Cuando Orwell escribió su afamada e indispensable obra “1984”, donde nos relata una sociedad distópica en la cual el odio y aspectos supremacistas se hacen presentes, y la necesidad de vigilancia a ultranza de todos sus integrantes a través de cámaras nos podría llevar al terreno del debate sobre nuestro derecho a la privacidad.
John Locke, fue uno de los primeros ideólogos ingleses que retomando varias ideas de la filosofía griega, planteó la necesidad de un contrato social orientado desde luego a favorecer a la monarquía para ceder un trozo de nuestras libertades a condición de salvaguardar la propiedad.
Con el avance de las tecnologías los gobiernos tanto de países del primer mundo como de sociedades emergentes donde esto se ha vuelto un negocio corrupto, apostaron por el uso de las videocámaras de vigilancia primeramente para resolver los problemas de una sociedad del riesgo en la que si privilegió el uso del automóvil por encima de otros medios de transporte.
Posteriormente el uso de estos equipos se trasladó a oficinas públicas pero también comenzaron a formar parte como instrumentos de espionaje hasta que el corporativismo las llevó a poner a disposición del público usuario quienes ante la debilidad institucional de brindar la seguridad obligada se han visto en la necesidad de colocar rejas de protección cámaras y todo aquel insumo que les permita generar una aparente confianza en el espacio en el que viven o en el que trabajan.
Hay que reconocer que gracias a estos sistemas –que cada vez son más precisos y de más fácil acceso- hemos podido ser testigos de hechos ominosos, donde la brutalidad del ser humano se hace patente. Como muestra de lo anterior podemos citar 2 últimos casos, que son: la agresión de la que fue víctima una maestra de kinder por parte de padres de familia que hoy privados de la libertad enfrentan procesos de los que les pueden resultar penas hasta por 40 años de prisión; además del último caso ocurrido en San Luis Potosí, donde una artera agresión ha vuelto a indignar a la sociedad por completo. Este hecho atávico pudo quedar en la impunidad si no hubiesen existido cámaras de seguridad en el establecimiento donde ocurrió el delito, ya habría pasado a formar parte de una apabullante cifra negra cuyo abismo en nuestro país es prácticamente insondable.
Gracias a la grabación y a su difusión así como a la indignación, se ha puesto en movimiento el aparato burocrático de procuración de justicia, mismo que hoy está sometido a una gran presión social y que viene a demostrar nuevamente cómo la criminalidad en cualquiera de sus expresiones puede poner en riesgo la gobernabilidad.
Cierto es que en toda investigación criminal se debe salvaguardar el debido proceso y que por más sangre que la plaza pública exija los derechos de todos los actores del drama penal deben ser cabalmente respetados. Preferimos un proceso justo a un sumario linchamiento. Que las autoridades cumplan con sus responsabilidades y que como señala la constitución se proteja al inocente y que el culpable no quede impune.
