Por: Arturo Ángel
El fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que creó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinar los esfuerzos de Liconsa, Diconsa y facilitar a la población más vulnerable el acceso a alimentos a precios convenientes, sigue creciendo.
De acuerdo con datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la cifra de recursos mal manejados y posiblemente desviados en dicho organismo y sus filiales ya supera los 20 mil 591 millones de pesos. Todo ello en tan solo sus primeros tres años de operación: es decir de 2019 a 2021.
Lo anterior como resultado de 61 operaciones identificadas por los auditores como posiblemente fraudulentas y que representan un potencial quebranto al erario. Se prevé que dicha cifra siga creciendo conforme las indagatorias avancen y las acciones no se esclarezcan.
El monto observado es un récord de corrupción a nivel federal. Ninguna otra dependencia federal había sumado tal cúmulo de irregularidades. Incluso supera por más del doble el monto las posibles operaciones orquestadas de desvío de recursos en una decena de dependencias federales en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, bajo el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”.
En el caso de Segalmex los fraudes identificados se extienden a todo el organismo y a todos los niveles; desde altos puestos directivos donde se habrían autorizado operaciones ilícitas, pasando por contratos concedidos en condiciones irregulares y francamente desventajosas en los que habrían intervenido mandos medios, hasta francos errores en operaciones de control o vigilancia de almacenes a cargo de servidores públicos de los niveles más bajos en el organigrama.
La información de la Auditoría Superior indica que hay 14 mil 268 millones de pesos mal manejados que corresponden a contratos y programas asignados directamente por Segalmex. A ello se suman 4 mil 102 millones de pesos en irregularidades provenientes de servicios contratados por Diconsa, y más de 2 mil 220 millones de pesos en posibles desvíos desde el presupuesto ejercido en Liconsa.
De todo ese monto la ASF considera que 5 mil 271 millones de pesos, que equivale aproximadamente a una cuarta parte, es dinero que definitivamente desapareció y donde los funcionarios a cargo habrían incurrido en negligencias graves o hechos de corrupción. Por ello ha presentado ya más de 20 denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes resulten responsables, y de forma paralela ha pedido a los órganos internos de control a cargo de la Secretaría de la Función Pública que inicien las indagatorias administrativas correspondientes.
Respecto de los otros 15 mil millones, los auditores están a la espera de que las autoridades del gobierno federal entreguen la documentación o evidencia que permita verificar donde quedaron los recursos o las pruebas – reales y completas – de en qué se invirtieron. O, en su defecto, dicho dinero tendría que ser devuelto.
Ovalle: el “exonerado”
Los múltiples fraudes, desvíos y malos manejos que la ASF y la FGR han documentado ocurrieron durante el tiempo en que Ignacio Ovalle Fernández estuvo al frente de Segalmex (diciembre 2019 a abril 2022). Hasta ahora, sin embargo, los fiscales no le han imputado algún delito, a diferencia de otros 23 exfuncionarios suyos que ya fueron acusados de cargos que incluyen delincuencia organizada.
En una conferencia matutina realizada la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente “exoneró” a Ovalle, con quien sostiene una amistad desde hace varios años.
Y es que el mandatario dijo que no es una persona corrupta, y que en todo caso “se confió” y que de eso se aprovecharon expriistas que fueron nombrados o que venían del sexenio pasado, para cometer los desvíos. Según López Obrador, Ovalle fue en resumidas cuentas “engañado”.
Mientras eso ocurre múltiples notas e investigaciones periodísticas continúan documentando más hechos irregulares en la institución además de los ya conocidos. Reforma publicó que Segalmex le dio un contrato millonario de compra de azúcar a una empresa que en realidad vendía hielo, mientras que El País informó que el organismo firmó contratos para la adquisición de carne de res por más de 70 millones de pesos, pero solo se comprobó la entrega de una parte.
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