Por: Arturo Ángel
Una violenta disputa entre facciones de dos grupos del crimen organizado por el control de la zona de Celaya y municipios aledaños ha agravado la crisis de violencia en Guanajuato. La narco guerra, con la población civil atrapada entre dos frentes, ha dejado más de 700 muertos tan solo en el primer trimestre del año.
La masacre registrada el fin de semana de siete personas en un balneario de la localidad de Cortazar, aledaño a Celaya, es el último episodio de esta violencia creciente, que se ha visto agravada por la corrupción o incompetencia de autoridades desplegadas en la región, según lo dicho por expertos consultados por este medio.
De acuerdo con la organización civil especializada en temas de seguridad Causa en Común, en enero y febrero de este año se registraron en Guanajuato 83 eventos considerados de extrema violencia, entre multihomicidios, eventos de mutilación de personas, crímenes contra mujeres, emboscadas, entre otros. Y según un cálculo preliminar de especialistas al cierre del primer trimestre sumarán entre 100 y 140 las masacres registradas en la entidad.
Información de la misma organización identifica que, en lo que va de 2023, un total de 23 policías han sido asesinados en Guanajuato, siento por mucho el estado de mayor riesgo del país para las fuerzas de seguridad. El segundo lugar lo ocupa Chihuahua con 15 asesinatos.
El asesinato de siete personas – entre ellos un niño – en un balneario del municipio de Cortazar, aledaño a Celaya, fue el último evento de extrema violencia en la entidad, de varios registrados más en las últimas semanas.
Por ejemplo, el pasado 17 de marzo la fiscalía estatal confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de seis mujeres que días previos fueron secuestradas en Celaya. Se presume que células de un grupo criminal conocido como “Los Escorpiones” (sicarios provenientes de Tamaulipas ligados al Cártel de Santa Rosa de Lima) estarían detrás de estos crímenes.
El 11 de abril, en la localidad de Dolores Hidalgo, cinco integrantes de una familia fueron masacrados cuando viajaban en un vehículo que fue emboscado por sicarios armados. Un menor de edad que estaba en el automóvil también fue alcanzado por los disparos, pero consiguió salir con vida.
El 12 de marzo, en Apaseo el Grande, ocho personas (seis hombres y dos mujeres) fueron asesinados luego de que otro grupo de personas fuertemente armadas ingresó al establecimiento para atacar a las personas que se encontraban en el interior.
Otro caso: el 31 de marzo un tiroteo en la localidad de San Cristóbal, en Huanímaro, dejó como resultado la muerte de cinco personas sin que hasta el momento los responsables de dicha agresión hayan sido detenidos.
¿Qué hay detrás de la violencia?
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en las últimas semanas que la violencia en Guanajuato tiene como motor principal un mayor consumo de drogas respecto a otros estados. Para el consultor y experto en crimen organizado, David Saucedo, quien ha estudiado de fondo la situación de seguridad en la entidad, el fenómeno es más complejo.
Saucedo identifica que desde el año pasado existe una escalada de violencia entre los grupos criminales por el control de la Ciudad de Celaya y los municipios conurbados a esta: Cortázar, Juventino Rosas, Villagrán y Tarimoro. Se trata de una región clave para las actividades criminales no solo la fabricación y distribución de drogas sintéticas en la zona, sino por actividades como el robo de combustible, el cobro de derecho de piso, los secuestros, el contrabando, entre otros.
Esta región, en apariencia, se encuentra “bajo control” de los grupos que integran el denominado Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) que aun con la captura de su líder más visible, El Marro, no ha perdido cohesión. Sin embargo, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado, con incursiones cada vez más violentas, desestabilizar el área y apoderarse de ella.
“El municipio de Cortázar se encuentra bajo el control del Cártel de Santa Rosa de Lima desde hace cuando menos 9 años. Aunque en dicho municipio se ha dado la alternancia política (el dominio criminal de los herederos del Marro no se ha visto interrumpido en la zona, y sus células han llegado a pactos y entendimientos sucesivos con las cambiantes autoridades locales. Aunque Cortázar forma parte de los territorios bajo el control del CSRL, sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación lanzan embestidas periódicas en su contra”, indica Saucedo.
De acuerdo con el experto, Celaya representa para el CSRL una “plaza” vital para sus operaciones. Es ahí donde se fabrica, comercializa y trafica el “cristal azul”. Por el contrario, sus rivales provenientes de Jalisco intentan introducir el cristal de color blanco en el área, por lo que a este conflicto también se le ha denominado como “la guerra del cristal”.
La situación para los ciudadanos en general se vuelve dramática dado que quedan inmersos en este conflicto que, como ha quedado claro con hechos recientes, también cobra la vida de personas que nada tienen que ver con los hechos. El experto advierte que el CSRL ha contratado mercenarios provenientes de Tamaulipas para hacer frente a sus rivales.
¿Y los policías?
En medio de esta violenta disputa criminal las fuerzas del orden están rebasadas, advierte Saucedo. No es casualidad, como lo señala el informe de Causa en Común, que Guanajuato sea la entidad con el mayor número de policías asesinados en lo que va del año.
Por lo que hace a las fuerzas locales la situación es compleja. El experto destaca que en el caso específico de Celaya sí ha existido un intento por reforzar la seguridad en los últimos tres años, depurando a agentes corruptos y trayendo a nuevos efectivos y exagentes federales.
“Dieron de baja a elementos corruptos que trabajaban con los Cárteles, adquirieron armamento, compraron vehículos blindados y empezaron a capturar y desarticular células delictivas. Algo que nunca había hecho la policía celayense. Combaten a ambos cárteles por igual. Sin embargo, el CSRL que estaba infiltrado en la policía municipal, reaccionó y asesinó al hijo del alcalde. Esto ocurrió el año pasado. Ellos mismos se atribuyeron el atentado”, explicó el experto.
El esfuerzo “encomiable” que se ha hecho en Celaya no sirve, agrega Saucedo, si en los municipios aledaños no ocurre lo mismo y ahí prevalece notoriamente la colusión con os grupos criminales.
Por lo que respecta a la policía estatal preventiva y ministerial Saucedo señala que su actuación es más bien limitada. Aunque realizan operativos con relativa frecuencia, en los que se detienen o desarticulan sobretodo células de narcomenudistas, el impacto es reducido. De parte del estado no hay acciones ni contra jefes criminales de envergadura ni contra alcaldes coludidos con el crimen organizado.
Son las fuerzas federales, principalmente a través del Ejército y la Guardia Nacional, las que cuentan con el suficiente estado de fuerza y poder de fuego para enfrentar a los cárteles y sus disputas. Pero esto, de forma inexplicable, tampoco ha ocurrido con la contundencia con la que se necesita.
“Las fuerzas federales solo realizan operativos de presencia disuasiva. Hacen retenes y rondines, pero no hacen detenciones, no desarticulan células delictivas, ni realizan trabajo de investigación policial. Llegan masivamente a alguna zona de Celaya o de la zona Laja Bajío, pero sin hacer capturas de líderes criminales o decomisos importantes. Más o menos el mismo esquema de intervención que la guardia nacional realiza en otras zonas del país. Construyen cuarteles, hacen retenes, realizan vistosos desfiles por bulevares y avenidas principales y listo”, concluye Saucedo.
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