Por: Arturo Ángel
En México el encarcelamiento automático de personas a las que no se les ha probado que cometieron un delito se ha convertido en una regla y no en una excepción. Es un fenómeno que ocurre en la mayoría de las entidades, pero hay dos donde esta situación se ha llevado al extremo: Michoacán y el estado de México.
En dichos estados el cien por ciento de las personas recluidas tiene dictadas prisiones preventivas oficiosas, es decir automáticas, sin justificación. Una situación crítica no solo porque se trata de una medida violatoria de derechos fundamentales como ya definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino porque los penales de estos estados se encuentran a reventar.
Todo esto lo confirman censos nacionales del sistema penitenciario federal y estatal 2023 publicados la semana pasada por el INEGI y que, por primera vez, midieron la dimensión de las personas que se encuentran encarceladas solo porque se les impuso como medida cautelar una prisión preventiva oficiosa, es decir, automática.
Aunque esta debería de tratarse de una medida totalmente excepcional las cifras muestran lo contrario: una predilección por el encarcelamiento de personas aplicando este recurso.
De entrada, y como ha sido consistente a lo largo de los últimos años, los censos del INEGI muestran que en 2022 prácticamente el 40 por ciento de las 226 mil 116 personas privadas de su libertad no han recibido una sentencia. Es decir, no se les ha probado que realmente cometieron un delito. En el caso de las mujeres la situación es aún más grave pues el 49.3 por ciento, es decir casi la mitad de ellas, están privadas de su libertad sin una condena.
No son estancias cortas en prisión las que enfrentan estas personas legalmente inocentes. El censo revela que el 29.7 por ciento de las mujeres y el 26.7 por ciento de los hombres en prisión preventiva lleva ya más de dos años privados de su libertad sin que aún se le haya probado algo.
Del total de la población penitenciaria sin sentencia ¿cuántas están recluidas porque se les impuso una prisión preventiva oficiosa (automática)? Los datos muestran que a nivel nacional el porcentaje es del 50.2 por ciento, es decir, poco más de la mitad de todos ellos.
En contraste, solo hay un 23.9 por ciento a los que realmente se les probó que podrían representar un riesgo para el proceso o para las víctimas, y por ello un juez decidió – a petición de los fiscales – imponerles una prisión preventiva justificada. En el porcentaje restante no se especificó el tipo de prisión.
La cárcel como regla
Como ya se adelantó al principio existen dos estados, Michoacán y el estado de México, en donde el cien por ciento de las personas presas sin sentencia tienen prisiones preventivas oficiosas. Dicho de otra forma, en dichos estados las fiscalías no trabajan en justificar el encarcelamiento de ninguna persona, y solo solicitan la aplicación automática de la medida.
Otro caso similar es el de San Luis Potosí donde casi el 92 por ciento de su población penitenciaria sin sentencia está con una prisión preventiva oficiosa, mientras que solo un 8.3 tienen prisiones justificadas. Por arriba del 80 por ciento en cuanto a prisiones automáticas también se encuentran Tlaxcala, Guanajuato, Guerrero y Nayarit.
En Sinaloa el 79.9 por ciento de su población penitenciaria sin sentencia tiene una prisión preventiva oficiosa, mientras que solo 20 por ciento cuenta con un encarcelamiento justificado. En Hidalgo el porcentaje es del 74 por ciento y en Veracruz es de 71 por ciento.
De todos los estados del país solo hay dos casos excepcionales donde las prisiones preventivas justificadas sobrepasan a las dictadas de oficio: Baja California donde todas las personas que están encarceladas sin codena tienen prisiones preventivas justificadas, es decir, donde se probó ante el juez que lo más conveniente era recluirlos mientras se desarrolla su proceso. El otro es Querétaro donde el 63.2 por ciento de las personas presas están bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Cabe recordar que el uso cada vez más recurrente del encarcelamiento de personas en México de forma oficiosa ya fue criticado y condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que estableció que se trata de una medida abusiva y violatoria de los distintos convenios internacionales en materia de protección a las garantías individuales y presunción de inocencia.
En consecuencia, la Corte ordenó a México eliminar dicha figura y detener su aplicación. Siguiendo dicho lineamento el pasado 14 de julio el Poder Judicial de la Federación aprobó una primera jurisprudencia en la que establece que las personas sobre las que pesa esta medida cautelar tienen derecho a que la misma sea revisada y de ser procedente eliminada a través de la imposición de un juicio de amparo.
Saturación, la otra consecuencia
Los censos de INEGI confirman una correlación entre el crecimiento de la población penitenciaria sin sentencia – impulsada por las prisiones preventivas oficiosas – y la saturación de los penales en México.
Y es que mientras que en 2017 el total de ingresos a los centros penitenciarios del país fue de 105 mil personas, para 2022 – ya con catálogo ampliado de delitos a los que se les impone la prisión preventiva oficiosa – esta cifra se disparó a más de 138 mil.
La situación es especialmente dramática en el estado de México donde la tasa de ocupación de sus penales locales es del 242 por ciento. Dicho de otra forma, el total de presos triplica el total de espacios disponibles en las cárceles locales. Se trata de la misma entidad donde la prisión automática se aplica en todos los casos,
Michoacán, el otro estado con un uso completo de la prisión oficiosa, presenta una ocupación de sus penales locales que sobrepasa el 114 por ciento. Nayarit, donde a 8 de cada 10 personas presas sin condena también se les impuso la prisión oficiosa, presenta una saturación de más del 190 por ciento.
Otro caso grave es el de Puebla, cuyos penales presentan un nivel de hacinamiento del 140 por ciento, En dicha entidad, en promedio, a 6 de cada 10 internos sin condena también se les aplicó una prisión preventiva de carácter oficioso.
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