado en organizaciones ciudadanas, desaparición forzada y tortura entre otras.
Una de las grandes lecciones mostradas por la película, es la lucha de las víctimas por el derecho a la verdad y a la memoria histórica, que consiste específicamente en que el Estado reconozca los crímenes cometidos en contra de cierto grupo de personas y las razones que lo llevaron a cometerlo. En México la falta de regulación impidió que se investigara la conducta, prevaleciendo la impunidad de los responsables. A la fecha este período sigue siendo un mito entre quienes lo vivieron e inexistente entre quienes no.
En México, todos los gobiernos, en especial los del siglo XXI, han sido incapaces de esclarecer, como en otros países, los hechos cometidos durante este período. De hecho, fue particularmente grotesco durante el sexenio de López Obrador, ver al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, celebrar la inscripción ordenada por el presidente, de militares responsables de estos crímenes en el monumento a los soldados caídos, a la par que los recordaba como víctimas del período, en vez de como los responsables.[4]
De hecho, para que México por fin creara un aparato jurídico que permitiera a las víctimas obtener justicia, tuvo que seguirse un proceso muy largo ante las instancias internacionales. Han sido emblemáticos varios casos de desaparición forzada, pero encabeza la lista la sentencia Rosendo Radilla Pacheco vs. México en 2009. A pesar de ello y de la condena expresa contra México, la ley en la materia llegó hasta 2017, 8 años después de la sentencia y 43 años después de los hechos. Aunado a ello la ley ha sido insuficiente y ha tenido que lidiar con funcionarios incompetentes, una sociedad indolente que estigmatiza a las víctimas y la ausencia absoluta de políticas públicas que la implementen.
La ley en la materia llegó incluso después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Cabe recordar que de esos 43, uno de ellos era un infiltrado que realizaba labores de espionaje militar en la normal Isidro Burgos.[5] Este lugar fue donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez eran profesores normalistas y había sido vigilada desde aquella época por el ejército. De hecho, el “crimen” de Rosendo Radilla fue componer corridos a la guerrilla encabezada por ellos en guerrero para luchar contra los gobienros autoritarios del PRI.
En la actualidad, el gobierno del partido mayoritario, desde el sexenio pasado, ha negado públicamente la existencia de las desapariciones forzadas. Esto, representa una violación sistemática a los derechos humanos y ha sido utilizada en el pasado para no atender el problema. Cabe recordar que negar las desapariciones es uno de los elementos constituivos del delito de desaparición forzada. Además, negar que esto sucede, impide el ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria histórica de las víctimas directas o indirectas y de toda la sociedad en general.
El comportamiento del gobierno de México, que niega la problemática de la desaparición forzada, no sólo es violatorio de su propia legislación, sino de los instrumentos internacionales que la regulan. La Ley General en la materia consagra el derecho a la verdad como uno de los ejes fundamentales que se le deben garantizar a las víctimas. En el preámbulo de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, también se consagra este derecho, por lo que se vuelve obligatorio para México cumplirlo.
En nuestro país el problema de las desapariciones está desbordado, lo que impide conocer las cifras exactas y las personas responsables de cometerlas. Por lo tanto, negar que pasa representa además, una violación directa a sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de México.
El papel de las fuerzas militares ha sido tan claro en estas conductas, que en Radilla Pacehco y otras sentencias, se ha condenado a México a impedir su uso en tareas de seguridad pública. A pesar de ello, a finales del sexenio pasado no solo se amplio su presencia, sino que el fuero militar se extendió sobre la Guardia Nacional, que de facto es una policía militar.
Según la ONU:
Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.
Aunque el discurso prevalente en círculos oficiales tiende a negar o diluir la responsabilidad del Estado parte alegando que la mayoría de las desapariciones son perpetradas por particulares, principalmente vinculados a la delincuencia organizada, el Comité ha recibido otras muchas alegaciones que insisten en la responsabilidad directa o indirecta del Estado, teniendo en cuenta los patrones de desapariciones que se producen en el país. En unos casos, se refieren al involucramiento directo de los servidores públicos, basándose en elementos probatorios contundentes como fotos, testimonios o videos. En otros, a la inacción de las autoridades y funcionarios ante la existencia de riesgos conocidos.[6]
El mensaje positivo de la película “Aún estoy aquí”, es que la lucha por los derechos tarde o temprano rinde fruto. Además, que no es el Estado, sino la organización social la que los obtiene. Sin embargo, también recuerda lo frágil que es el sistema jurídico que contiene al poder del Estado.
Lamentablemente en México pocas historias terminan así. El Estado es absolutamente omiso en las búsquedas que se concentran en colectivos, sobre todo conformados con mujeres y que han encontrado decenas de fosas clandestinas con cientos de cuerpos, muchas veces, con nulas posibilidades de ser identificados.
La erosión democrática actual en toda América es una alarma que poco se ha tomado en serio, recordar nuestro pasado común es indispensable para responder ante los ataques a nuestras libertades. El derecho a saber qué y por qué pasó, va ligado a la obligación de no olvidar.
Carlos Alberto Vergara Hernández. Licenciatura y maestría, Facultad de Derecho, UNAM. Profesor en la misma Facultad de las materias Control de Convencionalidad y Jurisprudencia y Filosofía del Derecho. Activista, conferencista y capacitador político en derechos humanos y derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Contacto: cvergarah@derecho.unam.mx
[1] ROSETE, Erika, “Vuelos de la muerte en la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco: “El Estado mexicano tiene una deuda con las víctimas”, El País, 25 de marzo de 2024, [en línea] https://elpais.com/mexico/2024-03-25/vuelos-de-la-muerte-en-la-base-militar-de-pie-de-la-cuesta-en-acapulco-el-estado-mexicano-tiene-una-deuda-con-las-victimas.html
[2] CNDH, Informe sobre la violencia política de Estado en México, [en línea] https://www.cndh.org.mx/informe_sobre_violencia_politica_EDO_Mex/1951_1967.php
[3] Desapariciones forzadas durante la guerra sucia en México, [en línea] https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/INT_CED_ICO_MEX_17810_S.pdf, p.3.
[4] FERRI, Pablo, “El discurso del jefe del Ejército en un acto de la Comisión de la Guerra Sucia desconcierta a las víctimas”, El País, 22 de junio de 2022, [en línea] https://elpais.com/mexico/2022-06-22/el-discurso-del-jefe-del-ejercito-en-un-acto-de-la-comision-de-la-guerra-sucia-desconcierta-a-las-victimas.html
[5]REDACCIÓN, “Informe de Sedena revela mentira de AMLO sobre soldado infiltrado en Normal de Ayotzinapa” Aristegui noticias, 25 de septiembre de 2024, [en línea] https://aristeguinoticias.com/2509/investigaciones-especiales/informe-de-sedena-revela-mentira-de-amlo-sobre-soldado-infiltrado-en-normal-de-ayotzinapa/
[6] ONU, Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, 12 de abril de 2022, [en línea] https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
